El pasado 20 de octubre, aún con su liturgia y retórica habitual, la banda terrorista que acabó con la vida de 829 personas a lo largo de más de 40 años aceptó su final. No ha sido fruto de un examen de conciencia ni de una catarsis moral, sino de su debilidad operativa y de su deslegitimación social. Por supuesto, no hay que bajar la guardia y debemos seguir alerta ante cualquier tentación de volver a las andadas por improbable que sea, que lo es. Pero, además, y a la vez, debemos hacer otras cosas sin las cuales la ansiada paz no será plena; las más importantes son memoria y justicia para sus víctimas; también promover el respeto a las personas, a las instituciones democráticas y a las reglas del juego, la tolerancia positiva y un sano relativismo en Euskadi que espante los integrismos y dogmatismos que fortalecieron a ETA.
Memoria por tanto; primero y antes que nada. Memoria que es básicamente compromiso con las víctimas de ETA (no edulcoremos su principal sentido) por definición todas inocentes. Memoria también del conjunto de los ciudadanos que la combatieron más directamente, héroes sin duda. Por eso decimos que el fin de ETA es el triunfo de la democracia y no de una parte de la sociedad frente a otra. La memoria es por consiguiente algo más que el mero relato o que la historia de lo que pasó que corresponderá elaborar a los historiadores o al periodismo de investigación y que exige rigor científico y una vocación descriptiva que aspira a la objetividad. La memoria, sin embargo, supone tomar partido; no es neutral sino deliberadamente parcial; es una apuesta excluyente a favor de los que sufrieron el terror, para honrarlos primero y como testimonio después para que la violencia fanática no vuelva a repetirse jamás. Por eso es tan importante que se impulse cuanto antes el Centro de la Memoria que prevé la nueva ley de víctimas del terrorismo, aprobada en septiembre pasado por todos los grupos políticos excepto por UPyD. Y debe ser un Memorial exclusivamente para las víctimas del terrorismo, fundamentalmente víctimas de ETA, y no un cajón de sastre que incluya a otro tipo de víctimas, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos o de otros delitos violentos, que merecen sin duda todo el respeto y la máxima consideración y reconocimiento pero que unificándolas, haciendo tabla rasa, diluyéndolas en un todo común, les hacemos un flaco favor a todas, a unas y a otras; no solo porque se trate de violencias diferentes, ninguna aceptable, sino porque cada tipología de víctimas merece un tratamiento específico, un reconocimiento particular, por respeto a su singularidad. Es como si pretendiéramos mezclar a las víctimas del franquismo, a las que debemos por cierto otro Memorial, o de violaciones de derechos humanos en general, con las de la violencia de género o las de delitos especialmente horribles como algunos asesinatos, desapariciones y violacio-nes de jóvenes y menores conocidos en los últimos tiempos. Porque todas estas víctimas son diferentes entre sí, aunque todas compartan un elemento común de sufrimiento y de dolor injustificado.
Y en el caso de las víctimas de ETA, que es el que aquí nos ocupa, existe otra razón para su singularidad: no contribuir, ni consciente ni inconscientemente, a legitimar la "teoría del conflicto", imposible en una democracia avanzada como la nuestra, "de las víctimas de los dos bandos", sostenida falazmente por ETA y por la izquierda abertzale; una teoría que enmascara la cobardía de no afrontar con grandeza y hombría de bien la responsabilidad por el inmenso daño causado unilateralmente; es esa "huelga moral" de la que habló Primo Levi. Y no pienso tanto en que se pida perdón, del que no soy entusiasta ni tampoco el conjunto de las víctimas y que sería "mucho pedir" si se hiciera en serio, más allá de su valor jurídico para la obtención de beneficios penitenciarios de acuerdo con la legalidad vigente. Basta con que no manipulen la verdad de lo sucedido, aunque sea solo por respeto a los muertos, el que no le tuvieron cuando fueron asesinados.
Justicia, en segundo lugar. Por supuesto, la justicia del Estado constitucional de derecho. A sensu contrario: ni venganza, ni impunidad. Sí, para los presos, posibilidad de reinserción social, tal y como prevé la Constitución de 1978. También y antes reparación integral de las víctimas, a poder ser por sus victimarios o incluso por los miles de simpatizantes y votantes que hoy no quieren ya violencia y sí política democrática en las instituciones. No sería un mal paso; a mi juicio, mejor, más práctico y tangible, que el metafísico perdón y su intrínseco arrepentimiento, poco probable y, hoy, poco creíble... Es una justicia, en suma, garantista para el reo, sin tratos inhumanos ni degradantes, posibilista en la reinserción, respetuosa con los derechos humanos fundamentales. Una justicia que también protege a la víctima, antes, durante y después del proceso penal; que le concede derechos que salvaguardan su dignidad y su buen nombre, incluso su intimidad; que garantizan su derecho a ser escuchada y a saber y que aseguran su reparación administrativa y/o judicial como en ningún otro país del mundo. Es verdad que la decisión última en un Estado de derecho que se precie corresponde a los jueces, ese tercero imparcial que diseñaron Montesquieu o Beccaria, intérpretes y aplicadores de la ley, y así debe seguir siendo, también cuando no compartimos sus decisiones.
En definitiva, Memoria y Justicia son las dos ideas fuerza que a mi juicio deben inspirar a partir de ahora, en este nuevo tiempo sin ETA, a las instituciones y a la sociedad vasca y española. También más respeto, en el sentido profundo del término: a las personas (Homo homini sacra res, decía Séneca), a las reglas del juego y a la diversidad social y cultural de Euskadi y de España, con un pluralismo político que es estructural y no coyuntural y que bien interpretado es una bendición para todos, que imposibilita la secesión y que "condena" a los vascos primero y al conjunto de los españoles después a vivir juntos, a convivir. Bendita convivencia. Bendito pluralismo.
Por José Manuel Rodríguez Uribes. Ocupa la Cátedra Berinstain sobre el terrorismo y sus víctimas de la Universidad Carlos III y es director general (en funciones) de Apoyo a Víctimas del Terrorismo en el Ministerio del Interior.