Tributación global para la era digital

La cuestión de cómo gravar a las empresas cada vez más globalizadas y digitalizadas es vital para la salud futura del comercio y la inversión intrafronterizos. Lamentablemente, el debate actual está empantanado en un contexto de confusión y complejidad, al que no ayudan en nada las respuestas políticas populistas que demonizan a las empresas digitales.

Un buen ejemplo es la propuesta de la Comisión Europea, publicada por primera vez en marzo de 2018, de crear un impuesto sobre servicios digitales de la UE (DST por su sigla en inglés). La medida apunta principalmente a los gigantes tecnológicos multinacionales cuyas estructuras corporativas les permiten desviar ganancias obtenidas en el sector digital a jurisdicciones de bajos impuestos. Pero si el DST entrara en vigencia, serán las propias empresas nuevas y los ecosistemas digitales de Europa los que resultarán más afectados.

Por ser una compañía que opera en un mercado globalizado, tenemos numerosos reparos respecto de la visión limitada para el futuro del negocio que expresan las propuestas de la Comisión Europea. Es por este motivo que debemos oponernos de plano a la idea del DST.

El DST propuesto, así como los esfuerzos apresurados de tributación digital de parte de varios estados miembro de la UE, refleja la idea anticuada de que las compañías digitales son diferentes de las empresas tradicionales. En tanto industrias enteras se digitalizan, esta distinción se vuelve cada vez más insostenible. Intentar mantenerla amenaza con causarles un serio daño a largo plazo a las empresas y a las economías nacionales de Europa.

Bajo las reglas internacionales de impuestos corporativos de hoy, sólo se puede gravar a las empresas sobre las ganancias que obtienen en el país en el que están basadas físicamente, pero no si su actividad comercial se realiza por medios digitales. La discusión muchas veces encendida en torno de esta cuestión ha generado la imagen de grandes firmas tecnológicas multinacionales que se aprovechan de los mercados locales y utilizan la infraestructura local a la vez que operan sin ninguna responsabilidad impositiva.

Este discurso cada vez más difundido contribuyó a las propuestas de la Comisión Europea de un DST en toda la UE, junto con una reforma más amplia de la tributación corporativa que abarque a toda presencia operacional importante de una empresa digital. Pero en lugar de producir un sistema impositivo que sea justo y que favorezca el negocio, es mucho más factible que el DST erosione los beneficios y las oportunidades que la economía digital ofrece actualmente a las empresas y a los consumidores.

El DST propuesto –supuestamente una solución interina, a la espera del acuerdo de medidas globales- tiene dos desventajas específicas.

Por empezar, gravar a las empresas en base a la recaudación en lugar del ingreso neto resultará en una carga impositiva cada vez más insostenible para las empresas con ganancias bajas y una facturación alta. En lugar de afectar a los gigantes tecnológicos, que era el objetivo, es muy probable que un DST sea un obstáculo para muchas empresas nuevas europeas en el sector tecnológico que se han vuelto líderes globales en sus respectivos campos.

Esta estrategia intrínsecamente injusta distorsionará la competencia, minará la iniciativa empresarial y afectará el crecimiento económico doméstico. Desafortunadamente, los líderes de la UE están demasiado focalizados en contener las estructuras corporativas de ciertas marcas tecnológicas globales para ver las implicancias negativas a largo plazo que tendría un DST para el crecimiento de las empresas europeas.

El segundo problema es la probable creación de un mosaico de medidas de tributación digital, tanto dentro como fuera de la UE. Si bien la Comisión Europea sostiene que el DST que propone impediría la aparición de políticas similares a nivel nacional dentro de la UE, sucesos recientes en el Reino Unido, Francia e Italia sugieren lo contrario.

Es más, una estrategia de tributación digital apresurada o mal evaluada por parte de la UE podría resultar en una grilla que se replique a nivel internacional. Esto podría llevar a un mapa irregular de impuestos globales, donde la norma aceptada sea la confusión, la variación y formas de doble tributación. Las consecuencias, en términos del crecimiento y la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas en todo el mundo, podrían ser graves.

Desde una perspectiva más alentadora, la OCDE está haciendo buenos progresos para alcanzar un consenso sobre tributación digital –que abarque a los motores de búsqueda, los mercados virtuales y las plataformas de redes sociales-. Yo creo firmemente que la colaboración a nivel de la OCDE/G-20 es esencial para desarrollar reglas fiscales justas y transparentes para las empresas que ofrecen servicios digitales. Es una estrategia que respaldo plenamente y que, muy probablemente, proteja los intereses de las empresas y de la economía por igual.

Empresas como la nuestra operan en un mundo verdaderamente globalizado. Se nos exige que cumplamos con una variedad de leyes impositivas y, al igual que todas las empresas progresistas en la era digital, estamos felices de hacerlo. Lo que queremos es un sistema de impuestos corporativos justo y favorable para ayudar a salvaguardar el crecimiento en general, en especial cuando las condiciones económicas son difíciles. La tributación a las empresas debe seguir estando basada esencialmente en el ingreso neto, y un consenso global respecto del desarrollo de un marco de tributación uniforme hoy es esencial.

Ese consenso no puede esperar. La economía global se está volviendo más digitalizada cada día. En nuestro carácter de compañía europea, queremos ver que las empresas de la UE crezcan, tengan éxito y se vuelvan líderes en este paisaje nuevo y emocionante. Las medidas tributarias separadas para las compañías digitales, como el DST, son cortoplacistas y poco realistas, y en definitiva terminarán siendo contraproducentes para todos.

Gillian Tans is CEO of Booking.com.

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