Transparencia en un Estado de Derecho

Fenómenos como Propública, la institución estadounidense sin ánimo de lucro que realiza periodismo de investigación de manera independiente están cambiando la forma de hacer periodismo y de acceder a la información. Y particularmente están haciendo algo que parece muy saludable para cualquier sociedad democrática, al permitir que los ciudadanos conozcan, sobre todo a través de Internet, hechos y datos que, tanto por motivos económicos como políticos, no suelen ser habitualmente accesibles para el público en general. Como dice Propública su misión es exponer los abusos del poder tanto si son realizados por los gobiernos como por las empresas y otras instituciones, usando la fuerza moral del periodismo de investigación para poner bajo la luz las conductas injustas e impulsar así las reformas necesarias para evitarlas. Conviene aclarar que Propública es una Fundación sin ánimo de lucro que recibe donaciones.

En España estamos, lamentablemente, muy lejos de estas iniciativas. La puesta en marcha de un proyecto tan importante como Propública, en cuanto a medios humanos y materiales, parece muy difícil dada la debilidad congénita de nuestra sociedad civil y la íntima relación de los posibles donantes, ya sean personas físicas o jurídicas, con el poder económico o político. Pero podríamos empezar por algo mucho más modesto y que sí que está a nuestro alcance: exigir transparencia a nuestros gobernantes y gestores públicos, dado que, al fin y al cabo, administran nuestros impuestos. Aquí sí que hay recorrido. Recordemos que hemos tenido a presidentes de comunidades que han negado a su Parlamento la entrega de copias de unos informes más que dudosos, atribuyéndose la potestad de entregar o no documentos… pagados con los presupuestos que elabora y aprueba ese Parlamento con los impuestos de los ciudadanos. Otros presidentes se han mofado de las peticiones de información de la oposición cuando se hacen preguntas sobre gastos desproporcionados, cuando no directamente sobre tramas de corrupción.

Este tipo de respuestas es algo sencillamente inaudito en una democracia. Si partimos de la base de que no existen fondos públicos que puedan gastarse al margen de los procedimientos legalmente previstos y las cuestiones consideradas como secretas o confidenciales son tasadas y absolutamente excepcionales ¿por qué una serie de informes patentemente innecesarios, cuando no directamente absurdos, encargados a personas de confianza por un presidente autonómico resultan ser secretos? ¿Por qué se burlan de los que piden cuentas sobre el precio exorbitante de servicios contratados con el dinero de todos? ¿Y sobre las relaciones de los gestores políticos con los que prestan esos servicios estando más que acreditada la existencia de dádivas y de favores? ¿Por qué ese desprecio y ese silencio, cuando no directamente esa burla y esa condescendencia -por no llamarla caradura- cuando se exige una información a la que se tiene derecho en el seno de las instituciones que supuestamente representan a los ciudadanos?

Pero podemos seguir. Nos enteramos con cierto asombro de que después de acudir al FROB hay cajas que van a hacer importantes reducciones de personal vía prejubilaciones, lo mismo que hay empresas con beneficios que acuden sin rubor a ERES que cofinancian los contribuyentes vía Seguridad Social.

No olvidemos que, como ciudadanos, pedir información, pedir datos sobre la gestión pública es pedir también responsabilidad, la accountability de la que hablan los anglosajones. Y proporcionarlos es la primera obligación de un gobernante responsable en una sociedad democrática. Es más, no sólo la transparencia es exigible, sino que hay que considerar que los datos públicos que manejan las Administraciones y los Gobiernos son activos que pertenecen a todos los ciudadanos. No se trata tanto de que nos prometan, por enésima vez, una Ley de Transparencia de las Administraciones Públicas que nunca llega, sino de implantar de una vez la cultura de la transparencia y la responsabilidad, ya que estamos hablando de uno de los requisitos esenciales de un Estado democrático de Derecho.

Desde el punto de vista económico la trascendencia es también muy importante dado que la accountability es uno de los mecanismos más efectivos para generar confianza en los mercados, como han demostrado los acontecimientos recientes. Parece evidente que la mejora de la calidad institucional y de la competitividad que lleva consigo un gobierno transparente y abierto son mecanismos muy eficaces para impulsar el crecimiento económico.

Toca, por tanto, exigir los mecanismos que permitan a los ciudadanos acceder a esta información de forma efectiva y además expresar su opinión sobre todos los proyectos públicos o privados que se apoyan en sus impuestos. Por eso, si nuestros políticos y gestores públicos no están acostumbrados a proporcionar información y a rendir cuentas, habrá que educarles. Y si la rendición de cuentas no nos satisface habrá que exigirles responsabilidades. Responsabilidades políticas, por supuesto, además de las jurídicas si proceden. No podemos permitirnos otra cosa. Es urgente imponer la cultura de la transparencia y de la responsabilidad en la gestión de los asuntos públicos y de nuestros impuestos. Puede que ya sea demasiado tarde.

Elisa de la Nuez, abogada del Estado excedente y directora gerente de Iclaves.

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