La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebra estos días su reunión cumbre, con la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, en Gales. Los temas que en circunstancias normales hubieran debido poblar su agenda han sido inevitablemente desplazados en la visibilidad pública por la situación en Ucrania y por la amenaza que la Federación Rusa sigue proyectando sobre la independencia soberana y la integridad territorial del país. Amenaza que según las últimas informaciones contrastadas, e incluso teniendo en cuenta la anexión ilegal que Moscú obtuvo por la fuerza hace unos meses del territorio de Crimea, se sigue materializando en diversas formas de invasión militar en el Este del país.
Ucrania, miembro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) es un país europeo, situado en la vecindad de Polonia, país hoy miembro de la OTAN y de la UE. Fue precisamente el Acta Final de Helsinki, firmada en la capital finlandesa en 1975, parte central de la entonces CSCE y luego OSCE, la mencionada de manera primordial en el Memorándum de Budapest de 1994 sobre las «garantías de seguridad» extendidas a Ucrania –y también a Bielorrusia y Kazajstán– por el que los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Federación Rusa se comprometían a garantizar la independencia de Ucrania y de los otros dos países, todos exrepúblicas soviéticas, tras la desaparición de la URSS y la decisión de Kiev, Almaty y Minsk de transferir a Moscú las armas nucleares soviéticas que estaban desplegadas en sus territorios. El artículo primero del documento reafirmaba la voluntad de los tres países garantes de acuerdo de mantener su «compromiso con Ucrania, de acuerdo con los principios del Acta Final de la CSCE, de respetar la independencia y la soberanía y las fronteras existentes de Ucrania».
El primero de los principios del Acta Final, obliga a los firmantes a respetar mutuamente los derechos soberanos de cada uno, incluyendo en particular «el derecho de todo Estado a la igualdad jurídica, a la integridad territorial y a la libertad y a la independencia política». De ello deduce el principio el derecho de todos los participantes a elegir libremente sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales así como el derecho a «pertenecer o no pertenecer a organizaciones internacionales, a ser o no parte de tratados bilaterales o multilaterales, incluyendo el derecho de ser o no parte de tratados de alianza». Nadie puede poner en duda el derecho que asiste a Ucrania como país europeo para solicitar su adhesión a la OTAN y a la Unión Europea. Como nadie, con la conspicua excepción rusa, pone en duda el derecho de país a ser respetado en su integridad territorial. Es también el Acta Final de Helsinki, siguiendo ello la doctrina y la práctica del derecho internacional que hoy conocemos, la que condena el uso de la violencia para alterar límites fronterizos.
La OTAN, constituida en 1949 para asegurar la defensa de los países miembros frente a la creciente amenaza soviética, consagró en el artículo quinto del Tratado fundacional de Washington la voluntad común de respuesta frente a la agresión: «Las Partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la Parte o Partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada para restablecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte». En el curso de su ya larga y exitosa historia, la OTAN no tuvo necesidad de invocar la aplicación del artículo para mantener a raya, y eventualmente ganar la partida, los belicosos propósitos de la Unión Soviética. Intuía Moscú que los propósitos recogidos en la letra del artículo no eran simples baladronadas. Y a pesar del tiempo transcurrido y de las cambiantes circunstancias, saben los miembros presentes y futuros de la OTAN que en ese artículo 5 se encuentra la razón última de su pertenencia y la demanda eventual de sus obligaciones individuales y colectivas. No es difícil presumir que la prontitud con que los antiguos miembros del Pacto de Varsovia y algunos de los que formaron parte de la URSS –Estonia, Letonia y Lituania– solicitaron y obtuvieron la pertenecía a la alianza defensiva tenía que ver con esas legítimas urgencias. No es de extrañar que otros potenciales candidatos –Georgia, Macedonia, Azerbaiyán– participen de las mismas necesidades. Ucrania no hace un secreto de sus deseos en tal sentido. En el comienzo de sus recientes problemas con la Federación Rusa están precisamente la determinación ucraniana de acceder al mundo europeo y occidental y la tozuda voluntad de Vladimir Putin de impedirlo.
Ucrania está siendo agredida y si fuera ya miembro de la OTAN habría invocado la aplicación del artículo 5 para que los aliados acudieran en su defensa. Como el país no es todavía miembro de la OTAN algunos de sus miembros quieren curarse en salud retrasando tal posibilidad, con la finalidad evidente y por demás legítima de no verse envueltos en un conflicto bélico que nadie, con la excepción de Putin, desea.
Pero si los reparos a la invocación de la legítima defensa permea la voluntad colectiva de la Alianza, pronto su misma existencia habrá dejado de tener sentido. No hay nada como afirmar que las soluciones a los conflictos deben ser siempre diplomáticas para alentar al potencial agresor. No existe mención más lesiva para una alianza militar que la de pretender que nunca utilizará las armas para cumplir sus propósitos fundacionales. No existe peor precedente para el mantenimiento de la estabilidad global que la tolerancia de las violaciones de los principios básicos de derecho internacional. Los manes malditos de Múnich y Chamberlain vienen a la cabeza. También los de los pactos Molotov-Ribentrop. La misma esencia de las libertades que los países occidentales pregonan quedaría gravemente teñida de sospecha si su precio accidental fuera el sacrificio de Ucrania.
Javier Rupérez, embajador de España.