¿Tres en uno?

En bricolaje, el tres-en-uno es muy eficaz: desatasca, pues sus componentes van en la misma dirección. En política fiscal, propugnar simultáneamente tres modelos incompatibles entre sí suele ser indigesto. Y confunde.

Es lo que está sucediendo en Cataluña con el reavivado debate sobre la financiación, en el que la federación nacionalista dominante postula al tiempo una cosa y sus contrarias. Eso sí, faltaría más, todas ellas legítimas. Que no significa acertadas.

Tras la mediocre sentencia del Tribunal Constitucional (TC, 28-VI-2010) que rebajó el alcance del nuevo Estatut, CiU dio (más o menos) por “roto el pacto constitucional de 1978”, y por “inservible” el texto estatutario. Y empezó a propugnar un “pacto fiscal en la línea del concierto económico” vasco, como insiste todas las semanas el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

El designio, de corte confederal (recaudación de todos los impuestos y entrega de un cupo a la Administración central para sufragar los gastos comunes y una cuota simbólica de solidaridad) es aún bastante genérico.

No implicaría una reforma de la Constitución, sostienen sus diseñadores (con el apoyo jurídico del Institut d’Estudis Autonòmics, IEA), sino solo una reforma de la LOFCA y una ley ordinaria concretando sus detalles. Y se negociaría la próxima primavera. Con un Gobierno, cuyos máximos aspirantes a presidirlo, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, han mostrado ya, cortésmente, una distancia sideral sobre el propósito. La hoja de ruta figura en el escueto manual del portavoz Francesc Homs, Dret a decidir, estació concert (Editorial Base, 2010).

En paralelo al modelo confe-deral / soberanista, CiU apuesta también por el autonómico / federal: “Recuperar al máximo el espíritu y contenido del Estatut debe ser uno de nuestros objetivos en esta legislatura (…) lo debemos hacer con leyes orgánicas y mediante el artículo 150.2 de la Constitución”, que permite al Gobierno central ceder a las autonomías competencias estatales, acaba de sostener el candidato democristiano a la convocatoria de pasado mañana, Josep Antoni Duran i Lleida.

La idea subyacente es que la Constitución no estaría tan rota ni el Estatut habría quedado completamente inutilizable. La hoja de ruta de este modelo es la propia actividad parlamentaria de CiU durante 34 años y las posiciones de Mas en su pacto estatutario con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y aunque el IEA conjetura en su dictamen la cohabitación jurídica del concierto -o régimen especial- con el Estatut -un desarrollo del régimen común, en que se comparten impuestos y se consorcia su recaudación- su atenta lectura evidencia que los encaja retorciendo los artículos cual goma de mascar, como concluyó la comisión de expertos reunida a puerta cerrada en el Parlamento.

La tercera propuesta, más que un modelo, es un guiño. A la independencia. Lo esbozó Mas cuando votó a su favor, al mismo tiempo en público (verbalmente) y en secreto (sin imágenes) en el remedo de referéndum del pasado 10 de abril. O la evaluación que a título de (eminente) académico, su irónico consejero de Finanzas, Andreu Mas Colell, lanzó sobre la independencia: “perfectamente viable”.

La doctrina actualizada del modelo se estiba en Sense Espanya, balanç econòmic de la independència (Pòrtic, 2011). Sus autores, Modest Guinjoan y Xavier Cuadras, calculan que acarrearía, a los catalanes, “majors nivells de benestar econòmic”. Quienes más defienden este esquema, los nuevos líderes de Esquerra, abrogarían toda transferencia de solidaridad.

Más allá de las incongruencias derivadas de la fórmula tres-en-uno, inquieta su cuestionable oportunidad. Plantear un nuevo proyecto de Hacienda no es lanzar una colección de moda de temporada, debiera aspirar a una trayectoria más duradera.

Si la urgencia político-electoral admite las premuras, a la lógica económica de largo plazo le horroriza la precipitación y la frivolidad. ¿Resulta sensato enterrar un modelo de financiación sin haber cotejado su resultado real en, al menos, dos o tres ejercicios normales? ¿Será creíble una alternativa carente de densos trabajos previos, en formato de Libro Verde, como los que fabrica la UE antes de abordar la oportunidad de una nueva gran iniciativa legislativa?

Pero es que, además, la sentencia del TC anuló estrictamente una sola frase del capítulo financiero del Estatut: la que condiciona las transferencias de cohesión a que las autonomías receptoras “lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar”. Si bien no invalida ese criterio por injusto, sino porque correspondería al Estado decidirlo, opción nada imposible de lograr. Aunque el TC interpreta limitativamente otras disposiciones, bendice su cuerpo sustancial: la ampliación de la lista de tributos cedidos y de la capacidad normativa; la nueva Agencia tributaria consorciada; el principio de que la cohesión debe concentrarse en educación, sanidad y servicios sociales; los compromisos de inversión del Estado…

Si ese modelo fue el votado por la ciudadanía catalana, ¿con qué legitimidad se le secuestra, en favor de otro, el concierto, que no ha pasado ninguna prueba de universalidad? Y que en su versión conocida, vasco / navarra, es un privilegio injusto, discriminatorio, insolidario y opaco. ¿Es que para corregir un error hay que multiplicarlo?

Por Xavier Vidal-Folch.

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