Todo ha quedado atado y bien atado

“Respecto a la sucesión a la Jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro Movimiento, todo ha quedado atado, y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor a título de Rey del Príncipe Don Juan Carlos”. Fueron las palabras de Franco en 1969. Y nadie se podía imaginar cuánta actualidad tienen hoy en día.

El “atado y bien atado” llega hasta una Constitución en la que sus derechos quedan, una vez más, en papel mojado. Estos últimos meses (e incluso esta última semana, de forma más intensa) he tenido la sensación de experimentar un déjà vu continuo.

Por un lado, los máster regalados (o facilitados) a cargos políticos. Estudiar siempre había sido un derecho limitado. Con la llegada de la democracia la clase obrera obtuvo el derecho de acceder a más estudios y llegar a la universidad. Pero con el tiempo te percatas de que, aunque existe esa igualdad de acceso, resulta aparente porque los condicionantes de clase terminan por aflorar una vez dentro. Las asistencias obligatorias, el trabajar y estudiar a la vez, el que nadie te conozca por tu apellido o padrino… y toda una serie de mecanismos extras, entre idiomas y estancias en el extranjero, que dentro de la propia educación terminan por dividir. Dividir entre los que tienen que sacrificarse por estudiar, y entre quienes solo mueven un dedo y una orden para que les regalen un título.

Por otro lado, los atropellos a conceptos que parecían superados. La situación en Catalunya ha evidenciado cómo las leyes son un asunto de interpretación absoluta donde cualquier acto puede considerarse desde rebelión a terrorismo. Donde una ya no sabe qué decir ni qué escribir, no vaya a ser que te acoplen algún delito. Vergüenza es que ante unos cortes de carretera, un silbato o una careta de papel se señale como sospecha de terrorismo. Justo este país que ha vivido el terrorismo en sus venas. Justo este país y en una ciudad como Barcelona, que también ha vivido el terrorismo yihadista. Y justo este país y un Gobierno central que destina cero euros a memoria histórica y no reconoce a las víctimas de la represión franquista, que usó el terrorismo como acción política.

Otro ejemplo de esa España bien atada ha sido la anulación del cambio de nombre de la calle Caídos de la División Azul, en Madrid. Dice la justicia que la formación “no entra en el periodo de exaltación de la sublevación militar ni de la guerra civil”. Tan puntillosos con las fechas, pero mucho menos con los principios cívicos. Nuestros turistas verán cómo rendimos honor a una unidad militar integrada en el ejército nazi, como agradecimiento de Franco a Hitler por su Legión Cóndor. A los pocos días, el pasado 14 de abril, se retiró una bandera republicana colocada por un alcalde en una pedanía de Castilla y León, con… 12 habitantes, un gran “peligro”. En cambio, hace unos meses, vimos cómo el acoso ultra a 400 diputados y concejales en Zaragoza quedó impune porque sus casos prescribieron al no abrir expedientes la Subdelegación del Gobierno, tras asegurar que nunca recibió el informe pertinente de la policía. Menuda casualidad.

Gran dèjá vu ha sido también otra decisión del Tribunal Constitucional, que avala las subvenciones a colegios que segregan por sexos. De esta forma seguiremos viendo centros que fomentan estereotipos y refuerzan el machismo. Como aquella escuela de Alcorcón cuyo director ya fue multado por sus mensajes homófobos, y donde se ofrecían clases de ganchillo solo para niñas. O excursiones a comedores sociales para ellas, y visitas Bernabéu para ellos. Todo muy “igualitario”.

No olvidemos sumar los delitos de libertad de expresión en forma de tuits o en forma de canción, o periodistas a los que multan con la ley Mordaza. Otro viaje al pasado fue leer cómo la Diputación de Granada solicitaba cancelar una obra de teatro de Alberto San Juan, que no es más que una crítica a las contradicciones en las que vivimos como sociedad capitalista. La argumentación del Partido Popular, que preside Diputación, era que el actor “ha ofendido de manera muy grave a víctimas del terrorismo, a la Iglesia, al estamento judicial o a la policía”. Lo decía justo el PP, que tiene víctimas en cunetas sin reconocer.

Después de días así, una tiene que parar. Respirar. Y tomar conciencia de que no es ningún dèjá vu. Es la España del año 2018, la que sigue sin desatarse de aquel lazo tan bien atado.

Ana I. Bernal-Triviño, profesora de la UOC y periodista.

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