La disolución del Parlament y la convocatoria de nuevas elecciones en Catalunya era algo que podía esperarse tras el clima desatado por la manifestación de la Diada. Sin embargo, se mire por donde se mire, una legislatura que ni siquiera ha durado dos años es un fracaso del Govern que la preside, más todavía si tenemos en cuenta la principal circunstancia que se alega al disolver, es decir, no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno central sobre la financiación autonómica. ¿Es Artur Mas tan ingenuo que ya en la primera ronda de negociaciones pretendía llegar a tal acuerdo? ¿O bien al imponer una condición imposible –el pacto fiscal entendido como concierto económico– pretendía el fracaso de la negociación, hacerse la víctima y justificar el paso siguiente, la llamada transición nacional, es decir, el proceso a la independencia? No hay duda que desde hace meses este itinerario estaba trazado.
A modo de ejemplo, Oriol Pujol declaró en marzo pasado: “Las posibilidades de que la política española entienda y atienda los planteamientos del pacto fiscal son muy, muy, muy pequeñas”. Como comentamos entonces ( La Vanguardia, 29/III/2012), “repetir tres veces el adverbio ‘muy’ indica una confianza mínima, por no decir nula. ¿Es el pacto fiscal, por tanto, una mera excusa para dejar transcurrir un tiempo y pasar a plantear definitivamente la independencia?”
En efecto, el asunto del llamado pacto fiscal ha sido una simple etapa dentro de un viaje más largo cuya meta es la independencia. Puede ser que la manifestación de la Diada haya acelerado el proceso. Puede ser. Es también posible que al anunciar la disolución inmediata de la Cámara catalana, Mas haya querido impedir el debate para que no se evaluara, por ejemplo, que a pesar de los recortes de gasto, la deuda de la Generalitat ha alcanzado los 48.000 millones de euros y la institución se encuentra, de hecho, quebrada. También es posible. En todo caso, al precipitarse todo el asunto para montarse en la ola populista de la manifestación, Artur Mas ha cometido, a mi modo de ver, tres graves errores tácticos.
En primer lugar, en medio de una crisis económica tan grave como la que atravesamos, plantear aventuras inciertas que afectan a la credibilidad de nuestro sistema económico es una clara irresponsabilidad. Los inversores –sean nacionales o extranjeros– tienen aversión al riesgo y buscan seguridad jurídica. El Govern de Mas se presentó como un gobierno business-friendly, un amigo de los empresarios, y se me está convirtiendo en lo contrario. La advertencia de José Manuel Lara al decir que el grupo Planeta abandonará Catalunya sólo es la cresta de la ola de una creciente inquietud.
De momento, sólo el anuncio de este proceso ya ha provocado turbulencias: un cierto daño ya está hecho, irremediablemente. A medio y largo plazo es muy posible que Catalunya sea económicamente viable como Estado independiente, pero a corto plazo, es decir, dentro de los próximos diez o quince años, las inciertas variables políticas que inevitablemente condicionan las perspectivas económicas son obviamente muy negativas.
En segundo lugar, Artur Mas cometió un error de bulto al decir en el Parlament que el proceso de independencia se pretendía llevar a cabo dentro de la legalidad pero, añadiendo, que si esta legalidad no permitía alcanzar el fin buscado se prescindiría de ella. Es la peor señal que podía darse a la comunidad internacional. Durante los últimos años en Catalunya se ha despreciado a la Constitución, a las leyes y a las decisiones judiciales. Grave error táctico, además de una deplorable concepción de la democracia.
Artur Mas ha dicho estos días, y lo repitió anteayer en sus declaraciones a TV3, que “los marcos legales han de adaptarse a la democracia”, entendiendo así por democracia un proceso desligado y superior al Estado de derecho. Esta idea es justo la contraria de lo que en Europa se entiende por democracia, donde tal concepto y el de Estado de derecho son inescindibles. Si la Generalitat pretende que Catalunya alcance la independencia al margen de lo establecido en las leyes no obtendrá personalidad jurídica internacional y, por tanto, no será reconocida como Estado. Afortunadamente estamos en un mundo regido por normas jurídicas, internas e internacionales, en defensa de los derechos de las personas.
Por último, sostener que se quiere alcanzar una mayoría amplia y prescindir del acuerdo con los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, es caer en el error Ibarretxe, que obtuvo una mayoría de votos en el País Vasco pero no tuvo en cuenta que las rupturas nunca pueden ser unilaterales ya que son cosa de dos. Este tipo de populismo que Mas, quién se lo iba a decir, tanto invoca estos días tampoco es presentable en nuestra cultura política.
Ya sé que Artur Mas y su coro mediático mantendrán que estas reflexiones forman parte del discurso del miedo, una acusación con la que se pretende descalificar a las voces críticas. Y quizás tienen razón: en política siempre hay que tener miedo a los profetas y a los visionarios, a los imprudentes y a los insensatos.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB