Transparencia o corrupción

Por Carlos Jiménez, ex fiscal anticorrupción (EL PERIODICO, 19/03/05):

La denuncia del 3% ha sido una oportunidad histórica para afrontar el problema de la corrupción que subyace en todo sistema democrático. Porque ya nadie se cree que a mayor democracia menor corrupción. Es de sobra sabido que el 3% hace referencia al pago ilícito por los particulares a la Administración de una comisión que representa un porcentaje sobre el precio fijado en los contratos administrativos. Comisión que se abona como condición para obtener la adjudicación, en perjuicio de los competidores, o como forma oculta de beneficiar al partido político que controla esa esfera de la Administración. Comisión que encarece injustificadamente la obra o servicio contratada. Eso se llama delito de cohecho, que suele concurrir con otros delitos como prevaricación y falsedades documentales en cuanto se recurre a contratos simulados, facturas falsas o alteraciones fraudulentas en los presupuestos para que la comisión figure como un gasto necesario. Es difícil saber en este momento cuál es el alcance real en Catalunya de ese fenómeno criminal. Cualquiera que fuese, constituye una amenaza grave para un sistema político que se funda en los valores de justicia e igualdad. Por tanto, debe ser afrontado y atajado y para eso está, además de otras instancias, la Administración de justicia. Pero, mientras tanto, nadie con responsabilidades políticas puede desentenderse de esa sucia realidad. Porque es en el ámbito de lo público donde anida la corrupción. Durante estos días se ha planteado la necesidad de transparencia en la contratación pública. Es indispensable. Pero también se ha hecho otra pregunta, tan importante como aquella. ¿A quién beneficia el producto del soborno? Parece que, además del posible enriquecimiento ilícito de ciertos cargos públicos, son los partidos los más favorecidos. La historia reciente de Europa es una muestra de cómo los partidos, de todas las tendencias, se han nutrido irregularmente de fondos. Basta citar a Craxi, Forlani, Juppé, Emmanueli, Kohl, Johanes Rau, Willy Claes, Cañellas, Naseiro, Filesa, etcétera.

A PESAR DE tantos escándalos, las fuentes reales de financiación privada de los partidos políticos continúan escapando a un control efectivo. Hecho grave, porque su desigual financiación puede romper el principio de igualdad de oportunidades llegándose a afectar a la representatividad y al propio fundamento del pluralismo político. Eso sin contar la influencia, desde luego negativa, que puede ejercer sobre el partido el comisionista o donante que, obviamente, espera a cambio una contrapartida. Si es urgente regular las fuentes de financiación, también lo es saber cómo circula el dinero en los partidos. En primer lugar, porque estos carecen de controles internos eficaces. Los partidos han creado en su entorno diversas entidades que, por su naturaleza, no pueden ser fiscalizadas, como sociedades mercantiles con actividades inmobiliarias y fundaciones que resultan opacas a la fiscalización oficial. Además, los partidos obtienen fondos de las entidades de crédito en forma de préstamos o créditos. Resulta, cuando menos sorprendente, que ante determinados créditos que los partidos no liquidan, los bancos no exijan su cumplimiento. O que la banca condone los intereses y hasta parte del capital de los préstamos otorgados, lo que constituye una auténtica donación. En eso consiste precisamente la renuncia por el banco al cobro de las deudas. Manifiesto trato de favor que sería inconcebible para cualquier ciudadano y que nuevamente suscita la pregunta, ¿por qué? Porque, antes o después, los benefactores esperarán una respuesta que compense ese trato tan favorable. Pero ya están colaborando al mantenimiento de la opacidad de las cuentas de los partidos. Cuatro entidades de crédito, en el ejercicio del 2001, no facilitaron información al Tribunal de Cuentas sobre operaciones de endeudamiento de algunos partidos por un importe de siete millones de euros. Es, sin duda, una forma irregular de financiación, pero, sobre todo, es preocupante porque puede generar una relación de dependencia de los partidos hacia los grandes poderes económicos y constituye una ofensa a principios básicos de igualdad y de solidaridad. Para hacer frente a esta realidad hace falta una reforma legal en profundidad del funcionamiento económico de los partidos, pero es también necesario que los cargos políticos y administrativos respondan puntualmente de su gestión ante organismos independientes. Planteándose incluso la conveniencia de criminalizar las formas más graves de financiación irregular de los partidos en cuanto desvirtúan la significación de los mismos en el sistema democrático y atentan contra el orden constitucional.

ES UNA CUESTIÓN aceptada por quienes ante el equilibrio entre Estado de derecho y democracia creen, como decía Díez-Picazo, que "los mecanismos del proceso político democrático no bastan, por sí solos, para evitar los excesos de los gobernantes; y ello, en especial, cuando los casos de criminalidad gubernativa que afectan al correcto funcionamiento de la democracia misma". La realidad expuesta no es un accidente del sistema democrático, es un déficit grave que perjudica la salud democrática de nuestro país, dificulta el funcionamiento de las instituciones y resta credibilidad a nuestros dirigentes políticos. Por eso debe permanecer presente en las preocupaciones y en las tareas de elaboración del nuevo Estatut de Catalunya para construir un futuro libre de corrupción, un futuro que no esté permanentemente bajo la amenaza de quienes, tanto particulares como políticos, están dispuestos a sacrificar los valores democráticos por intereses espurios, privados o de partido