Travestismo político

Batasuna está deshojando la margarita. Tal vez se presente a las elecciones, tal vez no; quizás condene la violencia, quizás no. Lo que parece claro es que en este proceso de concurrencia electoral, de resurrección legal de la extinta Batasuna, existe todo un abanico de posibilidades para disfrazar la renuncia a la violencia. De momento, Otegi se ha iluminado reconociendo que con la violencia no lograrán más independencia que la emancipación que se le supone a una celda penitenciaria.

Ese abanico de posibilidades en la fórmula de renuncia a la violencia se concentra, básicamente, en torno a variaciones semánticas de dos futuribles. Batasuna puede condenar la violencia, con distintas retóricas, o Batasuna puede renunciar a la violencia, también con diversos planteamientos. Tanto el presidente Zapatero como varios de sus ministros han insinuado unas veces y afirmado sin aspavientos otras que Batasuna sabe lo que tiene que hacer para presentarse a las elecciones autonómicas y locales. A Batasuna ya le han pasado el esquema de trabajo con los escenarios que serían admisibles (lo que traducido también quiere decir asumibles por el Gobierno de cara a la ciudadanía) y aquéllos que no. A lo que parece, la opción maximalista de condena de la violencia no sería necesaria para que Batasuna concurriese. Es cierto que muchas de las palabras que caen de las bocas de nuestros políticos o que los analistas mencionan estos días incluyen la condena a la violencia, incluso la condena a ETA, como prerrequisito para la resurrección, travestida eso sí, de Batasuna. Sin embargo, presiento que el umbral de exigencia no va a llegar tan alto.

Si nos leemos la Ley de Partidos, jurídicamente hablando no sería ni siquiera obligado que Batasuna renunciara a la violencia. A efectos de inscripción de un nuevo partido (y es lo que sería la marca que eligiera Batasuna, un nuevo partido), lo que se pide al grupo que quiere ser incluido en el registro oficial es que en sus estatutos no se incluya la persecución de sus objetivos, resumiendo, por medio ilegal alguno. No creo que en los estatutos del PCTV se renuncie expresamente a la violencia, y muchos menos que se incorpore un anexo en donde se condene, en explícito, a ETA. Con el travesti político que elija Batasuna para recuperar ayuntamientos, puestos de trabajo y financiaciones perdidas puede ocurrir lo mismo. De lo contrario, entraríamos en el terreno de la discriminación. La ley no ha previsto que el nuevo disfraz de Batasuna tenga que obtener un plus de calidad condenando la violencia para ajustarse a Derecho. Todo lo contrario. La suposición es que los candidatos de Batasuna serán tratados como cualquiera otro candidato. De esta manera, y si la deducción es lógica, bastaría con que los abertzales proetarras redactaran sus renovados estatutos especificando que no quieren nada más que hacer política por medios políticos y legítimos para que, administrativamente, la autorización se expediese. Sin embargo, es de suponer que Batasuna no se quedará ahí, pero tampoco llegará mucho más lejos.

El camino intermedio será el de la virtud. Lo más eficiente, para que el travesti político de Batasuna se ajuste al marco legal dejando margen de maniobra a Zapatero para que pueda tener argumentos ante la opinión pública, es que en los estatutos se escriba que la consecución de los objetivos políticos independentistas será por vías democráticas, legales y apartada de métodos violentos. Así, o algo por el estilo. Con ese planteamiento, una Batasuna travestida pasaría el control. Entonces, ¿por qué no han presentado los documentos ya, si es tan fácil?

Pues, en primer lugar, porque el tiempo es un factor estratégico. Batasuna sabe que al Gobierno de Zapatero, que ha hecho una apuesta personal y política muy clara por el proceso en Euskadi, le interesa tener a la izquierda abertzale descolgada al menos tácitamente de la violencia, dentro del juego político. Batasuna sigue los dictados de ETA y la banda terrorista está manejando la agenda en su propio beneficio. Así las cosas, ETA pudiera estarse planteando si sería más ventajoso apurar la legislatura de Zapatero con Batasuna ilegalizada, como modo de presionar lo suficiente al presidente para que haga concesiones al submundo etarra, ante la eventual reelección de 2008. En este sentido, puede ser mejor para ETA asegurar un mensaje de abandono del terrorismo firmado de su puño y letra en las Navidades de 2007, aunque no tenga el sueldo para sus concejales en los ayuntamientos pero mantenga las líneas de financiación extraconyugales del PCTV, y a cambio obtener alguna ventaja estratégica más de fondo de cara al futuro. Este escenario enrevesado pasa, necesariamente, por que Zapatero gane el Gobierno en 2008. Y eso está por ver. De momento, el PP de un Rajoy amortizado se ha soltado la melena y ha roto hasta con lo que parecía irrompible, el consenso antiterrorista. Incluso, se les puede ocurrir el abracadabra de renovar la candidatura nacional del partido para las presidenciales de 2008. Tras las autonómicas de este año, una jugada maestra sería 'dimitir' a Rajoy y situar a Gallardón o a Esperanza Aguirre de cabeza de lista para las generales. Las quinielas políticas variarían una barbaridad.

En segunda instancia, si el travesti electoral elegido por Batasuna pasara el filtro del registro legal, todavía nos quedaría por colocar a Otegi y sus mariachis. Estos muchachos, sin profesión conocida, no podrían de ninguna manera entrar en las listas electorales, porque ya están contaminados por su conocidísima militancia batasunera, etarra contrastada en algunos casos. Por muchos requiebros que se quieran hacer, Otegi en las nuevas lista activaría inmediatamente, o debería activar, la ilegalización de la incipiente marca política por ser la continuación, a través de sus miembros, de una formación ya ilegalizada. Este escollo, la pura y simple conservación del puesto de trabajo, seguramente está pesando lo suyo en la dilación de la decisión por parte de los batasuneros. Y es que, con Otegi y Permach en el paro, negociar no es lo mismo.

Andrés Montero, director del Instituto de Psicología de la Violencia.