Trabajo forzoso en la UE: como cambiarlo

La Comisión Europea ha propuesto recientemente al Consejo de Ministros de la UE una autorización para que los Estados ratifiquen un nuevo Protocolo del Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Protocolo, junto con una recomendación complementaria, fue adoptado en la 103 Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en junio pasado, mejora aspectos sobre cooperación internacional en la lucha contra el trabajo forzoso.

Pese a estas y otras herramientas coercitivas, el trabajo forzoso es una realidad en Europa y no por deficiencias en las regulaciones del mercado de trabajo.

La OIT ha estimado que 880.000 trabajadores en Europa están sujetos a trabajos forzosos. El 30% son víctimas de explotación sexual y el resto se reparte en sectores como servicios, construcción, agricultura, trabajo doméstico, limpieza, alimentación y textil, además de en grandes cadenas de producción como la farmacéutica (por ejemplo, recolectores de bayas en Suecia) o grandes marcas de moda (por ejemplo, talleres textiles en España).

Enfoque poco apropiado para combatir el trabajo forzoso en la Unión Europea

El trabajo forzoso es un proceso: suele comenzar con un acuerdo entre el traficante y la víctima potencial y termina en un laberinto cada vez más estrecho con menos salidas, donde las opciones son muy limitadas, o al menos, así lo percibe la víctima. En gran parte de Europa, el término se asocia con el trafico de personas y la inmigración irregular. Por lo tanto y a pesar de que la adopción de este tipo de medidas significa un paso importante hacia una política más justa y respetuosa con los Derechos Humanos, por la naturaleza del trabajo forzoso -no declarados o clandestinos- solo se consigue llegar a un reducido número de casos y el grueso del iceberg sigue escondido de las autoridades. De esta manera se hace caso omiso de las deficiencias internas de los mercados de trabajo de la UE, no se soluciona la vertiente del empleo como seria deseable y se sigue acentuando el carácter elitista de la UE entendido como la gran distancia entre las soluciones políticas y los ciudadanos, la enajenación de las causas de la inmigración irregular, el ostracismo continuo del empleo y las políticas sociales de calidad en el marco de la integración europea y la obstinación para hacer frente a la actual crisis económica con políticas sesgadas favorables a las empresas.

Aún así, es cierto que la inmigración es una fuente importante de vulnerabilidad que puede terminar en trabajo forzoso. En la Unión Europea en particular los inmigrantes procedentes de Bulgaria, Polonia y Rumania (dentro de la UE, en países como Holanda) y China, Marruecos y Turquía (de fuera de la UE) están en situación de especial vulnerabilidad. Las evidencias demuestran que el argumento de que los inmigrantes potenciales de clases socioeconómico deprimidas, con bajo niveles de educación y alfabetización, procedentes de países también pobres son más propensos a ser presa de traficantes y de sufrir situaciones de abuso. La razón es que el acceso a capital financiero y social en estos grupos sociales de riesgo es mucho mas limitado y por lo tanto, los sujetos tienen menos opciones , o así lo perciben ellos, para acceder a recursos legales establecidos para su protección.

El trabajo forzoso puede ser detectado a través de varios métodos como las reclamaciones laborales a empresarios (por ejemplo, por falta de pago de los salarios), las actividades de los sindicatos, inspectores del trabajo o la misma policía, asistencia directa a trabajadores inmigrantes por ONG, o inspecciones realizadas por las autoridades de inmigración. A pesar de todo, estos métodos por si solos no son eficaces para combatir la explotación cuando los trabajadores sufren el carácter disuasorio de la carga de la prueba requerida o de la lentitud del proceso, por lo que tienen pocos alicientes para participar en las reclamaciones. Por otra parte y a raíz de la crisis, las recientes reformas legislativas y laborales en España y otras regiones de especial riesgo en Europa no han hecho más que empeorar la situación. El concepto de flexi seguridad se ha dejado a un lado, favoreciendo solo políticas desequilibradas en favor de la flexibilidad en el mercado del trabajo, abaratando los despidos y evitando políticas de creación de empleo activas. Las inspecciones públicas son herramientas clave para la identificación de trabajos forzosos, aunque los recortes también han llegado a este área. Por su parte, la sociedad civil puede y debe responder solidariamente. El papel de ONGs y sindicatos es crucial para de luchar contra el trabajo forzoso, sin embargo la tendencia general debido a las reformas alentada por la Troika -tanto laborales como judiciales- no hacen mas que limitar el acceso de estos a la justicia, limitando a los trabajadores el derecho de huelga, la negociación colectiva o la participación en procesos judiciales.

La legislación internacional cuenta con infinidad de leyes, reglamentos y convenios internacionales que tratan de suprimir el trabajo forzoso, entre los que se incluyen documentos como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, Protocolo de Palermo, convenios de la OIT y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Sin embargo, teniendo en cuenta lo mencionado previamente hay poca consistencia en cómo éstos se implementan y traducen en legislación nacional. Se requiere coordinación genuina a nivel europeo para que todos los Estados legislen en condiciones homogéneas. Las definiciones transeuropeas de explotación y vulnerabilidad son muy vagas e imprecisas. La adopción de medidas sin un dialogo político autentico en el que intervengan todas las partes involucradas de la sociedad produciría consecuencias indeseables que solo profundizarían en la crisis del modelo social.

Buenas prácticas de la UE para combatir el trabajo forzoso

Aunque las disposiciones vigentes se muestran insuficientes, nuevas iniciativas han comenzado a surgir en algunos Estados miembros. Estas nuevas aproximaciones al problema del trabajo forzoso incluyen inspecciones piloto de hogares con servicio doméstico en Irlanda o cooperaciones judiciales en Italia y Letonia para enjuiciar a los empleadores abusivos que operan de forma tras-fronteriza. La necesidad de que la sociedad civil y las ONGs se involucren para apoyar la resistencia efectiva de los trabajadores explotados también está siendo reconocida a nivel europeo y de hecho, demuestra mejores resultados. Los trabajadores en situación de trabajo forzoso son mas propensos a estar en puestos de trabajo no declarados e incluso debido a su estatus como inmigrante incluso ilegales. En algunos países, la consecuencia es que sus contratos son irreconocibles e inaplicables por los inspectores de trabajo a través de los tribunales. ONG y sindicatos llevan a cabo campañas de información y apoyo legal a trabajadores en esta situación. Sin embargo, algunas de estas iniciativas destinadas a apoyar a los trabajadores forzosos, dado el carácter coercitivo de este, han acabado en la práctica en campañas de apoyo a trabajadores indocumentados, ya que estos sistemas tienen menos probabilidades de llegar a los inmigrantes o ciudadanos de la UE en dicha situación de explotación.

Además, incluso cuando identificados los casos de trabajo forzoso que pudieran ser objeto de compensación, no es un mecanismo muy usado por las victimas. Depender de un proceso penal, con desafíos tales como altas cargas de la prueba no parece ser la vía más atractiva. La práctica de llevar a cabo varias rutas legales al mismo tiempo para atacar la explotación forzosa (por ejemplo, por las vía laboral y penal al mismo tiempo) ofrece la mejor opción para aquellos que experimentan el trabajo forzoso. En países como Holanda y Francia en los que no a pesar de no haber una disposición general para la regularización para los inmigrantes indocumentados expuestos a trabajos forzados, se ha utilizado para apoyar las acciones judiciales que tuvieran que emprender y se considera claramente como una medida importantísima para el apoyo de las victimas al acceso de estos servicios de protección. Esto señala la necesidad de ofrecer servicios mas estrechamente relacionados con lo que los propios trabajadores explotados forzosamente ven como una prioridad, en lugar de prioridades políticas y partidistas.

Conclusión

El actual marco legislativo es insuficiente y nuevas medidas alternativas deben ser tomadas en cuenta en el futuro diseño de un nuevo marco. La idea de la responsabilidad civil o penal del contratista principal para con los subcontratistas en industrias como la construcción, la agricultura o la industria textil debería ser examinados por gobiernos, partidos, sindicatos y empresarios. Estos, a través del comercio internacional, también se podrían desarrollar estrategias complementarias de litigio que mejoraran enfoques organizativos y de RSC. Además, los gobiernos deben dar un paso adelante y ofrecer un liderazgo y orientación claros para evitar que las acciones que constituyan situaciones de trabajo forzoso de los empleadores no pueden provoquen la anulación de los derechos laborales de los trabajadores. Esto sin duda, ayudaría a llevar más casos a los tribunales. Por ultimo, cuando los trabajadores inmigrantes opten por abandonar el país antes de que se resuelvan sus casos legales, los sistemas judiciales deberían permitir que los procesos laborales y penales pudieran seguir siendo perseguido en su nombre y en su ausencia.

La lección clave es que se necesitan regulaciones más fuertes en el mercado de trabajo, inspección, aplicación de los recursos ya puestos a disposición de los trabajadores. Mientras más se refuercen estas áreas, mayor será la probabilidad de que se detecten prácticas de trabajo forzoso y más y mejores alternativas de restitución se podrán ofrecer a las personas sometidas a trabajos forzados. Además, instituciones gubernamentales, inspectores del trabajo, ONG y sindicatos no tienen datos ajustados de la realidad de los mercados de trabajo y el trabajo forzoso. Esta falta de conocimiento está aún más marcada entre los medios de comunicación y el público en general. El trabajo forzoso no siempre implica inmigrantes, y las recientes reformas en la educación, los mercados laborales, los sistemas de energía o de impuestos, además de la flexibilización impuesta desde organismos supranacionales han inoculadas situaciones precariedad laboral y trabajo forzoso en los sistemas de relaciones industriales de la UE.

Por otra parte, al ver el trabajo forzoso en el contexto de el trafico de personas conduce a un enfoque criminal y enajenador de la inmigración, lo que puede disuadir a los inmigrantes sometidos a trabajos forzados a pedir ayuda. También es una aproximación fallida para ayudar a aquellos que son ciudadanos de la UE. Sería más acertado abordar el problema del trabajo forzoso como un elemento extremo del mercado de trabajo, en vez de un problema meramente criminal de la trata de personas.

Juan Antonio Pavón Losada. Colaborador de Opex (Fundación Alternativas).

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