En los últimos 14 meses, desde que se inició la pandemia, hemos asistido a una serie de acontecimientos que han llevado a que determinados políticos que ejercían cargos hayan cambiado de puestos políticos, renunciando a los anteriores e incluso a los actuales. Cuando un ministro toma posesión de su cargo, vemos cómo jura o promete por su conciencia y honor. Proclaman en entrevistas el inmenso honor y privilegio que les supone desempeñar esos puestos para ayudar a la gobernabilidad del país y que emplearán todas sus energías para llevar a buen puerto los objetivos que se van a trazar.
Palabras bonitas que se lleva el viento. Hemos visto cómo un ministro de sanidad, en plena pandemia por el Covid-19, ha dejado su puesto para presentarse de candidato a unas elecciones en Cataluña como estaba previsto, cómo se declaraba que otra ministra pasaría a ser consejera de economía en la Comunidad de Madrid si su partido ganaba las elecciones y también se ha producido la renuncia del ministro de asuntos sociales y ¡agenda 2030! nueve años antes de que llegue el 2030. Es de imaginar que todos estos señores y señoras, tenían y tienen sus proyectos que poner en marcha para fijar las políticas de sus ministerios, sus equipos de trabajo y su gestión, y de repente, cogen y se van. Aquí no pasa nada, se ve con normalidad que se pueda cambiar de cartera como se cambia de camisa. No obstante, el culmen de este despropósito es renunciar a un puesto en la Asamblea de Madrid, para el que se ha sido elegido por la soberanía popular, y de este modo percibir durante dos años la sustanciosa indemnización que corresponde por haber sido ministro y vicepresidente y no tener trabajo. Más de 5.000 euros al mes cuesta la broma. En España, cualquier trabajador que renuncia a su puesto de trabajo y es baja voluntaria, no puede cobrar el desempleo. Por mi trabajo he tenido que actuar en muchos supuestos de trabajadores presionados en su trabajo, con ansiedad, depresión, y que no se marchan de las empresas porque salen con una mano delante y otra detrás, sin indemnización ni desempleo. En cambio, nos encontramos ahora con un señor que renuncia a un puesto de trabajo para el que ha sido elegido y se puede pasar dos años en su casa y con cinco mil euros al mes, en una España con casi cuatro millones de parados y más de un millón de personas en ERTE. Este señor no tiene culpa ni de la legislación parlamentaria ni del número de parados, pero la ética en su comportamiento brilla por su ausencia.
Indemnizaciones elevadas al dejar los cargos políticos, pensiones complementadas al máximo con sólo dos legislaturas parlamentarias. Estos mismos políticos podrían cambiar las normas que regulan el parlamento, pero no van a hacerlo. Mientras tanto, más triste aún es que el resto de los ciudadanos asistamos a este régimen privilegiado sin mover un dedo. Habría que mover el suficiente número de firmas y tirar hacia delante iniciativas legislativas populares, que se han de tramitar en el Congreso, para intentar eliminar privilegios que atentan contra el más mínimo concepto de equidad social. Estos son algunos ejemplos de la casta en que se ha convertido gran parte de la política. Sí, la casta que algunos vilipendiaban…
Pablo Pérez-Bustamante Mourier es inspector de Trabajo y Seguridad Social.