Ucrania, ante otra clase de “dilema del prisionero”

La decisión más importante que aguarda a la Unión Europea en este momento es la de firmar o no un acuerdo de asociación con Ucrania en la cumbre de la UE en Vilnius que tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre. La cuestión depende de que el presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, cumpla una condición esencial: conceder indulto a la ex primera ministra y hoy presa política Yulia Timoshenko.

El acuerdo de asociación, que abarca unas 1200 páginas, supondría la eliminación de casi todos los aranceles que aplica la UE a los productos ucranianos, hecho que, según se estima, puede suponer un incremento del 12% en el PIB del país a largo plazo. También daría inicio a un plan de reformas políticas, económicas y jurídicas en Ucrania, con el apoyo de unos sesenta organismos públicos de los países miembros de la UE.

Si bien el acuerdo de asociación no implica pertenencia automática a la Unión Europea, es un paso importante en esa dirección. Según el Tratado de Roma, Ucrania, al ser un país europeo, puede pedir su incorporación a la Unión. Pero antes, debe satisfacer los “Criterios de Copenhague”, establecidos en 1993, que estipulan las condiciones básicas de ingreso.

Para cumplir los criterios de Copenhague, un país debe poseer “instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías”; garantizar la existencia de una “economía de mercado viable, así como la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado”; y tener suficiente “capacidad institucional y administrativa” para adoptar y hacer cumplir la legislación de la Unión Europea y “asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión”. Aunque a Ucrania le falta recorrer mucho camino para satisfacer estos criterios, la firma de un acuerdo de asociación facilitaría las tratativas de ingreso y al mismo tiempo crearía enormes oportunidades económicas.

La otra alternativa que tiene Ucrania es integrarse a una unión aduanera dominada por Rusia y que incluye a Bielorrusia y Kazajistán. Esto la obligaría a duplicar los aranceles de importación sobre los bienes de la Unión Europea, lo que supondría un costo anual equivalente al 4% del PIB. Pero esta unión aduanera no garantiza el libre comercio entre los miembros (Rusia ya aplica sanciones comerciales a Bielorrusia y Kazajistán) y parece más bien una aventura neoimperialista rusa.

No es extraño, entonces, que Yanukóvich se declare partidario del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y es posible que su futuro político dependa de este proyecto: tanto sus asesores como algunas encuestas de opinión recientes sugieren que si no logra firmar el acuerdo, perderá la elección presidencial de marzo de 2015.

La matemática electoral es sencilla. Un 40% de los ucranianos (sobre todo, residentes de las áreas al este y sur del país que conforman el bastión electoral de Yanukóvich) prefieren la unión aduanera con Rusia, pero el 60% de los votantes consideran que el futuro de Ucrania está en la Unión Europea. Incluso suponiendo un amplio fraude electoral (algo que ciertamente no le ganaría el favor de Bruselas), Yanukóvich tendría serios problemas para alcanzar la mayoría.

Y no se trata solamente de atraer a los votantes indecisos. La poderosa oligarquía ucraniana se inclina por hacer negocios con el oeste más que con el este. Muchos están hartos de la imposición arbitraria de trabas comerciales en los mercados de la ex Unión Soviética (que afectan a todo tipo de bienes, desde chocolate a caños de acero). A los mercados de la Unión Europea, en cambio, se los ve más grandes y también más seguros.

Las presiones de Moscú han sido un llamado de atención para Kiev. La breve guerra comercial que desató Rusia en agosto convenció a Yanukóvich de la conveniencia de comprometerse a cumplir las once condiciones legales y políticas de la Unión Europea, lo que obligará a Ucrania a modernizar el sistema judicial y policial y asegurar un mayor respeto de los principios democráticos. En este momento, el parlamento estudia quince proyectos de ley que van en ese sentido, todos ellos con pleno apoyo de los principales partidos de la oposición.

Pero hay una demanda de la Unión Europea que no será tan fácil de cumplir: el indulto a Timoshenko, que en 2010 perdió por escaso margen la elección presidencial. Timoshenko fue arrestada en 2011 y, tras lo que en opinión de muchos fue una farsa judicial, recibió una condena a siete años de prisión, acusada de “abuso de poder” (aunque sin beneficio personal) en relación con la firma de un contrato de provisión de gas natural con Rusia en 2009.

En un intento de hallar una solución al problema, la Unión Europea designó una comisión mediadora que incluye al ex presidente de Polonia, Alexander Kwasniewski, y al ex presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox. La comisión propuso que Yanukóvich indulte a Timoshenko y que se le permita viajar a Alemania a recibir tratamiento médico.

Timoshenko aceptó el trato, pero Yanukóvich no; en vez de indultar a Timoshenko, prefiere que sea el parlamento el que apruebe una ley que autorice a su rival a viajar a Alemania para recibir tratamiento, pero con la condición de que si regresa a Ucrania continuará detenida.

La Unión Europea considera que esas condiciones son inaceptables. Consentir la condena política a Timoshenko atentaría desde la misma base contra los principios jurídicos y democráticos que la Unión Europea aspira a representar. Cualquier reforma jurídica que luego introdujera Ucrania parecería vacía.

Algunos dicen que la Unión Europea debería flexibilizar sus condiciones: la situación de una única persona, por más importante que sea, no debería interponerse ante el futuro de Ucrania. Pero lejos de ser un caso aislado, la situación de Timoshenko es sintomática de algo más serio. Ahora mismo, Yanukóvich pretende una modificación de las normas impositivas del país para impedir que el popular campeón de boxeo Vitali Klitschko, ex residente de Alemania, se presente al cargo de presidente. La corrupción y la falta de legalidad que caracterizan a la Ucrania de Yanukóvich deberían ser motivos suficientes para que la Unión Europea se apegue tanto a la letra como al espíritu de sus condiciones.

El tiempo juega en contra de Yanukóvich. El Consejo Europeo de Ministros tiene hasta el 18 de noviembre para tomar la decisión final. Si para entonces Yanukóvich no amnistió a Timoshenko, la Unión Europea podría (como ha sugerido el eurodiputado polaco Jacek Saryusz‑Wolski) esperar a que en Ucrania haya un presidente dispuesto a defender los valores de la Unión Europea. En ese caso, será Yanukóvich el que se interponga ante el futuro de Ucrania .

Anders Åslund is a senior fellow at the Peterson Institute for International Economics in Washington, DC, and the author of How Capitalism Was Built. Traducción: Esteban Flamini.

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