El ciudadano español que, dentro de la limitada pluralidad informativa, intenta mantener una mínima capacidad de crítica no gana últimamente para sustos. No sólo observa día a día la creciente sumisión del socialismo a la agenda del neocomunismo, que está convirtiendo a España de nuevo en una excepción europea, sino también la ceremonia de la confusión en el Centro-derecha constitucional por su fragmentación y dejación del proyecto de una sociedad libre y sin complejos.
En las últimas semanas su capacidad de asombro ha tocado techo con un episodio como el del acuerdo -enseguida frustrado- entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tras el fallido reparto de cromos, ayer mismo llegó al Congreso la reforma del sistema de elección del CGPG propuesta en este caso por Ciudadanos y PP, con escasas posibilidades de salir adelante.
Prescindimos de valorar la calidad democrática del sistema, porque no es el objetivo de estas líneas. Desde el plano de los principios democráticos, son buenos los acuerdos de Estado entre partidos. Así se actúa en las sociedades democráticas avanzadas sin que nadie se escandalice. Pero, entonces, ¿por qué decimos que las cotas de estupor ciudadano han superado sus registros previos? La respuesta hay que buscarla en la aparición de uno de los mayores escándalos políticos de los últimos tiempos, el llamado affaire Villarejo de las grabaciones ilegales.
Rechazando de plano las prácticas tan lucrativas del peculiar funcionario de policía, éstas son, sin embargo, una realidad insoslayable fruto del enconamiento alcanzado en la lucha partidista que degrada la política y la confianza de los ciudadanos en instituciones claves para articular el pluralismo como son los partidos políticos.
En su momento, el ahora añorado Felipe González manifestó, y no sin razón, que al Estado de derecho se le defendía hasta en las cloacas. Ahora parece que en la política tal lugar es un ámbito de actuación obligado cuyo uso trasciende a la vida institucional del Estado perjudicando su reputación.
La crudeza de los hechos del affaire ha creado en la ciudadanía un estado de ánimo no sólo de rechazo a tales prácticas sino, además, de exigencia de tratamiento igualitario de las personas concernidas por las grabaciones del ínclito policía.
A pesar de las medidas adoptadas por el Partido Popular, en un encomiable intento de su nuevo líder de censurar prácticas indeseables y a las personas que las ejecutaron, la estupefacción de los ciudadanos es máxima. Tampoco podemos obviar el estupor ciudadano ante la falta de autocrítica inteligente de los electos del PP. Es como si la ley del silencio, de épocas que se pretendían superadas, siguiera siendo un valor para mantener la disciplina de partido en un sistema de listas electorales cerradas. En ese sistema depende del líder brillar en un puesto remunerado o rechinar los dientes en cualquier esquina sin él. Esa falta de libertad, o peor, la autocensura, pasarán su factura política.
La anterior secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tras verse implicada en las grabaciones, en un acto de responsabilidad y servicio a su partido y a la ciudadanía, renunció a todos los cargos electos de los que era titular legítima. Su conducta suministró a su partido un capital moral importantísimo para exigir al Gobierno la sanción de sus miembros también implicados en grabaciones.
El paradigma más grosero es la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Sigue aferrada al sillón a pesar de los duros reproches recibidos en ambas Cámaras Legislativas por parte de parlamentarios de diversos partidos en el ejercicio de su función de control de la acción de Gobierno.
La solidaridad de sus compañeros de Gobierno está proporcionando a la ministra el ánimo suficiente para aguantar el duro envite político que sufre. Hasta ahí todo es explicable. Lo que ya no lo es y, precisamente es lo que ha sumido en un nivel de estupor máximo a la ciudadanía, es que el apoyo más efectivo a la ministra le llegara de dirigentes del PP, partido que la reprobó parlamentariamente. En plena refriega política basada en el tú más entre socialistas y populares, mientras Cospedal pasaba al ostracismo se reconocía a la reprobada ministra de Justicia como interlocutora formal del PP en un pacto de Estado importantísimo como era la renovación del Consejo General del Poder Judicial
El descrédito por su reprobación quedó así blanqueado de raíz, con lo que el PP dilapidó el capital político generado por la renuncia de Cospedal. Lo sucedido hace sólo unas semanas fue inexplicable. Habrá que esperar a saber, que se acabara sabiendo, cuáles fueron los intereses inconfesables que llevaron al PP a darse un disparo certero y profundo en su propio pie.
¿Qué esperanza le queda al votante actual y al que lo fue del Partido Popular de que la inercia autodestructiva de su anterior líder haya desaparecido sin retorno para que no se cumpla la expresión lampedusiana que todo cambie para que nada cambie?
Tras el pacto político, llegó, como bien sabemos, el penúltimo capítulo de la serie Villarejo: la no aceptación por el magistrado consensuado entre PP y PSOE para presidir el CGPJ por dignidad, integridad y sentido de Estado. Y con ello se borraron las negociaciones entre los dos partidos mayoritarios.
La consecuencia inmediata en la dirección del Partido Popular ha sido la exteriorización y agudización de la dialéctica interna autodestrucción versus renovación real. Se ha abierto así una puerta a la esperanza a los estupefactos ciudadanos. El deseable éxito de la facción renovadora del PP con Pablo Casado al frente en este conflicto sería lo mejor, pues podría conducir al necesario reforzamiento de la independencia del Poder Judicial, pilar esencial para garantizar la igualdad y la libertad de todos los españoles. A ello apuntan hechos como la presentación en la Cámara Baja de la proposición de ley destinada a elegir directamente a la mayoría de los vocales del CGPJ por los propios magistrados y jueces.
Asimismo, en esa línea regeneracionista, se puede considerar muy importante el éxito del centro-derecha en las elecciones andaluzas. Éste puede posibilitar la recuperación de su pulso político si se entiende el mensaje de los electores en clave de unidad en la diversidad y defensa del constitucionalismo, lo que hasta el PSOE va a tener que hacer, aunque sólo sea por realismo, so pena de marginalización y disolución en una corriente antisistema y totalitaria.
Mientras tanto, parafraseando al turbio personaje de Fouché, que es historia viva de la que se puede aprender mucho, sobre todo para no repetirla, se podría decir que lo hecho por la dirección del PP, prescindiendo de Dolores de Cospedal mientras se blanqueaba a la ministra de Justicia, "... ha sido peor que un crimen, ha sido un error".
José Mateu es abogado del Estado excedente.