La P del título no es un error tipográfico. Se trata de la P de público. Podía poner la E de Española, ya que es en TVE donde se ha producido el escándalo, pero quiero extender la reflexión a todas las televisiones públicas. Lo que ha ocurrido en el consejo de administración de TVE es inaudito.
Que una consejera proponga permitir a los consejeros introducirse en el trabajo de preparación de los informativos, dándoles la posibilidad de alertar o de influir en su contenido, ya parece increíble. Que se discuta la propuesta y sobre todo que se apruebe por una amplia mayoría (cinco a favor, dos en contra con cuatro abstenciones igualmente responsables) entra en el terreno de la extravagancia. Lo confirma el hecho de que pocas horas después se convocara nuevamente el consejo y unánimemente se revocara la decisión. ¡Todo ello, edificante! No insisto en el tema. Ya se ha hecho. Pero quiero hacer tres consideraciones al respecto.
Primera. La función y la independencia de los consejos. Se supone que en las televisiones públicas estos órganos tienen la función de gestionar la empresa y de velar por el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creadas las cadenas. Y se supone que están formados por personas independientes escogidas por sus conocimientos y su «reconocido prestigio». En este caso, su independencia ha quedado absolutamente demostrada. El reparto de posiciones en la votación solo tuvo que ver con los orígenes políticos del nombramiento. Votaron sí los consejeros propuestos por el PP y por CiU y se abstuvieron los del PSOE y ERC. Fue suficiente que las cúpulas de todos estos partidos, después de recordar la independencia de sus consejeros, manifestaran su total disconformidad con la medida, para que todos se apresuraran a cambiar dócilmente su voto. Yo creo que, por mucho menos que esto, todos deberían haber dimitido. ¡Un buen ahorro a la vista, con la falta que hace!
Segunda. Las funciones de las televisiones públicas. En un mercado cada vez más dominado por las privadas, aquellas tienen tres finalidades: la oferta de una programación de calidad desde un punto de vista cultural, calidad que disminuyó escandalosamente con las televisiones comerciales; la oferta de unos servicios informativos rigurosos y plurales frente al evidente sesgo partidista de la inmensa mayoría de las privadas; y (especialmente importante en Catalunya) la garantía de una amplia oferta de programación en las lenguas no castellanas. En aquellas áreas de España que tienen lengua propia, esta tercera finalidad reclama, y justificaría por sí sola, la existencia de canales autonómicos, aunque no los exime de cumplir las otras dos.
Tercera. Creo que para las televisiones públicas la segunda finalidad, ofrecer unos servicios informativos rigurosos en la información y plurales en la opinión, debe considerarse fundamental. Pero la realidad es bien distinta. El nivel de objetividad informativa de las televisiones públicas en todo el Estado es muy bajo. Evidentemente con excepciones, parece que una gran mayoría de los gobiernos ha considerado su televisión no como un servicio al país, sino como un servicio al Gobierno o al partido que lo sustenta, y esta consideración ha provocado una disminución en la exigencia de rigor y objetividad. Las dos ciudades que más visito del resto de España son Madrid y Valencia, y mi experiencia personal con las respectivas televisiones autonómicas lo confirma plenamente. Esto se agrava si se añade la inexistencia de órganos externos al Gobierno para el seguimiento de los contenidos. Por cierto, ojo con el proyecto del Gobierno catalán de modificación del Consell de l'Audiovisual (CAC), que podría ser un paso atrás importante que perjudicara el nivel relativamente aceptable de rigurosidad informativa de TVC.
Quiero poner de manifiesto una paradoja. Cuanto más aumente la independencia de las televisiones públicas, y más se incremente su objetividad, menos conseguirán los gobiernos tenerlas a su servicio y tal vez menos interesados estarán en financiarlas, en dedicarles una parte de sus recursos presupuestarios, hoy día menguados. Aquellas televisiones autonómicas que, de las tres finalidades indicadas, no tengan la tercera (lengua propia) y no estén entusiasmadas con la segunda (imparcialidad) probablemente dejarán de tener razón de ser y además dejarán de tener dinero. Mi previsión es que por este lado se producirá una disminución del exceso de oferta actual.
Un toque final. Es un error exigir solamente a los medios públicos niveles de calidad informativa. Hay que considerar también lo que ocurre en el campo de los privados. La libertad de prensa y de expresión debe permitir una amplísima gama de opiniones y una total diversidad de puntos de vista. Pero la pluralidad en la opinión (cuya línea decide la propiedad y la dirección del medio) no debe confundirse con la falta de rigor en la información y el falseamiento de la realidad que tan a menudo vemos.
Este no es un problema político ni económico, sino profesional, y corresponde a los periodistas y a sus órganos colectivos abordarlo.
Joan Majó, ingeniero, exministro y exdirector general de la CCRTV.