El acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de este fin de semana merece, por su naturaleza, pasar a los anales de la construcción europea en la misma categoría que el Consejo de Niza del año 2000 o la Cumbre de Maastricht, en 1991. No por sus novedades institucionales, pues no hay modificación alguna de los tratados, sino por el alcance de los acuerdos tomados en el mismo: por primera vez en la historia, y aunque de manera extraordinaria debido a la crisis del coronavirus, la Unión Europea ha roto el techo del 1% en su presupuesto, y se ha permitido acceder a un endeudamiento significativo con la garantía de las futuras aportaciones presupuestarias de los Estados miembros.
En otras palabras, y tras años de importantes debates sobre este particular, la Unión Europea va a servir para canalizar una mutualización de los riesgos entre los Estados miembros y sus presupuestos van a ejercer una tarea de estabilización frente a una crisis asimétrica, algo que hace apenas un año era impensable. Aunque sea de manera absolutamente excepcional, se sienta el precedente del pilar que le falta a la zona euro para funcionar adecuadamente: el de la estabilización fiscal que, junto con la unión bancaria y el Mecanismo Europeo de Estabilidad como prestamista de último recurso, completan su arquitectura tras los graves déficits identificados en la crisis de 2009.
Las condiciones en las que se ha logrado este acuerdo han sido extraordinariamente difíciles: el destino de los fondos acordados se debe centrar en un programa de inversiones de duración limitada, sometido a estrictas reglas de elegibilidad y condicionalidad —las famosas reformas— y con una fuerte monitorización no solo de la Comisión Europea, sino también del resto de miembros de la Unión. El precio a pagar por tener este instrumento es otorgar todavía más poder al Consejo frente a las instituciones más comunitarias, como la Comisión y el Parlamento. La ausencia de confianza entre los miembros, la conversión de la política europea en una política interna que alimenta movimientos populistas y xenófobos y las cicatrices de la anterior crisis no han permitido dar un salto adicional en la integración. De hecho, del paquete aprobado, los grandes perdedores son los programas financieros gestionados por la Comisión y los que han salido más indemnes son aquellos que implican transferencias directas a los Estados miembros. El precio de una mayor integración fiscal ha sido una mayor intergubernamentalidad.
Aunque lejos de las pretensiones iniciales, el acuerdo es bueno para España, uno de los países más beneficiados: dispondremos de alrededor de 140.000 millones de euros que deberemos planificar y gestionar en tiempo récord y bajo la atenta vigilancia de nuestros escépticos socios. España tiene capacidad sobrada para aprovechar esta oportunidad única y generar el impulso inversor y reformista que necesitamos para un crecimiento más robusto y sostenible en el medio plazo. Los Presupuestos de 2021 serán la prueba inequívoca de hasta qué punto hemos asumido este reto.
José Moisés Martín es economista y consultor. Este artículo ha sido elaborado por Agenda Pública para EL PAÍS.