Tres planes, ocho elementos

Cuando una propuesta parlamentaria de diálogo-negociación para proceder a una consulta democrática de los ciudadanos de una colectividad nacional como Catalunya, avalada por el 74% de sus representantes, es rechazada por el 90% de los diputados del resto del Estado, lo que se está expresando es que la democracia española tiene un grave problema estructural. Un grave problema de legalidad y de legitimidad. Dada la imposibilidad, una vez más, de establecer acuerdos estables basados en el reconocimiento y acomodación de la diversidad nacional del Estado, las posibles soluciones quedan enmarcadas en tres vías o planes generales.

Plan A. Reforma constitucional plurinacional. Se trataría de establecer pactos reales de confianza –no meramente ambiguos y aparentes como se han revelado los de la Constitución española–, que regularan el reconocimiento del carácter nacional de Catalunya y un autogobierno amplio, prácticamente independiente, en los ámbitos político, económico, fiscal, cultural, lingüístico, simbólico, europeo e internacional. La reforma tendría que establecer inequívocamente que son los ciudadanos y las instituciones catalanas los que tienen la última decisión (derechos de veto, procedimientos de opting in y opting out, etcétera). El proyecto de reforma del Estatut (2006), a pesar de todas las limitaciones, participaba tímidamente en esta dirección. Pero se trata de una vía clausurada en la práctica por la sentencia del Constitucional (2010). El “diálogo” y el “consenso” han mostrado ser un engaño. Lo único positivo del fracasado proceso de reforma estatutaria es, simplemente, que se hizo, así que han quedado claros los límites estructurales de esa vía. Desde los parámetros políticos e intelectuales de la primitiva cultura política de los partidos e instituciones españoles, nada indica que sea posible una reforma constitucional que posibilite una solución solvente, adelantada y estable del pluralismo nacional del Estado. La dinámica y experiencia de los últimos años, que incluye ahogo económico, menosprecio político, lingüístico y cultural de Catalunya y un escandaloso déficit fiscal por el Gobierno central, sitúan el plan A como vía completamente carente de realismo.

Plan B. Independencia con referéndum/consulta. En contra de lo que se dice desde el poder central, la convocatoria de un referéndum tiene cabida en el marco legal actual. Como señala un reciente y sólido informe del Institut d’Estudis Autonòmics, hay hasta cinco vías legales posibles: la aplicación del artículo 92 CE (referéndums), la delegación de esta competencia (art. 150.2), una reforma constitucional rápida sobre este punto, o la aplicación de las dos leyes de consultas del Parlament de Catalunya, la del año 2010, hoy en vigor, pero con un recurso pendiente en el TC, o la nueva ley actualmente en trámite parlamentario. Con este referéndum/consulta la situación de Catalunya sería similar a la de Quebec o Escocia. El procedimiento tendría que incluir todas las garantías de democracia, transparencia y legalidad –local o internacional–. Creo que sería conveniente, en términos de europeización y modernidad del proceso, convocar la consulta el mismo día que el de Escocia (18 de septiembre del 2014). Sería el día del referéndum Scot-Cat. Caso que el resultado fuera favorable a la independencia, se abriría un periodo de negociación entre las instituciones catalanas, europeas y del Estado. ¿Resulta realista el plan B? Vías legales hay, pero aquí hace falta la voluntad política del poder central de querer transitarlas. Y de momento, la estrategia de las instituciones y partidos españoles no es que triunfe el no en el referéndum, sino, simplemente, que no se pueda hacer. Es decir, que los ciudadanos catalanes no puedan expresar democráticamente cuál es la voluntad mayoritaria sobre su futuro.

Plan C. Independencia sin referéndum/ consulta. En política, a veces las vías aparentemente más rupturistas resultan ser las más realistas. Especialmente cuando desde una de las posiciones en disputa no hay voluntad de llegar a acuerdos solventes. Si las instituciones del Estado siguen negando la posibilidad de convocar legalmente la consulta, se tendrán que aplicar vías alternativas en las que resultará inevitable un alejamiento de la legalidad actual.

Los planes B y C comparten seis elementos: apoyo de una mayoría social interna, internacionalización del proceso, liderazgo institucional de prestigio, movilización ciudadana, transversalidad de los partidos favorables al proceso, y construcción de agencias propias de gobierno. El plan C previsiblemente incluiría dos elementos más: la convocatoria de elecciones plebiscitarias y una declaración final de independencia por parte del Parlament. Pero la independencia no se ha simplemente de declarar, sino que se tiene que establecer de manera sólida, tanto en términos institucionales internos como internacionales (ONU, Consejo de Europa, UE). Y eso no se improvisa, hay que trabajarlo a fondo.

En definitiva, tal como pasa en los matrimonios, cuando las vías del acuerdo, la confianza y la convivencia razonable no resultan posibles, lo que la lógica y la práctica propician es la vía del desacuerdo, la desconfianza y la separación. En términos democráticos, cuando la legalidad es permanentemente hostil a un país, desobedecerla resulta completamente legítimo. La fuerza de Catalunya es la de sus ciudadanos y la de sus instituciones. Se trata de una cuestión de dignidad colectiva.

Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política en la UPF

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