Tres gobernadores estadounidenses explican cómo combaten la manipulación del censo

 Algunos manifestantes exigieron ser contados en el censo para el año 2020 frente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Credit Shannon Stapleton/Reuters
Algunos manifestantes exigieron ser contados en el censo para el año 2020 frente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Credit Shannon Stapleton/Reuters

Estos días ha habido una turbulencia en la vida política de Estados Unidos: la inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía en el censo de 2020 y cómo se hará. Parece que el presidente Donald Trump por fin aceptó la derrota después de que la Corte Suprema bloqueara la inclusión de esa pregunta el mes pasado.

Sin embargo, sin importar lo que ocurra a nivel federal, nosotros nos aseguraremos de que toda la población se cuente en los estados en donde gobernamos. Sabemos que las familias migrantes, aterradas ante las políticas del presidente, tienen miedo de abrir sus puertas porque ser vistas puede ponerlas en peligro.

El gobierno estadounidense no debería infundir miedo de manera intencional. Así que no podemos dejar que estas tácticas eliminen las barreras de las instituciones democráticas que consideramos sagradas. Si el pueblo no participa en el censo, el presidente gana.

La Oficina del Censo dio a conocer un estudio reciente que predecía que quedarían fuera del conteo más de siete millones de personas si se incluye la pregunta de la ciudadanía. Vamos a darnos un momento para entender esto. Estamos hablando de siete millones de personas que son nuestras vecinas, amigas, colegas y familiares, y cuyas vidas están entremezcladas en el tejido social de nuestras comunidades.

Sin embargo, el simple hecho de que no se vaya a incluir la pregunta de la ciudadanía no significa que con ello se hayan acabado la confusión y la ansiedad. No nos quedaremos de brazos cruzados, estamos comprometidos a garantizarles a nuestras comunidades que pueden sentirse seguras al ser parte del censo y que su participación importa.

Un conteo equivocado tendría enormes consecuencias. Erosionaría de manera considerable el poder político de las comunidades de color y reduciría el financiamiento para las comunidades vulnerables en rubros como los servicios médicos, los programas educativos y los caminos y puentes.

Nuestras economías también podrían verse afectadas. Las empresas usan los datos del censo para tomar decisiones de inversión privada por un valor de 4 billones de dólares al año. Además, esa información les ayuda a decidir dónde construir, invertir en otros negocios y qué venderle a quién. Las compañías de servicios públicos los usan para influir respecto a dónde añadir infraestructura e invertir en nueva tecnología.

Todas las personas cuentan y deben ser contadas. Además, como gobernadores, estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que la gente de nuestros estados se sienta tranquila al participar.

Todas las personas tienen derechos fundamentales y garantías, sin importar su condición migratoria. Los datos del censo están protegidos por algunas de las leyes sobre confidencialidad y privacidad más rigurosas que se han escrito. A quienes temen abrir sus puertas, podemos contarles en línea, por teléfono o a través de esfuerzos comunitarios.

La Constitución de Estados Unidos ordena a la Oficina del Censo hacer un conteo justo y preciso de todas las personas que viven en Estados Unidos, con independencia de su etnicidad, condición migratoria, nivel de ingresos o código postal. Esperamos que el congreso otorgue financiamiento adicional para el censo de 2020, pero no nos atendremos a ello. Y así como hemos respondido a los ataques a los derechos electorales, reproductivos y ambientales, nuestros estados siguen en pie de lucha.

Nuestros estados continuarán asignando recursos propios para apoyar a los grupos especializados que se conocen como Comités de Conteo Completo, los cuales aprovechan el conocimiento, la influencia y los recursos locales para educar a cada comunidad sobre la participación en el censo. Estos comités trabajarán con líderes de los gobiernos locales y estatales, comunidades de color, tribus indígenas y empresas para llevar el mensaje de que la participación es segura. Las estrictas protecciones a la privacidad y la confidencialidad permiten que nuestras comunidades sean contadas sin temor.

California es el estado más grande y más difícil de contar. Diez de los cincuenta condados más difíciles de contar en Estados Unidos están ahí, entre los que destaca Los Ángeles, el más complejo por las barreras del idioma, la cantidad de personas indigentes, arrendatarias y comunidades migrantes que temen y desconfían del gobierno federal.

Es por ello que California comenzó a planificar el censo en 2017 y está invirtiendo más de 187,2 millones de dólares (más que ningún otro estado) y se propone llegar a poblaciones difíciles de contar que cumplen con ciertos criterios demográficos, de vivienda y socioeconómicos que hacen que sea más desafiante que se les incluya en el conteo.

El estado ha desarrollado un enfoque regional para involucrar a colaboradores locales, mensajeros confiables y filántropos en su objetivo de comunicarse con la gente. Así mismo, California está trabajando con aliados para abrir centros y quioscos locales de ayuda con el cuestionario, de tal modo que la gente pueda encontrar ayuda en persona y en su idioma.

Oregón está reuniendo a empresas locales y líderes de la filantropía, así como a organizaciones sin fines de lucro y religiosas, además de funcionarios gubernamentales de todo el estado para crear campañas de concientización pública que eduquen a la población de ese estado sobre la importancia de que se le incluya en el censo. Es fundamental que la gente reciba información sobre el censo de colaboradores y líderes comunitarios de confianza.

Oregón está convocando foros comunitarios en varios idiomas para compartir información sobre el censo y escuchar las preocupaciones de la gente; está sacando al aire comerciales de televisión y radio enfocados en distintas poblaciones, y está estableciendo centros de asistencia para el censo. El estado acaba de aprobar una ley bipartidista que asignará 7,5 millones de dólares para esta labor.

En Washington, el Comité de Conteo Completo para 2020 está encabezado por Gary Locke, quien supervisó el censo de 2010 como secretario de Comercio. El estado está otorgando subvenciones a organizaciones comunitarias que fungirán como mensajeros de confianza y proporcionarán apoyo en poblaciones difíciles de contar. Washington también ha fortalecido sus leyes relacionadas con la entrega de información a las agencias federales y migratorias.

Un conteo considerablemente inferior privaría a nuestras comunidades de recursos esenciales y representación política. Negarse a participar solo hará que avancen las metas de los políticos antiinmigrantes de línea dura.

Las cifras son poderosas, ya se trate de la cantidad de personas que viven en nuestros estados o del número de estados que se unan a estos esfuerzos. Representamos a cada una de las personas residentes de Oregón, California y Washington, y trabajaremos para cerciorarnos de contarlas a todas.

Kate Brown es gobernadora de Oregón; Jay Inslee, de Washington, y Gavin Newsom, de California.

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