Mariano Aguirre, Codirector y Coordinador, Programas de Paz y Seguridad y de Derechos Humanos, FRIDE (El Correo, 11/12/05).
Poco antes de partir hacia Europa el pasado 5 de diciembre, la secretaria de Estado de EE UU, Condoleezza Rice, aceptó que su Gobierno ha trasladado a prisioneros entre diferentes partes del mundo pero negó que fuesen llevados a países donde se les tortura. Indicó también que esas «entregas» de prisioneros se hacen respetando la soberanía de los Estados aliados. Los prisioneros son muy peligrosos, dijo, y las informaciones que se obtienen de ellos «han evitado atentados terroristas y salvado vidas inocentes en Europa y en EE UU». Por otra parte, explicó que esos prisioneros son «combatientes ilegales» y que en ocasiones no pueden aplicarse los procedimiento normales de extradición. De ahí que en esos casos se use la política de «entregas» o traslados.
La secretaria de Estado situó esta argumentación en el marco de tres aclaraciones. Primera, que EE UU lidera la guerra contra el terrorismo. Segunda, que si Europa quiere colaborar en esta guerra debe encontrar un balance entre seguridad y libertades. «Depende de los gobiernos y sus ciudadanos decidir si quieren trabajar con nosotros», indicó, «para prevenir atentados y cuánta información reservada pueden hacer pública». La tercera, que hay cosas de las que no se puede informar: «No podemos hablar sobre cuestiones que comprometerían el éxito de operaciones militares, policiales o de información; confiamos en que otras naciones compartan este punto de vista».
Rice llegó a Europa atacando, con el fin de defenderse de las acusaciones sobre que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha organizado centros de detención ilegales en Rumanía y Polonia, y que aviones de EE UU han usado en centenares de ocasiones aeropuertos en los últimos años para trasladar prisioneros a terceros países, en los que se les habría sometido a «interrogatorios agresivos», o sea, tortura. Los Estados europeos implicados son Alemania, el Reino Unido y España, entre otros, y Egipto y Siria los países a los que habrían sido conducidos los prisioneros. Las cosas son todavía más complicadas porque hay denuncias de secuestros de sospechosos en las calles de Italia y Suecia, con la posible complicidad de Roma y Estocolmo.
El caso de los traslados y las entregas de prisioneros es un elemento más de la política que inició el Gobierno de EE UU a partir de septiembre de 2001. Ésta incluye el recorte de libertades dentro de su país, la redefinición y regularización de la tortura, el abandono de los compromisos jurídicos internacionales en el campo de los derechos humanos, el uso de bases y centros de detención (la base de Guantánamo en Cuba, Abu Graib en Irak, Afganistán y Tailandia, entre otros) y la transferencia de prisioneros a terceros países para ser torturados y evitar engorrosos trámites y límites judiciales. Esta política liderada por EE UU, como ha indicado la señora Rice, puede ser o no asumida por los aliados.
Pero la cuestión no es tan sencilla. Un traslado secreto de prisioneros no es lo mismo que una extradición entre Estados. El primero es un ejercicio ilegal mientras que el segundo es un procedimiento legal. «La secretaria de Estado», afirmó Human Rights Watch el 6 de diciembre, «presenta la entrega ilegal como si fuese sencillamente una forma más de extradición, pero de hecho es una forma de secuestro y de 'desaparición' de alguien realizado de forma totalmente fuera de la ley».
En segundo lugar, todos los prisioneros tienen derechos, pero EE UU se los niega a los que considera «combatientes ilegales», una figura legal inexistente. En Guantánamo, Washington mantiene alrededor de 500 presos desde hace tres y cuatro años sin que abra una causa judicial contra ellos. A la vez, existen numerosos testimonios e informes, algunos realizados por comisiones oficiales, que indican la práctica sistemática de torturas.
Si Washington traslada a un prisionero sin causa entre uno o más países, y además a un destino donde puede ser torturado, está violando la Convención de Ginebra contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. EE UU es firmante de la Convención, pero entre 2001 y 2002 la asesoría legal del Gobierno de George Bush Jr. elaboró una serie de memorandos orientados a redefinir y flexibilizar el concepto de tortura, proteger al presidente de eventuales acusaciones futuras de crímenes contra la Humanidad y ampliar su mandato de comandante en jefe para que no dependiese del Congreso en el liderazgo y las formas de hacer la guerra contra el terrorismo.
En el último año y medio las denuncias e informes sobre el uso de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad e inteligencia de EE UU se han multiplicado. La Corte Suprema se ha manifestado en contra de la detención ilegal e indefinida de presos y el Congreso votó recientemente una ley que prohíbe el uso de «castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes». Los medios periodísticos tratan el tema cada día.
Por su parte, el Gobierno lanza mensajes aparentemente contradictorios: mientras que Bush y Rice dicen que no se usa la tortura, el vicepresidente Richard Cheney se ha opuesto firmemente a esa ley del Congreso y trata de negociar excepciones para que la CIA pueda usar métodos «reforzados» en los interrogatorios. El empeño que ha puesto en que haya un margen para el uso de malos tratos es tan grande que 'The Washington Post' editorializó hace pocas semanas diciendo que será recordado como «el vicepresidente de la tortura». El presidente, por su parte, ha dicho que si la ley sigue adelante la vetará.
Recientemente, la cadena de televisión 'ABC' explicó las diferentes técnicas que la CIA usa en este tipo de «interrogatorios reforzados». Éstas incluyen mantener a los presos durante más de 40 horas de pie sin dejarlos dormir, tenerlos desnudos en una habitación fría arrojándoles agua helada cada cierto tiempo, golpes en el estómago con la palma abierta y envolverles la cabeza con una bolsa de plástico que se llena de agua hasta hacerles sentir que se ahogan. Las denuncias indican que las prácticas en Abu Graib y otros lugares han ido, de todos modos, mucho más lejos.
Una serie de intelectuales liberales, entre ellos el famoso experto en derechos humanos Michael Ignatieff, han abierto la puerta junto con el Gobierno en los últimos años a revisar el concepto de tortura y han sugerido que contra el terrorismo es necesario usar un cierto nivel de malos tratos con el fin de salvar miles de vidas, pero que, a la vez, es preciso regularizar y controlar el uso de la tortura.
Los informes realizados en las bases de Abu Graib, Guantánamo y Afganistán indican que, como ha ocurrido en decenas de países, una vez que las fuerzas de seguridad tienen a un prisionero en sus manos y se sienten protegidos para torturarlo, se abre el camino del infierno. Precisamente en el que se ha metido EE UU, con la ayuda premeditada o inconsciente de algunos aliados.