En estos días vacacionales se presenta una oportunidad magnífica para reflexionar haciendo un alto en el devenir de nuestra vida diaria con sus múltiples avatares y siempre dominada por las prisas. Los descansos, si van acompañados de una renovada actividad de pensamiento, dan unos espléndidos resultados tanto en el pensamiento como en las realizaciones vitales. Si cada día hiciéramos el propósito de no dejarnos llevar por la corriente y ser nosotros dueños de nuestro tiempo seríamos mucho más eficaces en nuestro ser y más felices en nuestro vivir. Se trata de crecer por dentro.
En este tiempo de reflexión quiero traer a colación alguna consideración sobre España y nuestra convivencia. Voy a referirme de un modo muy general a nuestros problemas económicos, políticos y sociales.
En el campo de la política el tema clave radica en la amenaza del separatismo. El País Vasco y Cataluña son dos regiones que de modo permanente y con distintas intensidades plantean como opción política fundamental en el futuro su separación de España y la consecución de su independencia. En la Transición se diseñó el Estado de las Autonomías que, de un modo global, podríamos decir que ha dado unos resultados positivos. Sin embargo, creo que el problema del separatismo, al cabo de 40 años, no se ha resuelto satisfactoriamente, especialmente en Cataluña, donde tiene rebrotes preocupantes.
Hay que lograr, con el entendimiento de los políticos autonómicos y los nacionales, unas cotas de autonomía que no lleven a la separación, sino a la unidad diferenciada. De cualquier forma, el separatismo sigue siendo un problema en nuestro panorama político que debe resolverse de alguna forma para no estar permanentemente bajo su chantaje. El tema tiene la suficiente entidad e importancia como para estar en un lugar muy destacado en la agenda del gobierno de turno. Debe lograrse una ordenación y, de alguna forma, la integración de las políticas autonómicas con la política nacional, pues de lo contrario sufriría la eficiencia económica y la configuración política de España.
En el terreno económico hay grandes nubarrones a los que hay que estar muy atentos para que no descarguen una tormenta muy perjudicial para la buena marcha de la economía. No soy economista, y por tanto no voy a dar ninguna receta o consejo técnico, sino que como hombre de la calle pienso que tenemos el gran hándicap de que nuestro sector productivo fundamental es el de los servicios -sector que tiene un componente coyuntural muy importante- y, además, al necesitar mucha mano de obra, cuando vienen los tiempos críticos la incidencia en el empleo es muy alta. Aunque se han producido avances importantes, resulta fundamental que logremos una potenciación de la industria y del conocimiento para lograr una mayor riqueza y estabilidad, no solo en lo económico, sino también en lo referente al empleo que, por definición, es mucho más estable en estos sectores que en el de los servicios.
En este campo económico no puede dejar de anotarse la necesidad de que se controle férreamente el gasto público. Controlarlo no sólo en su cuantía, sino también en su destino. El gasto social es muy loable, pero tiene dos puntos que deben considerarse: por un lado, que el gasto sea en muy buena parte un gasto productivo y no de consumo, para que pueda generar riqueza la inversión realizada; y por otro, que la partida destinada a la inmigración sea controlada cuidadosamente de modo que el gasto social no se concentre de modo excesivo en la atención social de los inmigrantes, cuando los españoles pueden estar igual o más necesitados.
En el terreno laboral creo que sería muy acertado potenciar lo que podríamos denominar las tres «efes»: facilidades por parte del Gobierno, con una legislación que anime y facilite la gestión empresarial; una formación intensa de los trabajadores, y flexibilidad para las empresas. Los gobiernos cumplen un papel fundamental tanto en el establecimiento de las reglas del juego (legislación) como en su papel arbitral a lo largo de los procesos productivos. La legislación laboral siempre tendrá el papel fundamental de proteger a la persona y a los intereses de los trabajadores, pero con una visión global del proceso, de modo que los empresarios no sean vistos como enemigos de los trabajadores, sino como copartícipes del proceso productivo. Hoy nuestra legislación laboral es equiparable a la europea -con algunas matizaciones- pero es fundamental que no tome el camino de un proteccionismo excesivo, que al final produce efectos contrarios a los deseados. El gobierno de turno -de algún modo- tiene que asumir un papel de imparcialidad en el mercado laboral, sin caer en posiciones partidistas, huyendo tanto de un liberalismo injusto como de una socialización ineficaz. En definitiva, que el gobierno empuje y anime, y no lo contrario.
Nuestra legislación laboral -como he dicho antes- es, a grandes rasgos, homologable a las europeas, por lo que no sería nada aconsejable, pues lo pagaremos caro, el derogar la reforma laboral de 2012, que ha dado muy buenos resultados. Que haya que hacer algún cambio fruto de la experiencia de estos años sería positivo, sin duda alguna, pero la derogación de la reforma, creo, de modo objetivo, que sería un desacierto con un coste muy alto. Si ponemos el foco en los trabajadores, creo que una de las fundamentales tareas que hay que poner en marcha es la formación, que resulta fundamental para los propios trabajadores, y desde luego para todo el sistema productivo. Y no sólo me refiero a la formación en general, sino también, y específicamente, a la profesional. Una sociedad con trabajadores sin formación o con una escasa formación está abocada a la ruina económica y social.
En lo que se refiere a las empresas, yo creo que su principal y permanente demanda es la flexibilidad de la legislación, de modo que en función de las circunstancias (tan cambiantes a lo largo del tiempo) las leyes puedan adaptarse a dichos cambios y el empresario no estar sometido a un cuadro rígido normativo que en muchas ocasiones es ineficaz o incluso una rémora para una buena y mejor producción de bienes y servicios. Es frecuente la equiparación de la flexibilidad con el poder decisorio unilateral del empresario. Pero esto no es así. Y digo que no es así porque lo que sensatamente hay que poner en práctica es que ante los cambios -organizativos, económicos, técnicos e incluso sociales-, las normas no permanezcan ajenas a dichos cambios, sino que se adapten de alguna forma a ellos, y que en el proceso concreto de producción, el empresario, con la colaboración de los trabajadores, pueda adaptar las normas a los nuevos escenarios.
En el terreno social, hay que estar muy atentos a la evolución que pueda sufrir la situación actual, puesto que un deterioro de la economía personal y familiar puede traer efectos muy negativos para una buena convivencia.
En definitiva, por parte de los gobiernos, facilidad para una buena, ágil y eficaz producción; para los trabajadores, una sólida y permanente formación general y profesional, y para las empresas, flexibilidad en su labor de gestión.
Juan Antonio Sagardoy Bengoechea es Académico de Número de la Real de Jurisprudencia y Legislación.