¿Un asunto privado?

Por Peter Singer, catedrático de Bioética en la Universidad de Princeton y catedrático distinguido de la Universidad de Melbourne. Entre sus libros están How are we to live? y Writings on an ethical life. © Project Syndicate, 2007. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia (EL PAÍS, 22/05/07):

¿Puede tener una figura pública vida privada? Acontecimientos recientes en tres países han puesto de relieve la importancia de esta pregunta.

En las elecciones presidenciales francesas, ambos candidatos trataron de mantener su vida doméstica al margen de la campaña. Ségolène Royal no está casada con François Hollande, el padre de sus cuatro hijos. Cuando le preguntaron si eran pareja, Royal respondió: “Nuestras vidas son cosa nuestra”. Igualmente, ante los rumores de que la mujer del presidente electo Nicolas Sarkozy le había abandonado, un portavoz replicó: “Ésa es una cuestión privada”.

Los franceses poseen una larga tradición de respetar la intimidad y la vida privada de sus políticos, y la opinión pública en ese país es más abierta que en Estados Unidos, donde una madre soltera con cuatro hijos no tendría ninguna posibilidad de ser candidata a la presidencia por uno de los grandes partidos. El mes pasado, Randall Tobias, el máximo responsable de la ayuda exterior en el Departamento de Estado, dimitió después de reconocer que había usado un servicio de señoritas de compañía especializado en “fantasías eróticas de lujo”, aunque Tobías dijo que él sólo había utilizado los masajes.

En el Reino Unido, Lord John Browne, el ejecutivo que logró que BP dejara de ser una empresa petrolífera europea de segundo orden para convertirse en un gigante mundial, dimitió después de reconocer que había mentido en los tribunales sobre las circunstancias en las que había conocido a su compañero homosexual (al parecer, le había conocido a través de una agencia de prostitución masculina). Al dimitir, dijo que siempre había considerado su sexualidad como algo privado y que le decepcionaba que un periódico -The Mail on Sunday– la hubiera hecho pública.

A los candidatos a ejercer cargos públicos y a quienes ocupan altos puestos en la administración o la empresa debería juzgárseles por sus propuestas y por sus hechos, no por actos privados. Es evidente que, en ocasiones, los dos aspectos se solapan. The Mail on Sunday y su periódico hermano, The Daily Mail, justificaron haber publicado las revelaciones del ex-compañero de Browne en la acusación de que éste le había permitido emplear recursos de la compañía para provecho de su propia empresa privada. La compañía negó que esas acusaciones tuvieran fundamento.

Como responsable de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional, Tobias estaba encargado de hacer respetar la política del Gobierno de Bush que exige a las organizaciones de lucha contra el VIH/sida que condenen la prostitución para poder recibir ayuda de Estados Unidos. Esta política ha recibido críticas porque hace más difícil ayudar a las trabajadoras sexuales, que corren un grave riesgo de contraer y contagiar el VIH/sida. Parece lógico que a la opinión pública le interese saber si los que ejecutan esa política utilizan servicios sexuales de pago.

Cuando no existe ningún indicio de que una cuestión de moral personal esté influyendo en la actuación de un alto cargo empresarial o un funcionario del gobierno, debemos respetar la intimidad de esa persona. ¿Pero qué ocurre con los candidatos a gobernarnos?

Puede alegarse que, dado que los políticos nos piden que les confiemos unos poderes muy amplios, debemos saber todo lo posible sobre su moralidad. Por ejemplo, sería razonable preguntarles si pagan los impuestos que les corresponden o qué donaciones hacen. Ese tipo de cosas nos deja ver cuánto se preocupan por el bien público. Ahora bien, el interés legítimo por saber más sobre un político ¿puede extenderse a los detalles de sus relaciones personales? Es difícil trazar una línea de principios respecto a un área concreta y decidir si saber más sobre ella nos va a aportar datos significativos sobre el carácter moral de un político. Lo malo es que los medios de comunicación tienen interés en publicar noticias que les permitan aumentar las audiencias y los lectores, y las informaciones personales, sobre todo si tienen que ver con el sexo, suelen cumplir ese papel.

No obstante, el que una persona decida casarse o no, que sea heterosexual u homosexual, incluso que pague para satisfacer sus fantasías eróticas o tenga fantasías que logra satisfacer sin coste alguno, sirve poco a la hora de saber si es una buena persona en cuyas manos puede confiarse un puesto de autoridad; a no ser, claro está, que se trate de que dice una cosa mientras hace la contraria. Si fuéramos capaces de cultivar una tolerancia mayor hacia la diversidad humana, los políticos, dirigentes empresariales y gobernantes tendrían menos miedo a “ser descubiertos”, porque comprenderían que no han hecho nada que haya que ocultar.

La prostitución es ilegal en la mayor parte de Estados Unidos, incluida la ciudad de Washington, y ésa podría ser razón suficiente para que dimitiera Tobias. Pero, cuando el gobernador de Nueva Jersey, John Corzine, sufrió un grave accidente de carretera, el mes pasado, salió a la luz que había infringido la ley de su propio Estado porque no llevaba puesto el cinturón. El sentido común nos dice que la infracción de Corzine fue más grave que la de Tobias. Las leyes que exigen llevar puesto el cinturón de seguridad salvan muchas vidas. Las leyes que prohíben la prostitución no producen ningún beneficio visible, y es muy posible que incluso sean perjudiciales. Sin embargo, nadie sugirió que Corzine dimitiera por haber cometido un acto ilegal e insensato. En Estados Unidos, por lo menos, infringir las normas sexuales sigue teniendo una carga de oprobio moral que es desproporcionada respecto al daño que verdaderamente puede hacer.