Observó Nietzsche que las cosas que admiten definición exacta es porque no tienen historia, mientras que cuanto cambia históricamente solo se define con borrones y tachaduras: de modo que sabemos de una vez por todas lo que es el triángulo equilátero pero no la democracia. La controversia que rodea esta última no es una cuestión meramente académica, desde luego, como se ve claramente desde hace al menos un par de décadas en España y cada vez con más fuerza en Europa: las elecciones del próximo 25 de mayo van a pivotar en gran medida sobre esta cuestión, aunque probablemente la mayor parte de los candidatos que se presenten a ellas no harán muchas elucubraciones teóricas al respecto. Sin embargo, la opción básica está ahí, entre una democracia cuyo apellido puede ser “europea” pero cuyo nombre propio será siempre nacional y otra basada en los derechos y deberes de ciudadanía pero no en ninguna identidad predeterminada.
Sobre ello, aproximadamente, debatieron en Le Monde el pasado 3 de febrero Alain Finkielkraut y Daniel Cohn-Bendit, con razonada elocuencia. Para Finkielkraut, las instituciones comunes europeas nos interesan y convienen, pero no nos sentiremos nunca plenamente representados por ellas porque la sede de la democracia es y seguirá siendo el estado nacional. En cambio, Cohn-Bendit sostuvo que construir la identidad europea es superar la identidad nacional y aún más, que ser europeo es no tener una identidad predeterminada.
En realidad, se trata de la vieja cuestión de la génesis moderna de la democracia misma. La ancestral batalla entre la reacción, que considera la raigambre genealógica como el fundamento de la jerarquía de los derechos, y el progresismo, cuyas raíces están en el futuro y no en el pasado, por lo que parten del radicalismo de la igualdad ciudadana ante la ley. Los primeros adversarios de la democracia fueron monarcas de derecho divino y aristócratas, pero después han venido a serlo los partidarios de identidades nacionales, religiosas o ideológicas que se convierten en filtros necesarios a través de los cuales llegan los derechos y los deberes a los ciudadanos. La democracia apuesta por la participación de cada cual sin otro fundamento que su libre voluntad y se opone al cortocircuito de las pertenencias prepolíticas en forma de identidades cuyos derechos colectivos fueran tan dignos de respeto como los individuales.
Por eso precisamente el laicismo es su requisito básico: “Una asociación política laica no puede ser jamás una asociación de comunidades, por numerosas y variadas que sean. Si las asociaciones culturales pueden tener un estatuto jurídico, en revancha no pueden adquirir un estatuto político: la laicidad es incompatible con una democracia de asociación o de reconocimiento de cuerpos intermedios” (Catherine Kintzler, Qu'est ce que la laïcité?, ed. Vrin). El componente emancipador que incluye el Estado democrático europeo es la posibilidad de no ser obligatoriamente como los demás que se ofrece al ciudadano a cambio de cumplir unas básicas leyes comunes. La identidad no es el requisito de la ciudadanía, sino esta el cauce para que cada cual diseñe su perfil propio.
Por tanto, a mi juicio no cabe duda de que los movimientos separatistas que pretenden deshacer los Estados existentes en nombre de cualquier tipo de identidad prepolítica son antieuropeos de hecho, aunque proclamen lo contrario. Pero también lo son dentro de los Estados los que se empeñan en hacer exámenes de conocimientos “nacionales” a quienes aspiran a la ciudadanía o los que difunden sospechas o rechazo contra ciertos grupos humanos en su conjunto porque no les parecen semejantes en costumbres o creencias. El actual primer ministro de Francia Manuel Valls, cuando ocupaba la cartera de Interior, protagonizó actitudes como estas respecto a oriundos de Rumanía o Bulgaria, con el episodio vergonzoso de la deportación de una muchacha gitana a un país que ni siquiera conocía. En cambio tuvo razón cuando, en su discurso como primer ministro, se felicitó porque alguien nacido en Barcelona pudiese ocupar tal cargo: “Eso es Francia”, dijo. En efecto, eso es Francia y eso debería ser la Europa democrática, no la demonización global de minorías y la deportación de quienes desean cumplir las leyes y por tanto tener derecho a sus diferencias dentro de ellas.
De los movimientos separatistas que se están dando en Europa, algunos tan recientes como el del Véneto y otros ya casi tradicionales como en Escocia, el que nos toca hoy más de cerca es el de los nacionalistas catalanes. Y nótese que digo “nacionalistas catalanes”, no los catalanes ni Cataluña. Los argumentos con que apoyan su pretensión de ruptura (agravios históricos pasados o presentes, maltrato económico por el Estado, incomprensión del resto del país y sobre todo identidad inconfundible y sempiterna) pertenecen al prontuario separatista habitual en todas las latitudes. Tampoco es demasiado original la reivindicación del “derecho a decidir”, entendido como derecho a prohibir al resto del país que decida sobre algo que también es políticamente suyo. De este modo se establece como punto de partida lo que pretende alcanzarse al final del proceso.
A este respecto es particularmente significativo un razonamiento ofrecido en el documento que la Generalitat ha enviado a las embajadas como réplica al argumentario contra la secesión del Ministerio de Exteriores: se dice que exigir que todos los españoles participasen en un referéndum sobre la independencia de Cataluña sería como si, en el caso de que España quisiera abandonar la Unión Europea, debiera consultarse para ello a todos los demás países. O sea que según esto la posición de Cataluña en España es como la del Estado español en la organización de Estados europeos. Partiendo de aquí, hacer o no hacer el dichoso referéndum es ya lo de menos…
Hace mucho que Raymond Aron escribió sabiamente que apenas importa saber si el nacionalismo es la expresión de una nación real o imaginaria porque "es una pasión decidida a crear la entidad que invoca". Pero en este caso tal creación comporta la mutilación de los derechos políticos de millones de ciudadanos, en Cataluña y en el resto de España.
No sé cómo ni cuánto habrá que dialogar sobre ello, pero me sorprende el estoicismo con que los afectados responden al caso. Uno puede temer que si la gente está dispuesta a protestar en la calle porque un alcalde proyecta privarles de un aparcamiento pero no cuando otros políticos quieren recortar sustancialmente su ciudadanía es porque saben lo que es un aparcamiento pero no lo que es la ciudadanía. Aunque quizá sea, cazurramente, porque no creen que la sangre vaya a llegar al río ni el río a dividir su cauce. Ojalá no se equivoquen.
Fernando Savater es escritor.