Un aniversario olvidado

El pasado año celebramos el 40 aniversario de las primeras Cortes democráticas. Dentro de unos días celebraremos el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución. Para muchos estos dos momentos marcan el principio de la transición a la democracia, sin tener en cuenta una fecha fundamental de este proceso histórico que sus responsables han olvidado celebrar. Me refiero a la aprobación, primero por las Cortes y posteriormente por los españoles en referéndum, de la Ley para la Reforma Política, verdadera llave que abrió la puerta de la transición democrática.

El Rey Don Juan Carlos, que en su proclamación había jurado las Leyes Fundamentales de Franco, deseaba que España se convirtiese en un Estado Democrático, pero necesitaba hacerlo sin que le llamaran perjuro por ignorar unas Leyes que, según las mismas decían, eran «permanentes e inalterables».

Un aniversario olvidadoFue una vez más Torcuato Fernández-Miranda quien dio la solución al problema, encontrando en el artículo décimo de una Ley -¡de 1947!- la de Sucesión a la Jefatura del Estado, la fórmula para crear la llave que permitiese, «de la ley a la ley», abrir las puertas a la democracia. Curiosamente el decreto de 20 abril de 1967 que refunde las Leyes Fundamentales del Reino, considera ya en su preámbulo que éstas se basan en principios «permanentes e inalterables» y, sin embargo, el mismo texto legal mantiene el artículo de la Ley de Sucesión que permitía que dichas Leyes Fundamentales dejasen de ser permanentes y pudieran alterarse.

Si bien tuve la satisfacción de pertenecer a la Comisión Constitucional del Congreso y participar en los trabajos de elaboración de la Constitución, es la participación en los prolegómenos de la aprobación de la Ley para la Reforma Política de lo que estoy más satisfecho de mi vida parlamentaria.

En la Pascua de Reyes de 1973 un grupo de «reformistas» aparecimos ante la sociedad como «los 39», en una carta a Franco solicitando públicamente la apertura del sistema y el diálogo y comunicación entre los españoles y el Gobierno mediante el ejercicio de todas las libertades, y entre ellas la crítica de la acción política, exigiendo nuevos y más amplios cauces de participación política. La noticia sobre dicha carta, bueno es decirlo, solo la publicó ABC.

Cuando bajo la presidencia de Fernández-Miranda se autorizó en las Cortes la creación de grupos parlamentarios, los que de aquellos 39 éramos procuradores creamos, junto con otros varios, el Grupo Parlamentario Independiente, cuya media de edad era la menor del Parlamento.

Miguel Ángel Rodríguez Martínez ha publicado recientemente en el número 179 de la Revista de Estudios Políticos un artículo titulado «Los reformistas del franquismo en las Cortes: el Grupo Parlamentario Independiente» que el autor resume así: «Entre los sectores que participaron en el proceso de cambio democrático en España, un papel destacado correspondió a los reformistas, figuras que, a la muerte de Franco, ocupaban puestos relevantes dentro de las instituciones de la dictadura y que protagonizaron diversos intentos de transformación del régimen en sentido democratizador. Algunos de estos reformistas, procuradores en Cortes, decidieron formar en la primavera de 1975 el Grupo Parlamentario Independiente, que constituyó un auténtico revulsivo en la mortecina existencia de la Cámara, dominada por el inmovilismo. A través de sus iniciativas, dinamizó la vida política española, y su influencia se pondría especialmente de manifiesto durante el debate de la Ley para la Reforma Política».

En las iniciativas parlamentarias de los integrantes del Grupo Parlamentario Independiente destacamos desde el primer momento el caudal de esperanza que supuso el acceso al Trono del Rey Don Juan Carlos, lo que exigía, afirmábamos, la aplicación de una política imaginativa y dinámica.

Imaginativa y dinámica, dos certeros adjetivos de la Ley para la Reforma Política.

La aprobación de la Ley requería la mayoría absoluta de la Cámara y los dos tercios de los procuradores presentes. Desde nuestra posición no solo presentamos diversas enmiendas de mejora de la Ley, entre ellas la del voto a los 18 años, que no prosperó entonces pero que, ante nuestra insistencia, se aprobó por decreto ley, sino que principalmente estuvimos en la tarea de convencer al mayor número posible de procuradores de la necesidad de su voto positivo.

En la llamada «oposición», tanto de derechas como de izquierdas, teníamos amigos y conocidos, principalmente de la época estudiantil, cuando nos mezclábamos en las delegaciones del SEU de las diferentes facultades. Y desde las diversas «platajuntas» nos trasladaban su escepticismo en que la Ley saliese adelante. Pero la Ley salió, y recordemos que en el posterior referéndum se aprobó por el pueblo por un 94,17% de votos favorables. Ningún grupo de la oposición democrática hizo campaña por el «no». Algunos promovieron la abstención, pero fracasaron ante una participación del 77,8%.

Para mí, aquí comenzó la, con mayúscula, Transición que, como ha sido ampliamente reconocido, fue posible gracias al diálogo entre todos los grupos políticos, consensuando en primer lugar los denominados «Pactos de La Moncloa» y posteriormente la Constitución.

Tanto que se habla de «memoria histórica», sería bueno que los políticos actuales repasasen en su memoria la historia de España de aquellos años, y entiendan que la prosperidad de los españoles solo se alcanzará mediante el acuerdo de los partidos políticos en los temas de Estado. El principal y prioritario es la educación.

Volviendo a la Ley para la Reforma Política, fuimos 425 procuradores los que votamos sí. Algunos volvimos a las Cortes como diputados o senadores de las Cortes Constituyentes. La mayoría volvió a su casa.

Si el pasado año las Cortes homenajearon a los diputados y senadores de las Cortes Constituyentes, de alguna forma habría que homenajear a los procuradores que según el lenguaje coloquial se hicieron el «harakiri» aquel 18 de noviembre de 1976, abriendo así las puertas a la Democracia.

Claro que quien merece mayor homenaje -que espero se lo rindamos el próximo 6 de diciembre- es Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, que habiendo heredado todos los poderes de Franco renunció a ellos en favor de que España se constituyese en un Estado social y democrático de Derecho cuya soberanía reside en el pueblo.

Jesús Sancho Rof fue ministro con Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo.

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