Tiranía de la memoria y desprecio de la Historia

Por Daniel Reboredo, historiador (EL CORREO DIGITAL, 16/03/07):

No existe una regla general que podamos utilizar para determinar exactamente cuánta libertad conviene a los ciudadanos. A veces estamos en lo cierto al pensar que podemos disfrutar de demasiada libertad y que ésta, más allá de ciertos límites, puede ser nociva. Pero, en este sentido, debemos considerar que el exceso es siempre preferible a la insuficiencia y que siempre es mejor y más prudente que los legisladores pequen de liberalidad que de restricción en el grado de libertad que concedan a los ciudadanos. Estas consideraciones vienen a cuento al contemplar en el panorama actual los intentos continuados, en muchas ocasiones realidades, de la clase política por manipular la ‘Historia’ convirtiéndola en mera ‘memoria histórica’.

En España estamos viviendo una presión insoportable en este sentido, respecto al período republicano de principios del siglo XX, que nos remite a Francia y al Manifiesto de 13 de diciembre de 2005 (publicado en el diario ‘Liberation’ y apoyado inmediatamente por cientos de universitarios) con el que los más importantes historiadores del país vecino iniciaron un debate intelectual en torno a los límites que el poder político podía imponer a la investigación histórica y a los historiadores. El Manifiesto nació como crítica de cuatro leyes liberticidas (Ley Gayssot de 13 de julio de 1990 sobre represión de actos racistas y xenófobos, Ley de 29 de enero de 2001 sobre el reconocimiento histórico del genocidio de los armenios de 1915; Ley Taubira de 21 de mayo de 2001 estableciendo que la esclavitud y su comercio eran crímenes contra la Humanidad y, finalmente, la Ley de 23 de febrero de 2005 reconociendo la colonización francesa en el Norte de África como algo positivo) que deformaban y menospreciaban la labor histórica y cercenaban la libertad de la Historia. Cualquiera que obviara estas medidas legislativas en sus valoraciones históricas estaría contraviniendo unas leyes soberanas y podría ser juzgado y condenado por ello.

El Manifiesto establecía unos principios básicos que chocaban directamente con el intervencionismo político y que tienen perfecta actualidad y aplicación en la España de la Ley de la Memoria Histórica. La Historia no es una religión, no es una moral, no es esclava de la actualidad, no es la memoria, no es un objeto jurídico. Los historiadores no deben aceptar dogma alguno, no deben respetar prohibición alguna, no tienen que dejarse influir por tabúes. Los historiadores pueden, y en muchas ocasiones deben, ser molestos para el poder establecido ya que su oficio no es el de condenar o exaltar hechos y acontecimientos, sino el de explicarlos al margen de los esquemas ideológicos contemporáneos y de la sensibilidad actual. Para ello, en un proceso científico, recogen los recuerdos de los hombres, los comparan, los avalan con documentos, objetos y restos, y establecen los hechos. En este proceso, la Historia tiene en cuenta la Memoria, pero no se reduce a ella, ya que es mucho más. La ‘verdad histórica’, que no la ‘memoria histórica’, en los Estados libres no corresponde ni al Parlamento ni a la autoridad judicial, sino a los profesionales de la investigación histórica, es decir, a los historiadores. El modo de transmisión de la memoria es el testimonio (a veces la mera anécdota), basta con haber estado allí; la reconstrucción histórica del suceso más simple requiere como mínimo la aplicación de una metodología científica, del trabajo de archivo y de la documentación.

Aunque la situación en España no tiene nada que ver aún con la situación francesa, la aprobación de la mal llamada Ley de la Memoria Histórica y, por otro lado, la manipulación histórica que se está produciendo en las diferentes comunidades autónomas, entraña ya una burda usurpación de las conciencias. A diferencia del país vecino, en éste los historiadores no nos manifestamos para defender los principios básicos del libre ejercicio de nuestra disciplina científica, y el enfrentamiento entre defensores y enemigos de la injerencia del poder político en el terreno de la investigación histórica se está librando entre ‘meros opinadores interesados’, entre ‘revisionistas varios’, entre una ‘casta político-mediática’ que fomenta hasta la náusea el enfrentamiento respecto a los fenómenos históricos ocurridos en España desde 1931 hasta nuestros días. Representantes de bandos políticos enfrentados, no les interesa para nada la ‘verdad histórica’ y de ahí que estén haciendo un flaco favor a la convivencia ciudadana.

Esta lamentable situación nos remite a algo mucho más habitual de lo que parece en los tiempos que corren, la pugna continuada de las democracias liberales por controlar subrepticiamente la individualidad ciudadana y su conciencia. Nada mejor que legislar la interpretación del pasado para controlar el presente y el futuro. La clase política española y la elite mediática que la respalda están acostumbradas a reclamar de boquilla para sí unos valores democráticos que se niegan a aplicar y respetar en la lógica contienda con sus adversarios políticos.

La célebre ‘memoria histórica’ pierde todo su valor, si es que realmente lo tiene, cuando obvia la Historia y cuando se convierte en una herramienta política que nos impone arbitrariamente lo que los ciudadanos debemos saber y entender de los hechos pretéritos, so pena de cometer un delito si nos salimos de los límites que la ley establece. La nueva versión oficial de la Historia es un patético ejercicio de imitación de la ortodoxia histórica nacional-católica del régimen franquista; de signo contrario pero de idéntica metodología. La ley prescribe, prohíbe, define libertades, es del orden de lo normativo. No puede decir la verdad y ésta es el principio mismo del trabajo de la Historia, del rechazo del dogma, del carácter sagrado de ciertos hechos. Lo que en este artículo se denuncia es el intervencionismo político en la Historia, sustituyendo el debate de ideas por la sanción y pretendiendo entorpecer e incluso prohibir el trabajo del historiador, que es por definición una labor de revisión constante amparado por los nuevos elementos y métodos de conocimiento. Este fenómeno manipulador no es nuevo y sus ominosos antecedentes hacen retornar el adoctrinamiento ideológico, favorecido por la continuada erosión de la verdad histórica al amparo del relativismo cultural e histórico. El olvido se convierte en el objetivo de una Historia sometida a la lógica de la memoria impuesta o decretada por el poder político. La ‘memoria histórica’ es el olvido de la Historia, en toda su complejidad, en toda su riqueza y con todas sus contradicciones. La memoria es, obviamente, subjetiva, y de ahí que la narración histórica deba ser lo más objetiva posible para, de esta forma, comprometerse con la verdad histórica. Probablemente ésta sea inalcanzable de forma completa, pero sí es posible esforzarse, mediante el trabajo, el rigor y la ética, para acercarnos a ella. Los historiadores, en tanto que profesionales de una disciplina, a través del estudio de los hechos, de los documentos y de los testimonios, debemos reconstruir una Historia lo más objetiva posible, aunque finalmente la verdad histórica, siempre parcial y limitada, sólo se pueda afrontar completamente combinando objetividad científica y subjetividad indagadora de la verdad. Los historiadores, en tanto que entes políticos, debemos aplicar nuestro ideario político a nuestro proyecto de vida personal y profesional. El que esto suscribe lo hace desde la óptica de la libertad republicana, que es la óptica de la libertad, del constitucionalismo, de la democracia y de la defensa de las libertades individuales de los ciudadanos.