Trump decidió dónde iba a echar el resto antes de abandonar la Casa Blanca, ha sido en la sección 230 de la Ley de 1996 de Decencia en las Comunicaciones. No estamos hablando de una norma cualquiera; es la ley fundacional de Internet en EE UU, y actúa como escudo legal para plataformas como Facebook o YouTube protegiéndolas de dos maneras: en primer lugar, de ser demandadas por contenidos publicados por sus usuarios, y en segundo, al dejarles eliminar contenidos susceptibles de objeción. En otras palabras, se trata de la ley que las exime de responsabilidad legal por los contenidos que los usuarios publican en ellas.
Puesto que las plataformas digitales no son responsables de vigilar los contenidos, a menudo se culpa a la sección 230 de permitir que Internet se haya convertido rápidamente en un espacio salvaje, incendiario, agresivo y, con demasiada frecuencia, mendaz. Un espacio que contribuyó sobremanera al ascenso de Trump a la Casa Blanca. Pero, aunque resulte desconcertante que el aún presidente haya tomado personalmente las riendas de esta batalla, Trump tampoco se aparta tanto de la mayoría de legisladores demócratas y republicanos, que llevan tiempo con la vista puesta en la reforma. Solamente ha elegido el lugar y el momento equivocados para este torpe y desesperado intento de cambio.
Trump ha querido eliminar la protección que la sección 230 ofrece a las plataformas utilizando una ley de gasto en defensa que otorga aumentos de sueldo al personal militar. Técnicamente, esto podría haberse hecho añadiéndole una mención, pero era feo y mezclaba una ley sobre la gobernanza de Internet con el gasto militar. Finalmente, ha quedado fuera.
Si bien existe un amplio consenso en ambos partidos sobre la necesidad de reformar la gobernanza de Internet, y en especial la mencionada sección, no hay acuerdo en por qué la reforma es necesaria. Los republicanos están convencidos de que en Internet se censura el lenguaje conservador, mientras que a los demócratas les indigna que las plataformas no tomen medidas contra los contenidos violentos o engañosos o los intentos de interferir en unas elecciones. Sin embargo, nadie puede negar a Trump el mérito de haber puesto el tema en la agenda, algo en lo cual es experto, aunque no haya conseguido más que convertirlo en una cantinela entre sus adeptos más fervientes.
No nos confundamos. A Trump no le interesa hacer de Internet un lugar mejor para el discurso cívico y la democracia. En su caso se trata de algo personal. Está enfadado con Twitter y Facebook por marcar algunas de sus publicaciones como falsas y cree que las plataformas censuran injustamente las opiniones conservadoras. Sin embargo, la revocación completa de la sección 230 seguramente supondría que Twitter tendría que prohibir la hiperactividad de Trump en la red social.
Si el propio presidente no se ha tomado el tiempo de pensar bien las consecuencias de suprimir la sección 230, no cabe duda de que sus seguidores tienen una comprensión limitada del asunto, lo cual plantea un problema a los reformadores serios. Hace un año, Joe Biden, por su parte, manifestó abiertamente en una entrevista con el consejo editorial de The New York Times que le gustaría ver revocada la sección 230. Biden señaló que el diario es responsable legal de lo que publica, mientras que Facebook no lo es. Se prevé que la Administración de Biden-Harris retire el debate sobre la sección de la Comisión Federal de Investigación y lo remita al Congreso.
Aunque no estén de acuerdo en la solución, la mayoría de demócratas y republicanos han coincidido en que un cambio de tamañas consecuencias requiere sesiones exhaustivas y un debate público sobre la libertad de expresión y sus límites y responsabilidades. Por lo tanto, finalmente enviaron a Trump la ley de defensa sin ninguna mención a la sección 230. Como protesta, el presidente la vetó y, en los últimos días, primero la Cámara de Representantes y después el Senado, han anulado su veto, un acontecimiento especialmente singular en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría y hacía falta dos tercios para hacerlo.
Internet es una de las manifestaciones de nuestra interconexión mundial que podemos entender fácilmente porque interactuamos con ella a diario. Poca gente duda de que tenemos que hacer algo con la desinformación que amenaza nuestras instituciones. Sin embargo, a medida que los países y las regiones adoptan enfoques muy diferentes sobre ello, el asunto presenta una nueva consecuencia. Ya hemos entrado en una nueva fase de la vida online con un sistema de estilo ciberwestfaliano que sustituye al espacio sin fronteras original que hemos disfrutado desde el nacimiento de Internet. Esto significa que, independientemente del país que contemple una regulación, tenemos que estar atentos porque los resultados nos afectan a todos.
Alana Moceri es analista de relaciones internacionales y profesora de la Universidad Europea e IE School of Global and Public Affairs.