Por Jordi Porta. Presidente de Òmnium Cultural (EL PERIÓDICO, 04/04/06):
El proceso de aprobación del nuevo Estatut de Catalunya es un asunto de nuestros representantes políticos, pero implica también al mundo civil organizado, esto es, lo que llamamos la sociedad civil. Hablar de sociedad civil catalana es hablar de una realidad plural y compleja. Desde los sindicatos y las patronales, pasando por los colegios profesionales o las entidades culturales y deportivas de todo tipo, y llegando a los movimientos sociales y, dentro de éstos, a los confesadamente catalanistas, quiere decir que estamos hablando de una realidad social diversa con opciones, en el caso del Estatut, también diversas.
Pero es evidente que durante este largo proceso de elaboración y aprobación en el Parlament de Catalunya, de posterior negociación en Madrid, de posible aprobación por las Cortes Generales españolas y, finalmente, de retorno al Parlament y de convocatoria del referendo, se ha visto y se verá implicada una amplia representación de la sociedad civil. Consultas, reuniones por sectores, expresión pública de opiniones y la manifestación del 18 de febrero son los aspectos más visibles de la implicación habida hasta la fecha. Cabe distinguir, sin embargo, el hecho de que los políticos y la sociedad civil tienen funciones no coincidentes sino complementarias. Los políticos intentan lograr el máximo de lo que es posible. La sociedad civil debe recordar siempre lo necesario, según las aspiraciones de la ciudadanía. Y siempre quedan las dudas sobre si se han invertido todos los esfuerzos para hacer posible lo necesario.
Una de las limitaciones más patentes con vistas a poder tomar posiciones más o menos fundamentadas ha sido la falta de transparencia en los resultados de las negociaciones llevadas a cabo.
No hemos contado con suficientes elementos de valoración de los pasos que se estaban dando ni de sus consecuencias cara a la ciudadanía. No sabemos qué será fundamental para un auténtico autogobierno y qué quedará sujeto a la buena voluntad de los gobiernos centrales de turno. No sabemos si podremos contar con un sistema de financiación justo y digno o si tendremos que esperar 10 o 15 años para reducir nuestro déficit fiscal gracias a una supuesta y suplicada generosidad por parte del Gobierno central. La huelga de médicos de estos días no deja de ser un síntoma que confirma las limitaciones financieras de la Generalitat.
TODO ESTO HA ido, en general, acompañado de una campaña española llena de visceralidad y poco rigor en el análisis de lo que se iba aprobando. El debate sobre el Estatut de Catalunya nos ha podido dejar algo relativamente claro. La mayoría de españoles que viven más allá del Ebro, independientemente de su color político, tienen asimilada la idea de la España unitaria de siempre. Sólo ha faltado que un partido se pusiera a excitar los ánimos en este aspecto, y que los medios de comunicación españoles mayoritarios se pusieran al servicio de este griterío, para que se esté extendiendo la impresión de una auténtica hecatombe del sistema político español. Y estos mismos sectores, con toda la naturalidad, afirman que España ya es el país más descentralizado del mundo, ignorando realidades políticas como Suiza, Bélgica, Canadá, Australia, Estados Unidos o, incluso, Reino Unido y Alemania.
Una cosa sí tienen clara. Cuando se trata de una cuestión de Estado, se olvidan de las diferencias y suman esfuerzos como un solo hombre. Lo estamos viendo estos días, si es que se mantiene el clima de las primeras entrevistas entre el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, y el jefe del primer partido de la oposición, señor Rajoy. Ante la tregua permanente de ETA, ante el anuncio de un posible final de la violencia, todos se ponen codo con codo para salvaguardar el Estado. Y hacen bien. Pero, salvando las diferencias, ¿tenemos los catalanes alguna cuestión de Estado que merezca una actitud similar referida a Catalunya? Algunos habíamos pensado que los cuatro partidos catalanes que aprobaron el texto del 30 de septiembre abordarían la reforma del Estatut con esta actitud. Por desgracia, no parece que haya sido así.
ASÍ LAS COSAS, ¿qué podemos hacer desde las entidades de la sociedad civil?
En primer lugar, no perder la calma ante el clima creado en el Estado español. Ya estamos acostumbrados a estos asuntos. Sólo cabe repasar la hemeroteca de los años 30 del siglo pasado para ver que la cultura política no ha variado fundamentalmente en lo tocante al reconocimiento de la pluralidad lingüística, cultural y nacional del Estado.
En segundo lugar, debemos continuar reclamando la unidad de las fuerzas políticas catalanas y que sean transparentes los pasos que se están dando, de tal modo que la ciudadanía esté informada a la hora de decidir en referendo. Sin embargo, no debería alimentarse el espectáculo lamentable que proporcionan las riñas entre partidos catalanes, constantemente dispuestos a contrarrestar la mejora de la imagen pública del adversario en un momento determinado. Habría que ser consecuentes con que lo que está en juego actualmente es una cuestión de Estado a la catalana.
Y mientras, lo que podemos hacer desde la sociedad civil es contribuir a la difusión del texto que se está aprobando, comparándolo con los textos anteriores, tanto el del 1979 como el del 30 de setiembre pasado, y facilitar elementos de juicio para su valoración. Nos gustaría llegar al convencimiento de que ésta no ha sido una ocasión perdida.