¿Son sostenibles las pensiones públicas en España? Así planteada, la pregunta es un tanto ambigua. Si se está preguntando si los pensionistas actuales van a seguir cobrando sus pensiones hasta el final de sus vidas, me atrevería a responder afirmativamente, aun cuando las reglas vigentes de revalorización anual de las pensiones, diseñadas para conseguir la sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social, provocarán verosímilmente un deterioro del poder adquisitivo de los jubilados.
Afirmativa sería también mi respuesta en caso de que con la pregunta se pretenda averiguar si quienes formamos hoy la población ocupada —y en particular, los alrededor de 13 millones de españoles que nacimos en los años sesenta y setenta del pasado siglo: los célebres baby-boomers— cobraremos pensiones públicas vitalicias cuando nos jubilemos. Sí, así lo creo. Ahora bien, es muy probable que dejemos de trabajar retribuidamente bastante más tarde que nuestros padres (no olvidemos que, en general, también empezamos a hacerlo con bastantes más años que ellos) y que nuestras pensiones supongan un porcentaje inferior al 80% respecto al último salario (como hoy día suponen aproximadamente).
Aun con estos ajustes, la expectativa de un fuerte incremento de pensionistas de jubilación en un escenario demográfico de creciente longevidad y baja fecundidad induce a pensar en un aumento significativo del gasto en pensiones (sobre el PIB y el conjunto de los presupuestos del Estado) durante las próximas décadas y en un agravamiento del desequilibrio financiero que ya sufre la Seguridad Social. Comprometidos constitucionalmente y como Estado miembro de la Unión Europea con una política de estabilidad presupuestaria, hacer frente a ese aumento del gasto en pensiones obligaría a reducir otros gastos públicos o ampliar los ingresos del Estado (o a alguna combinación de ambas soluciones).
Prácticamente nadie defiende la primera opción, porque ¿de dónde recortaríamos? ¿De otras prestaciones y servicios sociales? ¿De educación e investigación? ¿De infraestructuras? ¿De seguridad y justicia? La segunda opción, en cambio, goza de muchos simpatizantes. Suena bien la reivindicación de incrementar los ingresos públicos, que suele concretarse en alguna propuesta de crear o subir determinados impuestos; pero no es prudente hacerla sin una explicación realista de los efectos que esos tributos nuevos o reforzados podrían tener sobre el consumo y la capacidad de ahorro de los hogares, sobre el mercado de trabajo o sobre la competitividad global.
Muchos ciudadanos siguen echando en falta respuestas claras a las dos cuestiones que verdaderamente les interesan y preocupan: ¿cobraré una pensión de jubilación y, en tal caso, de qué importe aproximado?
Una propuesta modesta, pero probablemente operativa, podría consistir en un pacto de Estado por la transparencia de las pensiones con un doble propósito: (1) alcanzar un compromiso interpartidista sobre la necesidad de establecer umbrales mínimos garantizados de las tasas de sustitución de las pensiones ya causadas y las que se causen en un horizonte temporal prudencial (por ejemplo, a 20 años vista), y (2) asegurar que cada uno de los ciudadanos, y por tanto el conjunto de la sociedad, obtiene de manera regular y personalizada información fiable y muy sencilla sobre esos umbrales (en función de diferentes carreras de cotización), así como también sobre lo que ha aportado al sistema de la Seguridad Social y percibido de él.
Un órgano permanente formado por expertos independientes que responda ante el Congreso podría ser el instrumento central de ese pacto. Entre otras encomiendas tendría la de formular propuestas justificadas de esos umbrales mínimos y garantizar que el gobierno y las administraciones públicas cumplen con puntualidad su obligación de informar individualmente a los ciudadanos. Dispondríamos así de un conocimiento válido, útil y fiable para pensar con algún sentido en la planificación financiera de la última parte de nuestras vidas, en si es preciso complementar con ahorro personal nuestra pensión pública, en cuánto necesitaríamos ahorrar por nuestra cuenta para vivir como nos gustaría y en qué habría que hacer (particular y colectivamente) para conseguir reunir ese capital. Un pacto de Estado por la transparencia de las pensiones nos permitiría salir de la ignorancia generalizada sobre estas cuestiones tan cruciales para nuestro bienestar y reducir esa incertidumbre de efectos paralizantes y perjudiciales para todos.
Elisa Chuliá es profesora de Sociología de la UNED.