Creo que el juez Garzón no tiene ninguna base jurídica para iniciar el proceso penal que está intentando. Lo expuse hace unas semanas (La Vanguardia del 4 de septiembre) y no encuentro motivos para variar de opinión. El recurso del fiscal Javier Zaragoza me reafirma todavía más en lo que ya sostuve: ni la Audiencia Nacional es competente ni es posible perseguir delitos que ya han prescrito, los culpables han fallecido y, además, están cubiertos por una amnistía. Sólo me queda una duda: quizás pretende Garzón acreditar que dichos actos delictivos no pueden ser perseguidos en España porque su legislación interna lo impide, posibilitando así que sean perseguibles desde otros países mediante el ejercicio de la justicia universal. Aunque lo veo muy difícil quizás sea así: Garzón no suele dar puntada sin hilo.
En todo caso, estas actuaciones de Garzón vuelven a ser la ocasión para que se sigan afirmando tres falacias, tres mentiras que, tras tanto repetirse, serán al fin creíbles y aceptadas, de acuerdo con el viejo método recomendado por Goebbels. Estas tres falacias son que la amnistía de 1977 se concedió por presiones de la derecha, que el franquismo no ha sido condenado oficialmente y que la memoria histórica equivale a la historia. Vayamos por partes.
La amnistía no fue una imposición de la derecha a la que se plegaron las fuerzas de izquierdas. La amnistía fue una petición unánime de las fuerzas democráticas antifranquistas que tiene su origen en la política de reconciliación nacional que, desde 1956, llevó a cabo el Partido Comunista. El eslogan más conocido del antifranquismo catalán en los años finales de la dictadura fue "Llibertat, amnistia i estatut d´autonomia", propugnado por la Assemblea de Catalunya. Y la amnistía no fue algo ocasional y táctico, sino estratégico, un elemento esencial para que se diera un giro radical en la historia de España: no más guerras civiles, no más enfrentamientos cainitas, aceptemos todos unas mismas reglas del juego.
La prueba está en las palabras pronunciadas por Marcelino Camacho, el más conocido líder obrero del antifranquismo, como portavoz del grupo parlamentario comunista en el Congreso, al aprobarse la ley de Amnistía: "Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia delante en esa vía de libertad, en esa vía de la libertad y del progreso". La amnistía fue voluntad de todos, la ley se aprobó de forma prácticamente unánime, pero antes que nada era opción estratégica de la izquierda antifranquista.
No sé si hace falta una condena oficial explícita del franquismo, de una dictadura, por las instituciones democráticas que lo han sucedido: lo obvio, probablemente, no es necesario que se vote. Desde 1978 tenemos un régimen político que está en las antípodas del régimen franquista: esta es la mejor condena. Pero si de condenar se trata, lo hizo el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre del 2002 (BOCG, de 29 de noviembre) al aprobar por unanimidad de la comisión Constitucional una amplia moción en la que, entre otras cuestiones, se condena el franquismo, se procede al reconocimiento moral y material de las víctimas no sólo de la guerra sino también de la represión durante la dictadura y se insta al Gobierno para que lleve a cabo una política integral de reconocimiento y protección económica y social de los exiliados y de los llamados "niños de la guerra". Es falso, por tanto, que no haya habido una explícita condena oficial del franquismo.
Por último, la memoria histórica no es el equivalente de la historia, sino algo muy distinto. Como dijo el historiador Santos Juliá, la memoria histórica es "una metáfora para designar un relato sobre el pasado que, a diferencia de la historia, no está construido sobre el conocimiento o la búsqueda de la verdad". La historia la hacen los historiadores, con métodos y puntos de vista distintos; la memoria histórica la utilizan los políticos para justificar y hacer propaganda de sus ideologías y posiciones. Escojan ustedes entre aproximarse a la verdad mediante la historia o dejarse engatusar para reafirmarse en sus convicciones previas mediante la memoria histórica.
Precisamente hace unos días, en un documento llamado Appel de Blois,diecisiete distinguidos historiadores europeos de distintas tendencias - entre ellos Eric Hobsbawm, Jacques Le Goff, Hélène Carrère d´Encausse, Carlo Ginzburg, Winkler y el español Rafael Valls Montes- han mostrado su inquietud ante los "riesgos de una moralización retrospectiva de la historia y de una censura intelectual", llamando la atención para que se ponga fin "a la deriva de las leyes memorialísticas" y advirtiendo que, "en un Estado libre, no corresponde a ninguna autoridad política definir la verdad histórica y restringir la libertad del historiador bajo la amenaza de sanciones penales". En España, algunos quieren estudiar el pasado y hacen bien, es la labor de los historiadores. Pero es preciso que utilicen los métodos de la historia, no la manipulación propia de la memoria histórica.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.