Tras aquella conversación con Sánchez

Aunque es razonable que mucha gente albergue dudas sobre quién ostenta la mayor responsabilidad política en nuestro país -si el presidente del Gobierno, los independentistas que han facilitado su investidura o los dirigentes de Podemos que le acompañan en el Ejecutivo-, entiéndanse las siguientes reflexiones dirigidas a quien legalmente está al mando, que es el jefe del Gobierno central. Ninguno de mis posicionamientos le resultarán novedosos, pero creo conveniente reiterarlos con prontitud y claridad en este momento, a mi juicio uno de los más críticos de nuestra historia democrática.

De forma general, lo que pienso al respecto de la situación que vive nuestro país se lo trasladé el pasado día 17 de diciembre al entonces candidato Pedro Sánchez en conversación telefónica. Como dije posteriormente el tono fue cordial, aunque la brevedad de los quince minutos de charla impidió profundizar en los asuntos abordados. En todo caso, además de plantearle a quien hoy ya es presidente los problemas pendientes de Galicia -como el calendario nuevamente incumplido del AVE y de todas las autovías pendientes, o la grave crisis industrial provocada por decisiones energéticas improvisadas que ponen en riesgo el futuro de 5.000 familias-, aproveché para expresarle dos temores. El primero es que la crisis territorial difícilmente podrá resolverse si se mantiene la deuda del Gobierno con las comunidades autónomas (2.500 millones, 370 en el caso gallego). El segundo, las consecuencias que puede tener para la España de las autonomías asociarse o pactar con quienes quieren precisamente socavarla y así lo proclaman.

Pese a la desconfianza en que el nuevo Gobierno vaya a ser útil para España, quiero reconocerle en primer lugar su legitimidad: es mi Gobierno, como lo es para el conjunto de españoles, con independencia de que me guste más o menos. Sin embargo, debo trasladar igualmente que los acuerdos que han trascendido no hacen más que incrementar la inquietud. Intranquiliza tanto lo que se ha plasmado en los pactos como lo que se omite, tanto lo que se da a entender como lo que se presta a interpretaciones contradictorias. Esa confusión deliberada en el mejor de los casos abriría la puerta a políticas dañinas para el Estado de las autonomías, y en el peor ocultaría objetivos calculados e irreversibles.

Dañar el Estado autonómico o someterlo a un cuestionamiento permanente equivale a poner en riesgo a las comunidades que lo forman y, lo que es mucho más importante, a los ciudadanos que viven en ellas, incluidos los gallegos a los que represento. De ahí que haya optado por prolongar aquella conversación telefónica con estas reflexiones que hago en mi doble condición de presidente de la Xunta y representante ordinario del Estado en la comunidad gallega, y que espero poder trasladar próximamente al presidente y a los principales responsables de la política territorial en España. A mi modo de ver, dos son las premisas nocivas sobre las que el actual Gobierno central y sus socios pretenden asentar lo que llaman «diálogo territorial». La primera es considerar que las comunidades autónomas forman parte de las negociaciones de investidura, bien a través de determinadas formaciones, o bien como destinatarias de medidas acordadas. Es una anomalía inaceptable permitir que un partido concreto se arrogue la representación de toda una comunidad (o incluso de otra limítrofe) y también lo es que el candidato a presidir el Gobierno distinga los servicios que va a prestar a los ciudadanos o las inversiones que va a hacer en un lugar o en otro en función de los apoyos.

Semejante comportamiento ya es reprobable cuando los partidos con los que se negocia tienen apoyos de cierta importancia numérica en las comunidades respectivas, pero resulta inadmisible cuando las prioridades de territorios completos se someten a formaciones que son totalmente minoritarias en ellos. ¿Cómo puede llegar el Gobierno a la conclusión de que una de las prioridades de Galicia es el reconocimiento de su sentimiento nacional, tal y como figura en uno de los acuerdos firmados para alcanzar la investidura? ¿En qué proceso electoral de cualquier índole el pueblo gallego ha expresado su interés mayoritario en ello?

Al margen de esas contraprestaciones injustificables, también hay que referirse a otras de mucho mayor alcance que afectan a la médula de la España autonómica. Ni la bilateralidad que desborda las mesas sectoriales, ni esa prometida «adecuación» del Estado a las exigencias independentistas, ni mucho menos el surtido de nuevas naciones que se baraja, tienen encaje en el marco político acordado por todos. Lo más curioso es que con estas onerosas cesiones no se garantiza la estabilidad del modelo, ni la lealtad constitucional, ni siquiera una legislatura sin sobresaltos, sino tan solo una investidura.

La segunda premisa perniciosa consiste en disfrazar como conflicto político delitos contra el Estado y, por ende, contra el conjunto de los ciudadanos que lo conformamos. La traducción práctica de esta decisión tan equivocada es que se pretende emprender la reformulación autonómica a espaldas de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles que no somos independentistas. Y para justificarlo se lanzan mensajes confusos a sabiendas porque el mal llamado conflicto político no tiene su origen en el sistema autonómico, sino en quienes quieren derogarlo al ser un obstáculo para sus pretensiones.

Está ahí agazapada una división de las autonomías que sería claramente un agravio comparativo que no debe permitirse y que además es contrario a los principios de igualdad reconocidos en la Constitución. De un lado, una primera división de comunidades a las que se reconoce un supuesto conflicto político o que amenazan con desatarlo, y de otro las demás. Según este esquema y a pesar de la proclamada vocación social del nuevo Gobierno, su ejercicio dependería del grado de conflictividad en cada territorio y no de necesidades objetivas y evaluables de los ciudadanos, con independencia del lugar en el que vivan.

Pues bien, España no puede permitirse tener un Gobierno en el que ejercer el nacionalismo más insolidario se perciba como un buen negocio. No puede permitirse que el chantaje de unos pocos pese más que las necesidades sociales y económicas de la mayoría de españoles. No puede permitirse que la precariedad parlamentaria del Ejecutivo se priorice por encima del daño que se pueda hacer a nuestro país. No puede permitirse que tenga más el que más grite. No puede permitirse que la agitación y el incumplimiento de las leyes sea el camino más corto para lograr compromisos e inversiones. No puede permitírselo porque no es justo para los ciudadanos pero porque tampoco sería inteligente: un Gobierno débil ante los independentistas no solo reforzará sus posiciones sino que dará alas a los que empiezan a ver en ellos un modelo a seguir.

Esta combinación de un Gobierno hipotecado y unos nacionalismos que olvidaron la lealtad institucional y se han convertido en independentismo, puede conducir a una crisis de dimensiones incalculables del modelo territorial, que por supuesto siempre es susceptible de mejorar, pero que ha funcionado razonablemente bien. Sin un Gobierno central que lo reivindique y unas autonomías que lo defiendan, la igualdad y la solidaridad constitucionales quedarían sometidas al doble acoso extremo de los partidarios de la autodeterminación y la independencia, y de los que propugnan un centralismo uniforme e intransigente que nunca se ha dado en nuestra democracia y que tampoco fue el pactado durante la Transición.

Soy el representante democrático de Galicia y hablo por ello en nombre de un pueblo que es plural, pero cuyo apoyo y respeto al modelo autonómico actual es ampliamente mayoritario. Galicia ha dicho «no» a los nacionalismos de forma reiterada cada vez que se le ha preguntado en las urnas. Somos ejemplo de que es compatible ser nacionalidad histórica y mantener una lealtad exquisita al conjunto de la Nación de la que formamos parte y a la Constitución que garantiza su unidad. Ser gallegos es nuestra forma de ser españoles. He ahí el motivo de estas consideraciones que coinciden en lo esencial con las que han realizado presidentes de otras comunidades y con militancia política diversa.

Resolver el problema que ha creado en Cataluña el independentismo trasladando al conjunto de España la fragmentación, el radicalismo y las políticas aventureras que en esa tierra hermana proliferan, no es una buena receta. No es el Estado, obligado a velar por todos, el que debe «adaptarse» a quienes no quieren ninguna adaptación, sino al revés. Dicho de otro modo, a aquellos que nos quieren persuadir de que la única salida al atolladero de la política catalana sería un estatus diferencial y exclusivo para Cataluña, que suponga a la postre privilegios de unos españoles sobre otros, debo decirles que desde luego a mí nunca me van a convencer. Si se pretenden establecer unas nuevas reglas de juego en la política autonómica en las que predomine la asimetría y el privilegio y la inhabilitación sean un mérito, la postura de Galicia es muy clara. Aseguro con rotundidad que la Xunta prefiere un marco dominado por la legalidad, la lealtad institucional, la cortesía en las formas, el multilateralismo, la atención a los problemas reales de los ciudadanos vivan donde vivan y la solidaridad entre comunidades. Así lo hemos demostrado siempre, incluso en los momentos más difíciles. Así se lo di a entender al presidente del Gobierno en nuestra escueta conversación telefónica. Y así lo reitero ahora.

Si eso no fuera posible, si se escoge otro camino, aseguro con la misma rotundidad que resignarse, callar y aceptar agravios comparativos, no será una opción. Galicia no ha querido nunca, ni quiere, ni querrá ser más que nadie, pero tampoco aguantará ser menos porque todos los españoles somos y debemos seguir siendo iguales. Por eso, el Gobierno de España, de toda España, debe saber que Galicia velará por que esa igualdad se preserve y, si se viese amenazada, se defenderá con todos los medios posibles que nos da la Constitución en la que nosotros sí creemos.

Alberto Núñez Feijóo es presidente de la Xunta de Galicia.

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