El pasado 27 de diciembre, la primera ministra italiana Giorgia Meloni invitó a Roma a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, como muestra del apoyo incondicional del Gobierno a la causa ucraniana. El gesto se sitúa en la línea de lo que ha intentado Meloni durante los últimos meses: reafirmar su compromiso atlantista y hacer olvidar las salidas de tono de sus socios.
Matteo Salvini, ministro de Infraestructuras y líder del segundo partido de la coalición, alababa en el pasado a Vladímir Putin. Y Silvio Berlusconi, todavía presidente del tercer partido que participa en el Gobierno, declaró en varias ocasiones durante los últimos meses ser amigo íntimo del presidente ruso.
Unas simpatías que asustaban en Bruselas, donde había desconfianza hacia las posibles alianzas internacionales del nuevo Gobierno italiano.
Consciente de estas reticencias, Meloni trazó antes de llegar al Ejecutivo una hoja de ruta que, por ahora, se está cumpliendo a la perfección.
Este plan constaba de dos ejes.
Por un lado, mostrarse como un aliado fiable para Bruselas.
Y, por otro, implementar poco a poco su programa sin imponer medidas que hicieran saltar las alarmas. Meloni apuesta por la lenta erosión antes que por la demolición inmediata, y por el momento está ciñéndose al pie de la letra a su plan.
Sobre el primer punto, la actual primera ministra ha tenido claro desde el primer momento que, para no despertar recelos, había tres pilares que no se podían tocar. La política económica, la energética y la exterior.
Los Presupuestos presentados en Bruselas para este ejercicio fueron un primer ejemplo de esta política de apaciguamiento. A diferencia de las tensiones que marcaron las negociaciones de 2018 entre Salvini y Di Maio y las instituciones comunitarias, en esta ocasión la negociación del Presupuesto en Europa fue tranquila.
El Gobierno italiano presentó unas cuentas en las que reinaba la contención, se cumplían las principales exigencias europeas y se evitaban los puntos del programa económico de la ultraderecha que podían causar mayores controversias.
Un Presupuesto "razonable y prudente" según el ministro de Economía Giorgetti (Lega), que ha tenido su recompensa estos días con las buenas palabras de la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, que compartió unas fotos en las que mostraba una aparente buena sintonía con Giorgia Meloni.
En materia de política exterior no sólo ha reinado la prudencia, sino que el Gobierno ha mantenido una posición muy proactiva, tratando de erigirse como un ferviente defensor de la causa ucraniana. La invitación de Zelenski es el último gesto de una estrategia que no sólo ha tenido medidas simbólicas.
La prórroga del envío de armas a Ucrania para este 2023 es la medida más relevante en este aspecto. Una decisión que Meloni impuso a sus dos socios y que permite reforzar el papel de Italia como aliado de Ucrania.
Pero mientras el Gobierno hace gala de su talante atlantista, otras medidas del programa político de Giorgia Meloni se siguen poniendo en marcha. Medidas que, por el momento, no encienden las alarmas de Bruselas, pero que erosionan derechos fundamentales y tratan de imponer la visión de la nación y del Estado que defiende Fratelli d'Italia.
La ley rave, el decreto dignidad, y el día de los hijos de Italia.
El estreno legislativo del Gobierno Meloni fue con el llamado decreto rave, convertido en ley el pasado 30 de diciembre tras una ardua polémica en el Parlamento. Una medida que se llevó a cabo como respuesta a una rave celebrada en Módena el pasado mes de octubre, y que endurece sustancialmente las penas contra organizadores y asistentes a estas fiestas, que podrían enfrentarse a penas de tres a seis años de cárcel y sanciones económicas de hasta 10.000 €.
Fijar como objetivo las rave responde al discurso de mano dura de la derecha contra los desórdenes, pero numerosas voces en la oposición consideran que la norma de Meloni tenía intereses aún más oscuros. En su redacción original, el decreto estaba redactado de manera que podía caer en el mismo saco cualquier concentración que fuera considerada peligrosa para la salud o el orden público celebrada sin autorización en terrenos o edificios ajenos. Es decir, que cualquier concentración que agrupara más de cincuenta personas podía enfrentarse a esas sanciones.
Después de un gran revuelo, en el trámite parlamentario se ha incluido un matiz importante. Ahora sólo se sancionarán los "eventos musicales o con finalidad de entretenimiento", lo que excluye las concentraciones y manifestaciones políticas. Pero se sigue dejando un margen de interpretación demasiado amplio y unas penas desproporcionadas.
El decreto ha sido contestado duramente por la oposición, y fruto de la presión dentro y fuera de las instituciones se ha conseguido rebajar algo el contenido de la norma. Sin embargo, el Gobierno ha conseguido sacar adelante una ley que erosiona derechos fundamentales y que pone una piedra más en el edificio punitivista que se lleva años construyendo en Italia.
Este no ha sido el único punto en el que se ha podido apreciar el sello Meloni. En los Presupuestos, a pesar de la contención general, también se incluyó uno de sus principales caballos de batalla en la campaña electoral: el fin del decreto dignidad.
Esta ley, aprobada la pasada legislatura por el M5S, contenía como medida estrella un ingreso mensual para las personas con menos recursos conocido como "renta ciudadana". Esta política pública levantó en un primer momento numerosas críticas, pero finalmente acabó llegando a más de 3,5 millones de personas y ayudó a sobrevivir a miles de familias durante los momentos complicados de la pandemia.
Meloni, sin embargo, cargó duramente contra ella en campaña tachándola de asistencialista y argumentando que la gente necesitaba un trabajo y no ser mantenidos por el Estado sin hacer nada a cambio. La entonces candidata de Fratelli d'Italia repitió hasta la saciedad que acabaría con la renta ciudadana en cuanto fuera presidenta, y aunque no ha cumplido del todo su promesa, con los Presupuestos de 2023 se ha puesto en marcha su desmantelamiento.
Esta decisión responde al concepto de mérito que Meloni ha defendido en numerosas ocasiones. Ya en 2011 la líder de Fratelli d'Italia decía que no creía en las cuotas de género sino en el mérito, un argumento que también aplica para las políticas del bienestar.
Meloni apuesta por el trabajo y no por medidas como las del decreto dignidad, ya que, en sus propias palabras, "la renta ciudadana te deja donde estás, pero el trabajo te puede llevar adónde quieras". El problema es cómo conseguirá su Gobierno llevar el trabajo a esos hogares donde antes sólo entraba la renta ciudadana.
Por último, otro punto sobre el que el nuevo Gobierno ha pisado el acelerador en los últimos meses ha sido en el de convertir en política de Estado su concepto de la familia.
Además de un paquete de ayuda a las familias incluido en los Presupuestos, una de las propuestas de FdI en el Legislativo que más ha llamado la atención es la declaración de un día festivo para los hijos de Italia. Este día de los figli d'Italia, además de tener un inquietante parecido con el nombre del partido de Meloni, busca fortalecer dentro del imaginario nacional el papel de la familia como eje de la nación, como así reconocía Andrea De Priamo, el senador que la propuso.
De Priamo aseguraba que la familia es central para su partido, y que por ello consideraban necesario equiparar este día de los hijos al día del padre o de la madre.
Una idea que, por cierto, no había surgido exclusivamente de Fratelli d'Italia, sino que "nació como fruto de la interlocución con asociaciones de la familia". Grupos que en su mayoría son de tendencia ultraconservadora y que fueron clave en los últimos años en el ascenso de Meloni.
Mientras que Salvini se apropió del tema migratorio desde su paso por el Ministerio del Interior, Meloni y Fratelli d'Italia hace años que han hecho de la familia su tema predilecto. Tanto en 2018 como en 2023 fue el primer punto de su programa electoral. Y una vez en el Ejecutivo, también ha sido una de las áreas donde se empieza a notar la impronta ideológica del nuevo Gobierno.
Por ahora, el plan de Meloni sigue en marcha. No tocar las líneas maestras de "las políticas de Estado" mientras lentamente se impone una visión nacional acorde con los principios que defiende Fratelli d'Italia. Mano dura y punitivismo contra los desórdenes públicos. Ayudas sólo a los que "quieren" trabajar, fundadas en una falsa idea de meritocracia. Y una visión ultraconservadora de la familia tradicional concebida como eje sobre el que se articula la nación.
Bruselas, por el momento, parece aliviada por el atlantismo de Meloni.
Pero mientras en las instituciones europeas se respira tranquilidad, en Italia se sigue cociendo a fuego lento un Estado más parecido a Polonia, Eslovaquia o Hungría que a cualquier otro miembro de la UE.
Jaime Bordel es politólogo y coautor del libro Salvini & Meloni: hijos de la misma rabia.