En los últimos días la crisis de Ucrania ha llegado con frecuencia a las primeras páginas de los diarios. La situación no es menos preocupante ahora que cuando estallaron las protestas más violentas a finales de febrero. Esto es así porque las partes se han consolidado en sus posiciones en vez de corregir rápidamente errores estratégicos y, de esta forma, han hecho prácticamente imposible un retorno al statu quo inicial, lo que hubiera sido la solución ideal para todos. Es decir, la vuelta al acuerdo de 21 de febrero entre el Gobierno del hoy depuesto Yanukóvich y la oposición, auspiciado por la Unión Europea, personificada en los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Polonia, y negociación a partir de este punto.
Por el contrario, la UE ha persistido en su reconocimiento de las nuevas autoridades ilegítimas de Kiev, Rusia ha excitado aún más los ánimos de los rusos que viven en Crimea y, en particular, de sus líderes más aguerridos que se han visto tácitamente respaldados por Moscú mientras, desde el Kremlin, se negaba una evidencia: que las fuerzas militares en Crimea son rusas. Lo más sorprendente, con todo, es que Ucrania se ha enrocado en su posición nacionalista y antirusa y su nuevo Gobierno de facto parece más preocupado en “mantenerla y no enmendarla” que en dar pasos para mantener la integridad territorial del país; un país nuevo cuya soberanía plena recuperaron no hace 25 años.
Cabría esperar de las autoridades de Kiev garantías de trato no discriminatorio a las minorías étnicas o nacionales. Más aún, hubiera sido deseable y comprensible el reconocimiento de ciertas prerrogativas mayores a Crimea que permitieran ver a sus habitantes las ventajas de permanecer en Ucrania en vez de aproximarse a Rusia; una Rusia que, desde la llegada de Putin al poder, por cierto, ha ido cercenando progresivamente la autonomía real de sus repúblicas y unidades administrativas con medidas tales como la supresión de la elección directa de gobernadores o las agencias de control del Estado dirigidas por el FSB (Servicio Federal de Seguridad) sobre todas aquellas con más fuertes tendencias independentistas.
Las encuestas auguran una mayoría amplia, de más del 80% de votos, a favor de la anexión a Rusia de la península crimeana. Y esto es así por más que queramos ver la existencia de un salto generacional y que es tan solo la población de más edad la que apoya esta salida, o por mucho que los tártaros (12% de la población de Crimea) y ucranios (24%) en la zona se opongan a ello.
Es improbable un resultado negativo a la anexión con la Federación Rusa pues, una vez planteado el referéndum en estos términos, desde Moscú se hará todo lo necesario para que eso no ocurra. Esta opción sería mal encajada por Rusia, quien reaccionaría no aflojando su control incluso militar en Crimea y con mayor desconfianza hacia Ucrania. Un resultado negativo fomentaría, por otra parte, el revanchismo de Kiev y la represión más o menos abierta de los rusos crimeanos y, tarde o temprano, la situación estallaría de nuevo.
Una consulta que arrojara una opinión favorable a la secesión de Ucrania y su dependencia de Moscú puede dar lugar a dos escenarios. El primero, una anexión más o menos inmediata del territorio a la Federación Rusa. El actual dirigente crimeano, Aksionov, augura un plazo de dos o tres meses para hacer efectiva la nueva dependencia político-administrativa. En el segundo escenario, más realista, la anexión no tendría lugar y ello debido a la comprensión por el Kremlin de los costes políticos, económicos y de aislamiento internacional que tal anexión acarrearía; una “Rusia asiática” con mala relación con Estados Unidos, con la Unión Europea y mirando tan solo hacia el territorio de la extinta Unión Soviética y al Pacífico donde, por cierto, también tiene intereses encontrados y disputas con China y Japón. Este resultado dejaría en mal lugar a las nuevas autoridades de Simferópol y a toda la población crimeana: a los rusos por no ser aceptados como parte de Rusia y a ucranios y tártaros por no disfrutar de la “protección estatal” de Kiev y, de alguna manera, de Europa occidental. Sin embargo, la no anexión es una salida muy ventajosa para Putin por varias razones. En primer lugar, aparecería como el líder mundial poderoso pero también respetuoso con el derecho internacional (recordemos que nunca ha aceptado que la presencia militar en Crimea sea rusa, sino autodefensas). En segundo lugar, esta solución haría olvidar pronto el episodio de ocupación militar al resto de la comunidad internacional y se volvería a las buenas relaciones con la Federación Rusa, tan necesarias para su comercio y economía en general. Finalmente, no nos engañemos, permitiría la continuación de la presencia militar de Rusia prácticamente en el nivel actual.
La situación final puede ser la de un conflicto enquistado en el territorio más estratégico de Ucrania quien, además, debería dar algún tipo de alternativa a esta región que quedaría con un dudoso estatuto político y jurídico. Esto abriría unas negociaciones entre Kiev y Crimea que podrían durar décadas y conferiría un poder de facto a Moscú sobre la península crimeana, al tiempo que le permitiría asegurar esa zona de seguridad que parece tan necesaria a los ojos del Kremlin. En esas circunstancias, difícilmente ninguna institución europea, UE u OTAN, haría intentos de mayor aproximación a Ucrania, un país dividido. Todos los objetivos de Moscú, conseguidos. Pero ¿quién pondría todo el dinero que Ucrania debe y que necesita para evitar la bancarrota?
Natividad Fernández Sola es catedrática (acreditada) de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y profesora Jean Monnet, Universidad de Zaragoza.