Trabajar allí para estar más seguros aquí

Por Antonio Camacho Vizcaíno, secretario de Estado de Seguridad (EL PAÍS, 19/10/07):

Nota: este señor fue quien hace unos días, después de la explosión de una bomba colocada por etarras en el coche de un escolta, afirmó que ETA había "comprometido la vida de una persona". Vamos, que ETA ya no mata, ni asesina; ahora "compromete". Tras semejante eufemismo, comprenderán ustedes que no me crea una sola palabra de lo que pueda decir o escribir.

La política en la era de la globalización ya no se divide en Interior y Asuntos Exteriores. El vertiginoso proceso de mundialización tiene entre sus consecuencias un cambio esencial en la concepción de los problemas y en el diseño de las estrategias que los Gobiernos deben diseñar para enfrentarse a los retos y amenazas que surgen en todos los ámbitos. Ningún problema puede analizarse con criterios simples y parámetros nacionales; la política nacional y la internacional se entrecruzan en la mayoría de las ocasiones. Y, probablemente, la seguridad es la parcela en la que más claramente se puede observar. Nada de lo que ocurre en ningún punto del planeta es ajeno a nuestra seguridad y a nuestro bienestar. Por eso es cada vez más necesario trabajar allí para estar más seguros aquí.

Esa es la teoría; más difícil es la práctica. La política mundial está obsesionada con la seguridad, en buena medida porque así lo exigen los ciudadanos. Pero pocas veces los Estados y organismos internacionales cuentan con instrumentos adecuados para actuar donde se producen los problemas. La Fuerza de Gendarmería Europea (FGE), que desde esta semana contará con un tratado que regula su actuación, nos permitirá a los europeos disponer de una herramienta de enorme utilidad para paliar esas carencias.

Han pasado ya tres años desde que en septiembre de 2004 los Gobiernos de España, Italia, Francia, Portugal y Países Bajos firmaron una declaración inicial de intenciones para crear una nueva fuerza que agrupara a sus policías con carácter militar, entre ellas la Guardia Civil. Su finalidad era dotar a Europa de la capacidad de desarrollar todo tipo de misiones policiales durante las operaciones de gestión de crisis.

Ahora, esos cinco Gobiernos hemos suscrito el tratado que cierra la puesta en marcha de la FGE que, desde hace un año, es plenamente operativa. La FGE podrá movilizar 800 efectivos en menos de 30 días, ponerlos a disposición de la ONU, la OTAN o la OSCE, y operar bajo cadenas de mando militar y civil. Todo ello supone un avance decisivo en una política de seguridad europea que debe ser desarrollada con pasos firmes y determinación, y sin complejos. Pocas políticas comunes muestran mayor fidelidad a la defensa de los derechos humanos y las libertades.

Además, la FGE permitirá a la Guardia Civil ampliar su operatividad y seguir demostrando su alta eficacia y su extraordinaria habilidad para la gestión internacional de crisis, como hace desde 1990 en escenarios como Bosnia, Haití o Líbano. La nueva Agrupación de Proyección Exterior, que cuando esté en plena actividad contará con 1.200 nuevos puestos de trabajo, completará las capacidades internacionales del cuerpo.

Sin embargo, el empeño del Ministerio del Interior en formar parte del motor que impulsa la política de seguridad en la UE no se limita a la FGE sino que forma parte de una estrategia mucho más amplia que el Gobierno ha desarrollado en los últimos años. El refuerzo de la presencia policial española en el exterior es quizá el paradigma de esa apuesta. Hoy, la policía y la Guardia Civil trabajan en todas las zonas del mundo en las que se desarrollan actividades que pueden poner en riesgo la seguridad de los españoles. Gracias a un innovador decreto que ordena la presencia del Ministerio del Interior en el extranjero, la red policial exterior española ya trabaja en Siria, Libia, Argelia, Pakistán, Jordania, Indonesia, Filipinas, Serbia, Montenegro, Bosnia, Croacia, Mauritania, Senegal, Ghana, Togo, Liberia, Costa de Marfil, Suiza y Lietchstein.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con un prestigio internacional consolidado y su presencia es requerida para la formación de las policías que nacen en lugares asolados por conflictos. Afganistán es el último ejemplo: allí trabajan, en un proyecto de la UE, una docena de policías y guardias civiles. Su experiencia permitirá formar a la nueva policía afgana, uno de los pilares del entramado político e institucional del país. Por eso la inversión española es esencial: porque construir un Estado fuerte en Afganistán -y en el Magreb o en el Sahel- es la mejor medicina contra el terrorismo yihadista. Trabajar allí nos permitirá, a la larga, neutralizar las amenazas que afectan a nuestra seguridad.

El Gobierno se caracteriza por su empeño en extender los derechos de los ciudadanos. Pero para consolidar nuestra forma de vida, los viejos y los nuevos derechos, las libertades de las que disfrutamos, es imprescindible fortalecer nuestro Estado, dentro y fuera de nuestras fronteras. La dimensión exterior de España, la octava potencia mundial, rebasa su presencia diplomática. Sería un suicidio mantener una visión estrecha de la seguridad en la que las fuerzas policiales abdiquen de su obligación de prevenir el crimen desde la raíz, esté donde esté y con el respeto al Estado de derecho como único límite. En un mundo donde los criminales no encuentran fronteras, los policías tampoco deben toparse con ellas. Ésa es la apuesta decidida del Gobierno para que los españoles puedan seguir disfrutando de uno de los niveles de seguridad más altos de la Unión Europea.