En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nos encomendó investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, específicamente, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El mes pasado, presentamos nuestro informe al Consejo.
Nuestros hallazgos son claros: los actores estatales venezolanos han cometido violaciones de los derechos humanos a gran escala, algunas de las cuales equivalen a crímenes de lesa humanidad. El informe nombra al presidente Nicolás Maduro y a los ministros de defensa e interior como funcionarios que contribuyeron a estos abusos. Los directores de varias fuerzas de inteligencia, seguridad y policía también fueron responsables, y tenemos una lista de personas que deberían ser investigadas más a fondo, debido a su posible participación.
Como era de esperar, el régimen de Maduro ha desestimado el informe. Nadie que siga los acontecimientos en Venezuela desconoce la polarización que existe a su respecto, la que también se ve reflejada en el ámbito internacional. Un bloque de países es profundamente crítico con el régimen de Maduro y otro lo apoya incondicionalmente. Desde que recibimos nuestro mandato, Venezuela y sus aliados han tratado de crear un conflicto artificial entre nuestra labor y la de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Aunque el rechazo de algunos gobiernos a nuestro mandato puede ser comprensible políticamente, nadie que mire la situación de Venezuela objetivamente puede dudar que se vive una grave crisis de derechos humanos. Negarse a comprometerse con la realidad de esos desafíos y desestimar nuestras conclusiones no ayuda en nada a proteger los derechos fundamentales de los que están en peligro y de los que han sufrido.
Hasta ahora, hemos encontrado tres tipos principales de críticas. La primera se refiere a los ataques a nuestra integridad personal; estos están claramente destinados a ser distracciones y no merecen una respuesta.
Otros se centran en la metodología del informe. Algunos en Venezuela han afirmado que dirigimos una misión fantasma que trabajó desde el extranjero y no buscó datos oficiales. Escribimos seis veces al gobierno de Maduro buscando cooperación. Las cartas están a disposición del público; ninguna fue contestada. El esfuerzo de las autoridades venezolanas para deslegitimar el informe por su propia falta de cooperación es, en el mejor de los casos, un argumento circular.
Los estados a menudo se niegan a cooperar con misiones como la nuestra y luego se preguntan cómo puede un panel de este tipo llegar a sus conclusiones sin visitar el país. Venezuela ha rechazado previamente las conclusiones de la OACDH por los mismos motivos. Pero nuestra metodología siguió las mejores prácticas de investigación y documentación de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es así como nos basamos en el testimonio directo de las víctimas, los familiares y los abogados, así como en los expedientes de los casos, los informes oficiales, los planes operacionales, las declaraciones públicas de los funcionarios del Estado y el análisis del material audiovisual verificado.
Para que quede claro, habríamos preferido que las autoridades venezolanas cooperaran, pero aún sin ello pudimos encontrar información confiable de fuentes dentro del país.
El tercer argumento principal que hemos escuchado es que cualquier acusación de abusos ha sido o está siendo investigada. Observamos en nuestro informe un pequeño número de casos que han resultado en condenas e incluso algunas largas penas de prisión. Esta es una buena noticia. Más recientemente, el fiscal general de Venezuela indicó que más de 600 personas han sido investigadas por crímenes relacionados con los derechos humanos, más de 400 están detenidas y hasta 140 han sido condenadas. Dicha información, si es exacta, es bienvenida. Sin embargo, las autoridades venezolanas aún no nos han dado la oportunidad de revisarla y analizarla, a pesar de nuestras peticiones.
Sin perjuicio de lo anterior, nuestro informe establece una serie de preocupaciones más profundas. Una de ellas es que las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en Venezuela, incluyendo fiscales y tribunales, se encuentran excesivamente politizadas. Varios funcionarios actuales y anteriores nos dijeron que habían sido objeto de una presión política directa y seria. Esto plantea serios cuestionamientos a la imparcialidad del sistema.
Además, no hemos encontrado ningún indicio de investigaciones creíbles sobre casos de tortura - a menudo con violencia sexual - que calificamos como una línea de conducta sistemática. Hasta ahora, tales acusaciones parecen provocar sólo negaciones generalizadas del régimen. Tampoco vemos pruebas de condenas por los asesinatos ilegales cometidos por las Fuerzas de Acción Especial de la policía (FAES), pese a anuncios recientes que esperamos se materialicen, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminológicas (CICPC), lo que forma parte de la conducta que, según concluimos, equivale a crímenes de lesa humanidad.
En 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el desmantelamiento de la FAES. Reiteramos esa recomendación, pero es necesario que haya investigaciones creíbles sobre la conducta pasada y actual de la unidad. Estas investigaciones deben extenderse a los responsables de las políticas pertinentes, en lugar de dirigirse únicamente a los que ejecutaron los planes.
Entre los años sesenta y noventa, las poblaciones civiles de América Latina sufrieron gravemente a manos de gobiernos que decían luchar contra la amenaza del comunismo. Las autoridades estatales cometieron graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de las profundas divisiones nacionales e internacionales de la guerra fría.Vemos ecos de esa polarización hoy en Venezuela. Es tan inaceptable torturar, detener arbitrariamente o matar a oponentes reales o aparentes hoy en día como lo fue anteriormente en Argentina, Chile, Perú, Brasil, Guatemala o El Salvador.
Aunque encontrar una solución a la crisis de Venezuela está más allá del mandato de la misión que dirigimos, el respeto de los derechos humanos fundamentales de todos es un punto de partida esencial. Esperamos que la reflexión tranquila sobre nuestros hallazgos ayude en ese sentido a una salida pacífica de la grave crisis que vive Venezuela.
Marta Valiñas is Chair of the Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela, established by the United Nations Human Rights Council.
Francisco Cox Vial is a member of the Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela, established by the United Nations Human Rights Council.
Paul Seils is a member of the Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela, established by the United Nations Human Rights Council.