Tribulaciones hídricas urbanas

Con el atribulado ciudadano digiriendo las elecciones catalanas, se le anuncia otro plato aún mayor, las generales. Y claro, con tanto sobresalto olvida los bochornosos incidentes del pasado verano (a los que después me referiré) y que se repetirán si nadie mete mano a nuestra vieja cultura hídrica. Piensa el ciudadano que la administración (autonómica, nacional o europea) debe asumir las inversiones necesarias para construir o actualizar las infraestructuras de agua urbana. Lo evidencia un reciente titular de prensa, “Benicàssim se une y exige a Rajoy otra depuradora”, una reivindicación, por cierto, contraria a la Directiva Marco del Agua (DMA) que, desde el año 2000 (con moratoria hasta el 2010), dice que son los usuarios quienes deben pagar todos los costes del servicio. Pero claro, ningún político quiere cumplirlo porque eso exige aumentar las tarifas. Sin embargo nadie se escandaliza del consumo desbocado de agua embotellada (un 10% ha aumentado este verano) pese a ser mil veces más cara y medioambientalmente mucho más inconveniente. Por ser novedad no forma parte de la vieja cultura y el ciudadano le aplica otra vara. No le importa pagar una fortuna por lo prescindible (el agua de grifo es potable) pero le indigna que le suban el recibo del agua porque cree en su credo. Renovar las infraestructuras que garantizan la calidad del servicio y preservan el medio natural es un problema de la administración, no del usuario. Así ha sido y así será, diga lo que diga la DMA o el sursuncorda.

Es lo que hay. Una cultura basada en una administración que paga las obras (lo que permite mantener las tarifas bajas) y en una pobre gestión. Lo brillante (nueva obra) frente a lo humilde (mantener lo existente). Paradigmática la anécdota que oí en Bruselas a funcionarios responsables de fondos de desarrollo regional. Un pueblo de Aragón, de cuyo nombre no quiero acordarme, por las muchas fugas de su red, sólo disponía de agua unas horas al día. La solución, fiel reflejo de nuestra idiosincrasia, estaba cantada. Perforar un pozo más profundo, elevar más agua y construir un depósito mayor. El sistema ampliado atendería, ya sin cortes, a usuarios y fugas. Reparar la red es incómodo para el ciudadano (hay que abrir zanjas) y, además, luce poco. Una cultura que propicia desaladoras sin conectar a la red (Menorca), sin suministro eléctrico (Torrevieja) o, es el mejor escenario, sin demanda suficiente (Carboneras). Y es la punta del iceberg como acreditan (son titulares frecuentes en la costa mediterránea) cabeceras de periódicos estivales, “el nuevo pozo no está conectado pero tampoco dará la cantidad ni la calidad que nos dijeron”; “desaladoras y depuradoras no funcionan por falta de financiación” o, en fin, “En Ibiza se han evaporado 54 millones en infraestructuras inútiles”.

El catálogo de desatinos es inagotable. Presididos por el hay que gastar o el dinero se pierde, se han invertido en obras de agua urbana, de escasa o nula utilidad, miles de millones de Bruselas. Otro ejemplo de libro. En un pueblo de 600 habitantes de Cáceres (de su nombre tampoco me quiero acordar) se han gastado 4 millones en una potabilizadora alimentada por una tubería de 25 Km. Por obvias razones de economía de escala, ni funciona ni funcionará. Si cual establece la DMA, precisamente para que el dinero se gaste mejor, la amortización de esas obras se trasladara al recibo del agua, los estudios ex-ante se habrían afinado mucho más. En resumen, mucha inversión, magros resultados y problemas sin resolver.

Y claro, con las deficiencias se disparan los cortes veraniegos. En la glamurosa Ibiza hay dinero para todo menos para adecuar las infraestructuras a los tiempos actuales. “Emergencia en Ibiza por la falta de agua potable” o “La ley seca llega a Ibiza. La falta de lluvias, la superpoblación y una infraestructura deficiente condenan a la isla a cortes y al suministro de agua salada” son otras perlas vistas este verano. Bien está que superemos récords turísticos pero asumámoslos como un país serio, que diría don Mariano.

Los otros cortes, los individuales por impago, aunque ni afectan al sistema ni a la calidad del servicio, también debieran ruborizar a una sociedad incapaz de garantizar el derecho universal al agua. Grave problema en países en desarrollo pero problema menor (por su fácil solución) en los desarrollados. Y así en Australia el ayuntamiento, previa verificación de incapacidad económica y de un uso racional del agua, paga por quien no puede hacerlo. Lógico porque la empresa debe cobrar para no comprometer la economía del servicio. Los cortes generales de agua tienen otro origen (excesivas fugas) y obligan a ir a la raíz del problema. De no hacerlo, sequías venideras y turistas abarrotando nuestras soleadas costas propiciarán nuevas tribulaciones. Conviene recordar que estos cortes impiden beber del grifo y, lo que es peor, al multiplicar las fugas agravan el problema.

Un problema que sólo tiene una solución, educar para cambiar el credo. Sólo así se podrán realizar las reformas necesarias. Porque mientras todo siga igual habrá alcaldes que, conociendo la solución, nada hacen porque nada pueden hacer. Les va en ello unas elecciones que, si actualizaran tarifas, ganaría su oponente a quien, para más inri, le dejarían resuelto el problema. Parece, pues, evidente que mientras tomador y receptor de decisiones difíciles sean vecinos, el primero se resistirá a hacer lo que debe. Así lo piensan muchos. Y así seguiremos hasta que nuevos veranos haciendo el ridículo obliguen a quien corresponda a mover ficha. ¡Qué país!

Enrique Cabrera es catedrático de Mecánica de Fluidos en la Universidad Politécnica de Valencia.

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