Hace poco más de diez años, los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se toparon con una sorpresa en su batalla contra la inmigración ilegal: un montón de brasileños.
En 2005 miles de ellos trataron de entrar de manera ilegal a Estados Unidos al cruzar la frontera desde México. Más de 31.000 fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza mientras intentaban entrar a Estados Unidos, una cantidad solo superada por los mexicanos, salvadoreños y hondureños.
Y, de pronto, el flujo paró. Bajo presión de Washington, México volvió a imponer el requisito de visa de turista a Brasil, el cual había eliminado cinco años antes. Esto cortó una ruta de tránsito que comenzaba con un vuelo desde Río de Janeiro a Cancún y terminaba en una travesía por el desierto hacia el sur de Texas.
Para 2006, la Patrulla Fronteriza detuvo solo a 1460 brasileños, una disminución de 95 por ciento respecto al año anterior. Hoy en día muy pocos brasileños tratan de cruzar por la frontera. Los agentes migratorios se topan en cambio con centroamericanos –guatemaltecos, hondureños y salvadoreños– que atraviesan por México con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
Sin embargo, al igual que en 2005, la principal barrera que impide que hagan el cruce —un muro, podría decirse— es México.
México depende en buena medida de Estados Unidos. Su estrategia de desarrollo desde los años noventa ha consistido en enlazar su economía a la del vecino del norte. Todavía hoy apuesta por que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte será su motor de crecimiento al atraer inversiones de empresas multinacionales para servir al enorme mercado estadounidense. Ha aprovechado la migración hacia el norte como una válvula de escape, permitiéndole desaguar a millones de mexicanos sin empleo en el mercado laboral de Estados Unidos.
México, por cierto, también ha contribuido a la prosperidad de Estados Unidos. Los inmigrantes mexicanos han acelerado su crecimiento económico. Asimismo, el TLCAN ha permitido a muchas empresas estadounidenses ser más competitivas frente a compañías de Asia.
El problema para el gobierno de México es que Trump no lo ve así. Ha prometido dar la espalda al vecino del sur: renegociar el TLCAN en peores condiciones para México; poner un muro en la frontera. El desafío para el gobierno mexicano es convencer al nuevo ocupante de la Casa Blanca de que Estados Unidos también necesita a México. Y la cooperación en asuntos migratorios es quizá su mejor arma: debe hacer ver a Trump que México es una herramienta efectiva en el combate contra la migración ilegal, y que es una herramienta que Estados Unidos podría perder.
No será fácil. Esta semana, el secretario de Estado Rex Tillerson y su contraparte de Seguridad Nacional, John Kelly, están de visita en México para evaluar el tipo de cooperación bilateral que podría ser posible en esta nueva era. Incluso antes de subirse al avión, la publicación de nuevos lineamientos para el trato de inmigrantes sin documentos sugiere que Washington persistirá con una política de mano dura.
Dos memorandos firmados por Kelly sugieren que se recrudecerán los esfuerzos para encontrar, detener y deportar a los inmigrantes que vivan sin autorización en Estados Unidos. Ordenan contratar a 10.000 agentes migratorios y 5000 oficiales adicionales de la Patrulla Fronteriza. También ordenan a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a comenzar el diseño y la construcción del muro.
Además, en una maniobra que seguramente despertará la ira en México, los documentos estipulan que los agentes estadounidenses podrán regresar a los migrantes de cualquier país que atrapen cruzando la frontera “al territorio del país extranjero contiguo desde el que llegaron” en lo que esperan los trámites oficiales de repatriación en Estados Unidos, es decir, los regresarán a México.
Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional argumentaron que regresar a los centroamericanos a México se haría solo de manera limitada y solo después de discutirlo con el gobierno mexicano. Pero parece poco probable que una disposición diseñada para reducir costos para el gobierno estadounidense endilgándoselos a México sea bien recibida por el gobierno mexicano.
“Eso violaría todos los acuerdos y convenciones”, dijo acerca de la disposición Gustavo Mohar, quien fue negociador mexicano en jefe para asuntos migratorios con Estados Unidos durante la presidencia de Vicente Fox.
“México está obligado a recibir a los mexicanos, pero tiene el derecho de exigir que se acredite que en efecto lo son”, afirmó Mohar.
Pero México tiene cómo responder. Como me dijo el exsecretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda, una opción sería deslindarse y dejar que los centroamericanos crucen libremente por México hacia Estados Unidos. ¿O por qué no negarse a recibir a las personas deportadas que no puedan comprobar que tienen la ciudadanía mexicana?
He aquí lo que está en juego para Estados Unidos. El año pasado, México regresó a 143.057 migrantes centroamericanos a sus países de origen. Envió a casa a más de 59.000 migrantes guatemaltecos que se dirigían al norte a través de su territorio y repatrió a casi 48.000 hondureños y 31.000 salvadoreños, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones.
Por supuesto, México no hace esto solo por amor a su vecino del norte. Como señala Mohar, incluso si su destino final es Estados Unidos, las decenas de miles de centroamericanos que van hacia el norte pueden volverse un gran peso sobre las comunidades mexicanas. Y si los oficiales mexicanos simplemente los dejaran pasar, estarían poniendo una enorme carga en las ciudades a lo largo de la frontera norte de México.
Pero la política mexicana definitivamente ayuda también a Estados Unidos. En total, México detuvo y regresó a casi el doble de centroamericanos que Estados Unidos. ¿Podría el muro del presidente Trump remplazar esta barrera?
La historia sugiere que la política migratoria más productiva se propondría administrar de manera legal la inmigración proveniente de los países más pobres, no impedirla. Tratar de hacer esto último solo fomenta que se dé de manera clandestina. Algunos expertos han propuesto establecer un programa de migración de trabajadores temporales administrado por México y Estados Unidos. Se podría diseñar de manera que beneficiara a los migrantes, protegiera a los trabajadores estadounidenses y surtiera empleados para las empresas estadounidenses.
Incluso si una política tan ilustrada como esta todavía sea políticamente inalcanzable, el argumento a favor de la cooperación entre México y Estados Unidos es inapelable. Hoy en día, la migración ilegal desde México es un problema relativamente menor. Las aprehensiones de migrantes mexicanos en la frontera están en su nivel más bajo desde la década de los setenta. Menos mexicanos cruzan la frontera hacia el norte de los que regresan a su país desde Estados Unidos. El año pasado, la Patrulla Fronteriza detuvo a más centroamericanos que mexicanos. México es ahora principalmente un corredor.
En el pasado, Washington ha reconocido la importancia de la ayuda de México. Le ha dado 24 millones de dólares para apoyar sus esfuerzos contra la migración ilegal en su frontera sur —sobre todo en cuestión de capacitación y compra de equipo de alta tecnología— y se ha comprometido a dar 75 millones más.
El nuevo gobierno de Estados Unidos podría reconocer que evitar que los centroamericanos lleguen a su territorio implica un alto costo político para el gobierno mexicano. En 2014, cuando el presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció el Plan Frontera Sur, que intensificó los controles migratorios en puntos de entrada y en los corredores de migración conocidos, fue duramente criticado de estar haciendo el trabajo sucio para Estados Unidos.
“Comentarios en la prensa mexicana señalaban: ‘¿Por qué estamos tratando a los migrantes centroamericanos como Estados Unidos trata a los mexicanos?’”, dijo Andrew Selee, vicepresidente ejecutivo del Wilson Center en Washington, un centro de investigación enfocado en asuntos internacionales.
“El gobierno mexicano persistió porque sabía que una crisis migratoria en la frontera con Estados Unidos también podría costarle a México”, señaló. “Hay otras cosas en juego en la relación bilateral que no quería arriesgar”.
Con sus múltiples amenazas de construir un muro y obligar a México a pagarlo o de abandonar el TLCAN, Trump está cambiando la ecuación. Si la hostilidad es todo lo que puede ofrecer, el costo político que México paga por ser el muro de Estados Unidos podría resultar demasiado elevado.
Eduardo Porter writes about business, economics, and many other matters as a member of the New York Times editorial board.