Más de 100 días después de que el Reino Unido votara por un estrecho margen a favor de abandonar la Unión Europea, todavía no está para nada claro qué acuerdo regulará el comercio a través del Canal después del Brexit. Las discusiones políticas tienden a girar alrededor de tres cuestiones clave: los controles inmigratorios, el acceso al mercado único y los derechos de establecimiento para los servicios financieros. ¿Qué equilibrio deberían alcanzar los líderes europeos?
Muchos en Gran Bretaña saben exactamente lo que quieren: imponer controles al movimiento de trabajadores desde el resto de la UE, protegiendo así el mercado laboral interno, pero sin perder acceso al mercado único o a los derechos de establecimiento, que les permiten a las empresas británicas vender sus servicios financieros en el continente. Después de todo, ese fue el tipo de acuerdo que muchos líderes de la campaña "Leave" (Irse) prometieron antes del referendo de junio.
Pero la promesa de los defensores del Brexit sigue siendo una expresión de deseo. Como señaló el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, el acceso al mercado único está inexorablemente asociado al movimiento libre de las personas. Por cierto, él llegó a ofrecer enviarle a Boris Johnson, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, una copia del tratado de Lisboa, donde se estableció ese vínculo.
Esto puede sonar legalista y, en verdad, refleja motivaciones políticas. Pero los principios económicos básicos implican que el movimiento libre es cuando menos tan importante como el libre comercio.
El comercio normalmente beneficia a ambas partes. Por lo tanto, es evidente que el interés común del Reino Unido y de la UE es minimizar las pérdidas generadas por la introducción de nuevas barreras a través del Brexit. Desde el punto de vista del bienestar europeo, lo que importa es el tamaño de las barreras comerciales, no cuál de las partes es un exportador o un importador neto. Las barreras bajas normalmente tienen bajos costos, a menos que se vean afectados grandes volúmenes comerciales. Pero cuando las barreras se vuelven más altas, el impacto negativo en el bienestar aumenta desproporcionadamente.
La buena noticia para el Reino Unido es que probablemente no enfrentaría barreras comerciales sustancialmente más altas aún si decidiera abandonar el mercado único. Después de todo, la UE tiene, en general, un régimen comercial liberal, con aranceles externos bajos. Es por eso que muchos estudios no consideran los beneficios económicos del comercio transatlántico sin aranceles como la razón principal para llevarlo a la práctica.
Inclusive si el Reino Unido enfrentara algunas barreras adicionales -como nuevos requerimientos aduaneros y certificados de origen-, es probable que su impacto sea relativamente menor.
El caso de Suiza -que está aún más integrada a las cadenas de producción de la UE que el Reino Unido- muestra que basta con tener administraciones aduaneras eficientes en ambos lados para poder mantener esas barreras en un mínimo. De cualquier modo, las exportaciones de bienes a la UE generan sólo alrededor del 6% del PIB del Reino Unido.
Sin embargo, otra razón por la cual es poco probable que la introducción de algunas barreras comerciales bajas produzca pérdidas importantes es que las diferencias en el costo de producir bienes en un mercado o el otro son pequeñas. Producir un auto en Gran Bretaña, por ejemplo, cuesta aproximadamente lo mismo que producirlo en Alemania.
Las barreras al libre movimiento de la mano de obra son una historia diferente. La productividad y el ingreso por trabajador en el Reino Unido siguen siendo significativamente más altos que, digamos, en Polonia. Un trabajador recibiría alrededor de 25 euros (27,70 dólares) por una hora de trabajo en el Reino Unido, pero sólo 8,50 euros en Polonia. En otras palabras, no permitirle a un trabajador polaco trabajar en el Reino Unido implicaría grandes costos económicos para Europa. Es más, si la primera ministra británica, Theresa May, lleva adelante su objetivo manifiesto de reducir la inmigración neta anual a menos de 100.000, el Reino Unido tendría que implementar medidas drásticas -y potencialmente costosas- para bloquear el mercado laboral británico.
Esto significa que las barreras que los negociadores de la UE están en condiciones de imponer -que afectan, en gran medida, el comercio de productos- probablemente tengan un impacto mucho menor que las barreras impuestas por el Reino Unido, como las cuotas a los trabajadores de la UE. Pero existe otra cuestión que los negociadores deben considerar: los servicios financieros.
Si bien es poco probable que el comercio general de servicios sufra marcadamente como consecuencia del Brexit -el mercado interno para servicios, de todos modos, nunca funcionó del todo bien-, las finanzas constituyen un caso especial, principalmente por los acuerdos de establecimiento que rigen para los bancos.
Los economistas suelen ser ambivalentes respecto de los beneficios de la integración financiera, en particular porque los grandes flujos de crédito bancario pueden tener un serio impacto en la estabilidad macroeconómica. Mientras que la titularización, por ejemplo, puede ayudar a reducir el riesgo y aumentar la disponibilidad de crédito para prestatarios riesgosos en un marco apropiado, la crisis financiera global de 2008 demostró sin ambages que puede implicar costos enormes si llega demasiado lejos.
Sin embargo, se pueden tomar medidas para maximizar los beneficios de una provisión de servicios financieros a través del Canal después del Brexit. La clave es basar las decisiones no en defender el papel de la City de Londres como el centro financiero de Europa, sino en asegurar que los servicios ofrecidos fortalezcan los mercados de capital europeos. Eso requeriría un énfasis en instrumentos patrimoniales más que en instrumentos de deuda, y en financiación basada en el mercado más que en el crédito bancario.
Desde un punto de vista económico, las prioridades que deberían guiar las negociaciones del Brexit son claras. Los negociadores deben centrarse en minimizar las nuevas barreras al libre movimiento de mano de obra; por cierto, ésta debería ser una prioridad aún mayor que mantener el libre movimiento de productos. Y los servicios financieros británicos deberían ser bien acogidos en la UE, pero sólo si la ayudan a alejarse de su sistema centrado en los bancos y a completar la unión del mercado de capitales.
Pero la política sigue distorsionando las discusiones y lleva a los líderes a trazar líneas rojas respecto del movimiento libre y a adoptar posturas mercantilistas en materia de servicios financieros. Hará falta cierta habilidad política de ambas partes para virar la atención hacia el bien común.
Daniel Gros is Director of the Brussels-based Center for European Policy Studies. He has worked for the International Monetary Fund, and served as an economic adviser to the European Commission, the European Parliament, and the French prime minister and finance minister. He is the editor of Economie Internationale and International Finance.