A medida que la democracia ha retrocedido en varias partes del mundo, el concepto de “derechos humanos” y el lenguaje, las instituciones y el marco legal a los que ha dado origen en los últimos 75 años, se han convertido cada vez más en objeto de críticas.
Por supuesto, las realidades sobre el terreno siempre han sido distintas de las nobles aspiraciones consagradas en el imperfecto mosaico de nuestro sistema global de derechos humanos, desde las primeras iniciativas de la Liga de las Naciones hasta la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y los tratados subsiguientes adoptados por los países miembros de la ONU. Poco se puede culpar a los defensores de los derechos humanos del ascenso de los autoritarismos populistas. El auge de los autócratas no se debe a que el régimen de derechos humanos haya fracasado, sino a que la dinámica del poder en distintos países ahoga las oportunidades económicas y bloquea las alternativas políticas, haciendo posible la aparición de caudillos autoritarios que se burlan de las reglas democráticas
Pero, si bien los derechos y sus fundamentos legales se han visto socavados en los últimos años, los pasados 12 meses han originado un ímpetu por su resurrección. La invasión ilegal de Rusia a Ucrania y las atrocidades masivas que la siguieron nos han recordado que todavía importan los derechos humanos y la arquitectura legal que les da sustancia. De hecho, la guerra recalca tres lecciones fundamentales sobre el estado actual de los derechos humanos.
Primero, la agresión y las atrocidades cometidas por Rusia han servido de recordatorio de que los derechos, la justicia y la democracia no son solo retórica. Tienen un significado y un valor concretos, pero solo cuando están a punto de perderse hemos venido a darnos cuenta de lo importantes y vulnerables que son. Antes del 6 de enero de 2021, a muchos de nosotros en los Estados Unidos nos habría resultado inconcebible que nuestro propio Capitolio -la cuna de la democracia estadounidense- fuera objeto de ataques físicos, o que un presidente en ejercicio se negara a reconocer los resultados de unas elecciones libres y justas e intentara permanecer en el cargo a punta de mentiras y engaños.
De manera similar, antes del 24 de febrero de 2022 muchos veían los dictados de la ley internacional -la inviolabilidad de las fronteras, el derecho del pueblo a elegir sus propios gobernantes, las prohibiciones a las conductas abusivas incluso durante conflictos armados- como meras trivialidades que no valían demasiado en el mundo real del poder duro. Pero la invasión rusa y sus brutales ataques a la población civil y su infraestructura nos han recordado por qué creamos estas normas legales, y por qué ya no las podemos dar por supuestas. Rusia nos está mostrando literalmente cómo se vería un mundo sin leyes de alcance internacional ni derechos humanos, y el resultado no es muy atractivo.
La segunda lección de la guerra se deduce de la primera: no basta con proclamar los derechos humanos por escrito, sino que también es necesario lucha por reconocerlos, defenderlos y ampliarlos. Los millones de ucranianos que luchan por sus vidas y exigen una completa rendición de cuentas de quienes cargan con las mayores responsabilidades de la guerra lo entienden muy bien. A medida que se movilizan en el campo de batalla para defender su libertad y la democracia, también impulsan lo que el Presidente ucraniano Volodímir Zelensky llama una “paz justa”: un fin del conflicto no solo con la devolución del territorio ucraniano ocupado, sino también con una rendición de cuentas del Presidente ruso Vladimir Putin.
Los ucranianos y el resto del planeta aprendieron que fue un error no castigar a Putin por sus acciones previas de agresión a Crimea y el este de Ucrania, por no mencionar los crímenes anteriores de sus tropas en Georgia y Siria. Un acuerdo que carezca de juicios para los principales perpetradores de la violencia no llevará a una paz duradera. Mientras el Fiscal General de Ucrania y la Corte penal Internacional inician sus investigaciones por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, la Asamblea General de la ONU debe crear un nuevo tribunal para enjuiciar al liderazgo ruso por el crimen singular de agresión.
Finalmente, esta guerra nos ha enseñado que lo que está ocurriendo en Ucrania nos concierne a todos. Si queremos evitar que los dictadores del futuro inicien guerras de agresión, no basta con enjuiciar a los actuales gobernantes de Rusia. También debemos dejar en claro que, al igual que los crímenes por atrocidades, las agresiones se castigarán cuando y donde sea que ocurran.
Es evidente que los ucranianos son quienes sufren de manera más directa las atroces acciones cometidas en Bucha, Mariúpol e incontables otras ciudades que han quedado en ruinas. Pero estos también son crímenes contra toda la humanidad. Al defender su propia democracia, Ucrania lucha por preservar un orden internacional basado en reglas del que todos dependemos En este sentido, la causa de Ucrania es, en verdad, la de todo el planeta.
Si bien el foco de interés global está correctamente centrado en Ucrania por ahora, no debemos olvidar las otras crisis de derechos humanos que también merecen la atención y los recursos internacionales, como Myanmar, Etiopía, Afganistán o Palestina. Hacer que Putin y su camarilla rindan cuentas es esencial, pero nuestra tarea no estará completa sino hasta que llevemos también el peso de la ley a los perpetradores de otros crímenes graves.
La noción misma de justicia internacional exige que se administre de manera imparcial e igualitaria. Cualquier otra cosa es indigna de ese nombre.
James A. Goldston is Executive Director of the Open Society Justice Initiative and previously worked in the Office of the Prosecutor at the International Criminal Court. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.