Ya la entrevista entre el presidente Zapatero y Mariano Rajoy anterior a las últimas Navidades terminó como, desgraciadamente, se esperaba: sin acuerdo alguno. Tal como se expresó el líder de la oposición a la salida, parecería que seguía el diálogo de sordos entre Gobierno y oposición. Rajoy repitió lo que había anunciado el día anterior que le diría al presidente Zapatero. Sólo añadió que éste no le había asegurado que no negociaría con Batasuna, a lo que, poco tiempo después, la vicepresidenta del Gobierno contestó diciendo que, puesto que Batasuna es un partido ilegal, ya se había dicho -añado yo: hasta la saciedad- que ni se puede presentar a las elecciones ni se puede negociar con él.
Claro que eso le da igual al PP, representado por Rajoy o por Acebes: si hay una reunión con alguna persona que ha sido de Batasuna, aunque el Tribunal Superior de Justicia vasco haya dicho que eso no es reunirse con el partido ilegalizado, la reunión no es legítima; y que siga la bola de las falacias y de los pretextos, para seguir arreando leña al Gobierno, que es de lo que se trata. Eso sí, convocando manifestaciones con la bandera nacional, y con el himno nacional, queriendo hacer partidismo de unos símbolos que son de todos los españoles sin excepción.
Porque con la democracia se ha terminado lo de la España y la anti-España. En la España actual, y desde la transición política, por la inquebrantable decisión del Rey y el coraje de Adolfo Suárez, la España democrática lo es de todos los españoles.
A mi juicio, es evidente que el PP no pactará nada con el PSOE ni antes de las elecciones autonómicas y municipales, ni tampoco después, antes de las generales. Al contrario, la crítica permanente del principal partido de la oposición seguirá yendo dirigida a debilitar y desacreditar ante los electores, continuamente y en primerísimo lugar, al presidente del Gobierno, y luego a los demás miembros del Gobierno. Siempre que haya ocasión o incluso sin ella; utilizando hasta la saciedad toda suerte de descalificaciones personales e incluso llegando al insulto. Se trata, entretanto, de mantener prietas las filas de los leales, y hacer todo el daño que se pueda al adversario político, en este caso al Gobierno e introducir la confusión y el desánimo entre sus posibles votantes.
Parece que la democracia española tendrá que seguir funcionando, por ahora, con un clima de tensión permanente, haga lo que haga el Gobierno. Y sin razón o contra ella, que todo vale. Utilizando el miedo en una dimensión catastrofista: España se rompe o ya se ha roto (con el estatuto catalán, pero no con el valenciano, el andaluz o el balear, porque con estos no conviene que España se rompa). O el Gobierno está convirtiendo el Estado español en un Estado policiaco cuando un juez imputa a un alcalde por presuntos delitos que se engloban en el concepto de corrupción (si el alcalde es del PP). También se rompe la familia y así seguiremos para cansancio y hastío de los ciudadanos, descrédito de los partidos políticos y, lo que es peor, daño para las instituciones democráticas y daño de la propia democracia.
Como puso en evidencia una encuesta del CIS, el 40% de los encuestados creen que la democracia no es un buen régimen político frente a un 52% que creen lo contrario. Menos mal que seguimos pensando la mayoría que la democracia es el menos malo de todos los sistemas políticos...
Un caso particular es, ha sido y seguirá siendo el tan traído y llevado proceso de paz. El presidente Zapatero ha repetido una y otra vez que aunque las circunstancias actuales son las mejores en estos últimos cuarenta años para lograr el fin del terrorismo etarra, el proceso será largo y difícil, con momentos de crisis y retroceso, de optimismo y de pesimismo. Como también ha dicho que el fin de la violencia de ETA no puede tener precio político. Después del atentado de la T-4, además, ha anunciado la ruptura de cualquier diálogo con ETA.
Pero en contra de todos los antecedentes de los cuatro diálogos habidos con ETA -el de Adolfo Suárez; el único, aunque parcialmente, exitoso de Leopoldo Calvo Sotelo; el de Felipe González y el de Aznar- ahora no salimos de la acusación diaria de que hay negociación política con ETA, o reuniones con la ilegalizada Batasuna, o que se está negociando el futuro de Navarra...
En este último caso, todos los que lo dicen saben muy bien que su afirmación es una falacia si no se reforma, por el difícil procedimiento de la reforma constitucional (artículos 166 y siguiente de la Constitución), la disposición transitoria cuarta, el artículo 143 y, además, el Amejoramiento del Fuero navarro, que exigen no sólo que la iniciativa la tome el órgano foral competente, sino, además, la ratificación por referéndum de tal acuerdo por mayoría de los votos válidos de los navarros.
En definitiva, la incorporación de Navarra al País Vasco la tienen que decidir los navarros.
Es la primera vez en estos treinta años de democracia que la política antiterrorista es utilizada como arma electoral y de desgaste contra el Gobierno, que es el competente en esta materia, lo que no honra, precisamente, a los políticos que lo están haciendo.
Pero, además, pienso que cuando se usan este tipo de falacias -por ejemplo la de negociar con Batasuna, o que el Gobierno o Zapatero vive pendientes de un comunicado de ETA- lo de menos es que el ministro del Interior no cese de decir que Batasuna, para presentarse a las elecciones, tiene que cumplir la Ley contra el terrorismo o el propio presidente del Gobierno que todo diálogo con ETA está roto. La oposición seguirá diciendo que Zapatero ha derogado de hecho esa ley (aunque continúe vigente) y, además, con esa serie de falacias, tendrá servido el pretexto para que si se presenta a las elecciones una formación como la de los Comunistas de las Tierras Vascas u otra parecida -aunque fiscales y jueces digan que no la pueden ilegalizar porque no se ha probado ninguna conexión con ETA o con Batasuna- puedan atronar acusando a Zapatero, al Gobierno y al Fiscal General del Estado de no haber hecho nada para que no se presenten.
Como en todos los casos anteriores, las actuaciones del actual Gobierno y de su partido pueden dar lugar, más de una vez, a críticas que se puedan argumentar sin necesidad de acudir a este tipo de tretas y falacias. Pero no parece que el método democrático de la crítica bien argumentada y razonada, sea lo que importa. Lo que importa es destruir la imagen del adversario político, convertirlo en enemigo político, que debe ser odiado porque es capaz por sectarismo, no por convicción, de todas las perversidades para destruir el orden y el pacífico consenso en el que, hasta que ha llegado Zapatero, vivíamos; lo que también es una falacia.
Y eso debe tapar, en lo que parece tener mucho interés el PP, que este país está pasando el mayor periodo de prosperidad económica y social conocido, en lo que todos los analistas políticos y económicos nacionales y extranjeros están de acuerdo.
Y lo peor no es que esta forma de utilizar la actividad opositora, sea inspirada por un rencor inextinguible, que en algunos los es, o por el también legítimo empeño de recuperar el poder perdido, sino que muchos de los que así se comportan están convencidos, y lo están políticos y no políticos, de que ellos poseen la verdad total y absoluta y el adversario-enemigo vive en el error culpable y perverso que justifica todo lo que contra él se haga. Pese a quien pese y pase lo que pase, porque el fin justifica los medios. Como esta convicción, llevada al terreno político, es incompatible con una democracia pluralista asentada sobre la dignidad de la persona, la libertad de cada ciudadano y la de opiniones y su expresión, la consecuencia es el creciente deterioro de las instituciones democráticas en España, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, pasando por el Parlamento y, amenazando ahora, terminar por el Tribunal Constitucional.
Últimamente, Rajoy ha puesto el adorno último, decretando el boicot económico contra el grupo PRISA porque se ha sentido insultado por el presidente del grupo, Jesús Polanco, que, en una contestación a un accionista, sin citar al PP, ha manifestado su repulsa a la crispación política y su deseo de que en España hubiera un partido de centro-derecha laico al que, como piensan más españoles (y miembros del PP) de los que Rajoy y Acebes creen, se le pudiera apoyar.
Rajoy ha olvidado el derecho fundamental de la libertad de expresión oral y escrita o comunicada, y, al decretar un boicot económico de su partido contra el periódico, las televisiones y las radios del grupo PRISA, ha atentado contra una de las libertades fundamentales en cualquier democracia. No es ése el camino que el líder de un gran partido ha de seguir si se siente injuriado.
Estoy convencido de que, por suerte, dentro del PP hay bastantes miembros que no están de acuerdo con la actual manera de hacer oposición de su grupo dirigente. Pensarán, como pensamos muchos, que tanta crispación puede estar preocupando, sino asustando, a todo el centro moderado de la sociedad española, que pudiera, en otro caso, inclinar su voto hacia una derecha moderada igual que hacía un socialismo de mercado como el que nos gobierna. Y, sobre todo, que es preciso, por respeto a los ciudadanos y al sistema democrático, que Gobierno y oposición puedan dialogar y llegar a acuerdos en temas fundamentales.
Entretanto sólo nos queda lamentar a los que así pensamos que el consenso constitucional, tan traído y llevado, de la transición política que viví, esté siendo utilizado para intentar justificar lo que entonces hubiera sido, para centro, derechas e izquierdas parlamentarias, injustificable.
Alberto Oliart, ex ministro en Gobiernos de UCD.