El 28 de noviembre Honduras votó masivamente en contra del Partido Nacional, al que pertenece el actual presidente, Juan Orlando Hernández (JOH), quien en dos mandatos instaló una autocracia y por quien se ha catalogado a Honduras como un “narco-Estado”.
El próximo 27 de enero Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), tomará posesión del cargo pero tendrá mucho trabajo por delante para superar el legado que recibe. El nuevo gobierno liderado por la izquierda tiene el reto de crear institucionalidad democrática en un país quebrado.
Castro es la primera mujer en llegar a la presidencia de Honduras y fue la primera dama en 2006 cuando su esposo, Manuel Zelaya, fue depuesto por un golpe de Estado en 2009. La noche de las elecciones, Castro dijo en su discurso que lideraría un “gobierno de reconciliación”. Estuvo rodeada por su familia, de la cual varios miembros formarán parte del gobierno.
Por ejemplo, su hijo Hector Manuel Zelaya ya se reunió con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) —que avaló el golpe de Estado de 2009—, en nombre del nuevo gobierno, para crear consensos. Otra de sus hijas, Hortensia Zelaya, ganó una curul en el Congreso Nacional y el expresidente tiene una omnipresente presencia política y mediática, además de ser el coordinador general del partido LIBRE.
Por ahora, Honduras sigue viviendo la fiesta de haber tenido las elecciones más pacíficas y con mayor porcentaje de participación de la última década. Aún se celebra en las calles que no haya una nueva crisis política con violencia postelectoral, como sucedió en los comicios de 2017, donde JOH ganó su segundo mandato entre denuncias de fraude.
Se esperaban actos violentos debido a que en el periodo preelectoral hubo al menos 28 candidatos asesinados en 14 meses, y por la campaña de terror que abanderó el partido oficialista en contra de Castro. Pero la gente apagó la llama yendo masivamente a las urnas: la participación electoral ronda 70% y Xiomara superó por al menos 13 puntos al candidato oficialista Nasry Asfura, alcalde de Tegucigalpa.
Pero después de esta celebración, ¿qué sigue? Castro hizo una alianza con un partido conservador liderado por un outsider que se estrenó en política en 2013, Salvador Nasralla, quien fue asesorado por Pedro Barquero, un empresario con reconocido camino en la lucha anticorrupción. La alianza le bajó el tono al discurso socialista de Castro, que recordaba a las relaciones que hizo su esposo con los gobiernos de izquierda latinoamericanos liderados por el venezolano Hugo Chávez. Hasta la publicación de este artículo, no era conocido públicamente el nuevo plan de gobierno tras los consensos de la alianza.
Armando Urtecho, presidente del COHEP, dijo en un foro organizado por la Seattle International Foundation y el United States Institute for Peace que el equipo del nuevo gobierno ha conformado siete mesas de diálogo con la empresa privada para ver temas económicos como reformas fiscales, inversión en infraestructura y las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE), un proyecto polémico del gobierno de JOH que tiene el rechazo de la ciudadanía y de un sector de la élite económica. La empresa privada está ejerciendo una presión temprana en un gobierno que aún no ha tomado posesión, pero al cual le interesa influenciar.
Sigue siendo un misterio cómo el nuevo gobierno abordará otros temas igualmente delicados como el aumento de homicidios, las reformas legales que benefician a las redes de corrupción, la militarización de la seguridad pública, la devastación dejada por los dos huracanes del año pasado y las políticas de México y Estados Unidos para contener la migración, que actualmente es la única válvula de escape que tiene la población que vive en la precariedad.
Además, asume un Estado endeudado, pues el gobierno de JOH se dedicó a solicitar préstamos para sostener su red clientelista por medio de programas asistenciales que terminaron en corrupción. Esto se aceleró cuando las elecciones estaban cerca para garantizarle un voto que, al final, lo traicionó.
También están golpeando la mesa los movimientos sociales que se identifican con la izquierda para pedir justicia tras más de una década de ser afectados por la militarización, leyes que restringen la protesta y la implementación de proyectos sin consulta, lo cual ha llevado además a la criminalización de voces disidentes en los territorios.
Xiomara ha levantado expectativas altas en movimientos de mujeres y de feministas: Honduras es el país con la tasa más alta de feminicidios de América Latina y ellas esperan que el nuevo gobierno haga algo al respecto.
Además, a dos semanas de concluir las elecciones, aún no hay resultados concluyentes sobre la conformación del nuevo Congreso Nacional, el cual será determinante para poder realizar las reformas necesarias con el fin de crear una institucionalidad democrática y desmontar la estructura autocrática actual.
En el escenario también está la comunidad internacional —principalmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Europa y Estados Unidos— que desde ya presiona al nuevo gobierno sobre una posible alianza con China y lo invita a ser un aliado incondicional de Estados Unidos en los temas que le interesan: la lucha contra el narcotráfico, frenar la migración y la lucha anticorrupción.
Alice Schakelford, coordinadora residente de la ONU en Honduras, dijo en el foro que mencioné antes: “Debe haber un cambio de narrativa acerca de que en Honduras nada funciona”. Agregó que la comunidad internacional está expectante de qué apoyo necesitará el nuevo gobierno para crear procesos que permitan frenar la corrupción e impunidad, tomando en cuenta que una de las propuestas de Castro es la creación de una Comisión internacional contra la impunidad, como la que funcionó en Guatemala y que fue respaldada por la ONU.
Así, el nuevo gobierno tiene una mochila llena de expectativas y un panorama, por ahora, bastante nublado. Honduras es un país que depende enormemente del apoyo internacional y que, en la situación actual, no es autosostenible. Está por verse si Castro decide aceptar esa realidad y aprovechar el apoyo internacional en beneficio de la democracia y el desarrollo, o si cederá a la tentación del aislamiento autoritario.
Jennifer Ávila Reyes es periodista y directora del sitio ‘Contracorriente’ en Honduras.