Togas en lucha

En esta primera década del siglo XXI resulta cuando menos paradójica la distancia enorme que existe entre la Justicia, proclamada por la Constitución como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, y la reducida consideración que hoy merece, a juicio de la ciudadanía, un Poder Judicial integrado por juzgados y tribunales que cumplen su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero no lo hacen de forma ágil ni eficaz ni, por tanto, de modo satisfactorio para el justiciable.

Aún contando con una muy encomiable labor profesional y notable dedicación de muchos jueces, ciertamente la Administración de Justicia en España adolece de muy graves problemas estructurales y no pocos anacronismos que requieren de no menos relevantes mejoras y responsabilidades compartidas. Los problemas, en gran medida, se encuentran ya diagnosticados: urgen reformas legislativas y cambios en la organización, se precisa implementar más recursos materiales y una modernización tecnológica, así como potenciar la cualificación técnica del factor humano (funcionarios y profesionales) que contribuye al ejercicio de la función jurisdiccional y, en especial, reducir la litigiosidad. Atención preferente merecen los jueces jóvenes, habitualmente en los destinos peor dotados y más saturados, que viven su trabajo con frustración creciente; en su caso son necesarios nuevos estímulos para que vivan su profesión como vocación antes que como mera dedicación funcionarial.

Hoy hace un año se fraguó el movimiento de jueces ‘8 de octubre’ a través de las quejas masivas vertidas por los jueces a través del correo corporativo, como espontánea rebelión contra la responsabilización exclusiva a los jueces del estado de la Justicia y la denuncia por la carencia de medios materiales para llevar a cabo su labor; de esta reacción se llegó a la primera huelga de jueces de la democracia el pasado 18 de febrero, que tuvo un seguimiento desigual. Huelga que, por cierto, además de transmitir las quejas que formalmente justificaron la convocatoria, también llevaba una velada crítica contra las organizaciones profesionales que acaparan en el gobierno de los jueces un poder muy superior al de la representación que ostentan.

Las reacciones no se hicieron esperar: en noviembre de 2008 el CGPJ aprobó el plan de modernización. Por su parte, las Cortes Generales se encuentran realizando una labor consensuada por todo el arco parlamentario de actualización de un buen número de leyes para poder desarrollar el despliegue de la nueva Oficina Judicial y ofrecer cauces normativos para mejorar la eficiencia de la Justicia. Y, en este contexto, el Gobierno ha aprobado el pasado 18 de septiembre el Plan de Modernización de la Justicia que desarrolla 147 actuaciones, con una implementación de seiscientos millones de euros en los tres años que quedan de legislatura, de los cuales 218,5 están presupuestados para 2010, lo que representa un esfuerzo económico extraordinario en esta coyuntura de gravísima contracción económica por la que atravesamos.

A pesar de ello, la Asociación Profesional de la Magistratura, la organización mayoritaria que viene a agrupar a una cuarta parte del total de jueces y magistrados y a la que pertenece un 70% de los componentes de las diferentes salas de gobierno de la judicatura, ha anunciado para hoy una huelga cuyos móviles distan de estar claros, a pesar de que sus razones sí son públicas. Habrá que recordar que no se sumó a la anterior movilización de jueces y quizá sea oportuno hacer notar que se encuentra en fase congresual y de renovación de cargos, además de estar presionada por el auge de otras asociaciones de jueces. La fecha elegida no deja lugar a dudas: reclamarse implícitamente herederos del movimiento ‘8 de octubre’ sin delación hereditaria, ni parentesco conocido con el ‘de cuius’ es ciertamente ilegítimo.

Por otro lado, el acuerdo del CGPJ de 9 de febrero ya recordaba a los anteriores convocantes que el ejercicio del derecho de huelga por los jueces carece de todo soporte normativo; una de las objeciones principales de discrepancia, la agenda de señalamientos, será con toda probabilidad aprobada la semana que viene por las Cortes de forma unánime, reservando al juez la determinación de los criterios que luego aplicará el secretario; además la gran mayoría de las reivindicaciones que ahora plantea la organización conservadora ya se encuentran resueltas o comprometidas, como ya han reconocido públicamente el resto de las organizaciones profesionales, con la sola excepción, probablemente, de sus demandas retributivas. Y en estos momentos, cuando los trabajadores y los sindicatos están haciendo un gran esfuerzo de contención reivindicativa, sólo nos falta que un grupo de jueces se echen a la calle con el propósito de obtener méritos corporativos. No es de justicia.

Todos estamos comprometidos en la búsqueda de respuestas adecuadas y en redoblar esfuerzos para mejorar la Administración de Justicia; es un proceso que ya está en marcha. Y estamos convencidos de que es esencial para mejorar la competitividad de la economía pero, sobre todo, para afianzar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y avanzar en la consecución de la Justicia como valor superior de nuestra sociedad.

Óscar Seco, vicepresidente de la comisión de justicia del congreso y diputado por el PSE-EE.