Ultraje a la democracia

La declaración del presidente del Gobierno (“El traslado de los restos de Franco queremos que sea inmediato”) obliga a plantearse una solución de mucho mayor alcance. Sobre todo, conociendo sus orígenes y su dimensión actual.

Cuando aún alguien duda de cuál debe ser el destino de ese monumento al criminal de guerra y genocida general Franco, es necesario, una vez más, tener presente cuáles fueron las consecuencias del golpe militar de 1936. Una política de terror que se implantó a través de la aplicación brutal de bandos de guerra, asesinatos impunes, bombardeos sobre la población civil, desapariciones forzadas, sentencias radicalmente injustas de muerte o prisión, cárcel, campos de concentración, trabajos forzados, multas arbitrarias, incautación de bienes, torturas, exilio, persecución laboral y profesional y tantas consecuencias lesivas para los derechos humanos de los vencidos y los demócratas.

Ante esta enorme tragedia, el dictador, derrotada la República, ya decidió construir un gran monumento en su memoria —con “la grandeza de los monumentos antiguos”— y en la de los vencedores que habían fallecido durante la guerra. Pese a ello, los Gobiernos del PSOE y del PP han consentido la continuidad de ese infame monumento. Y la ley, llamada de la Memoria Histórica, de 2007, se limitó a prohibir en su sede “actos… exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”.

Pero veamos cuáles son sus orígenes. El general Franco, por decreto del 1-4-1940, dispone la elección de “un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos que, por los siglos, se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria”. Y continuaba, “lugar perenne de peregrinación, en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposan los héroes y mártires de la Cruzada”. Espacio, el de Cuelgamuros, para “perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra Gloriosa Cruzada”. ¿Cómo han podido olvidar nuestros Gobiernos democráticos esta terrible, por absolutamente sectaria e injusta, decisión?

A continuación, constan diversas disposiciones, como el decreto del 31-12-1941, en el que se hace referencia al “monumento a los que cayeron en nuestra Gloriosa Cruzada”. Y, muy especialmente, el decreto ley del 23-8-1957, en el que, concluidas las obras, se crea la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, con la colaboración activa de la Orden Benedictina, en el que reitera la “erección de un magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos de la Cruzada de Liberación, para honra de los que dieron su vida por Dios y por la Patria”. Y, en su preámbulo, se reitera la “fe religiosa de nuestro pueblo”, “el sentido profundamente católico de la Cruzada”, “el signo social del nuevo Estado nacido de la Victoria” y, por todo ello, “la Cruz grandiosa que inspira el Monumento imprime a esta realización un carácter profundamente cristiano”. Pero lo que ya resultaba, desde hace mucho tiempo, absolutamente inaceptable para toda la sociedad española y, desde luego, para los Gobiernos de la democracia, es acatar pasivamente el siguiente texto de dicho decreto: “Los lustros de paz que han seguido a la victoria han visto el desarrollo de una política guiada por el más elevado sentido de la unidad y hermandad entre los españoles”. Lo que, como ya está completamente acreditado, es radicalmente falso. Era evidente, frente a lo que decía el decreto ley, que no estábamos en “los mejores tiempos españoles”.

Y aún rigen acuerdos, como el Convenio de la Citada Fundación con la abadía de Silos, del 29-5-1958, firmado por Carrero Blanco, en el que se dispone que: “El primero de abril, día en que terminó nuestra Cruzada… cantar una Misa solemne de acción de gracias y un Te Deum” o “celebrar una Misa solemne… el día primero de octubre por su Excelencia el Jefe del Estado”. Y, finalmente, el dictador, el 15-1-1959, aprueba el reglamento que desarrolla la disposición de 1957, que comienza así: “La finalidad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es la de rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada nacional…”.

El actual Gobierno de un Estado democrático, laico y moderno, no puede consentir que continúen vigentes una institución y unas normas dictadas por un Estado totalitario y confesional, que pueden resumirse en el decreto ley de 1957. Es inexcusable reconvertir dicha institución, secularizarla y que refleje, con plena objetividad, la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil.

Carlos Jiménez Villarejo es miembro de Federalistes d‘Esquerres.

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