Un ‘Brexit’ limpio y duro

La inminente sentencia del Tribunal Supremo británico, en la que se pronunciará sobre el respeto a la soberanía parlamentaria frente a quienes se escudan en la voluntad popular, ha llevado a la primera ministra británica a despejar dudas sobre las actuaciones y posiciones de su Gobierno en torno a la retirada prevista de la Unión Europea (UE). Así, ha confirmado que a finales de marzo notificará formalmente la decisión de la retirada (preaviso que se ejecuta a más tardar en dos años). Entre otros motivos porque de no hacerlo se pondría en serios apuros ante el electorado británico y el conjunto europeo que celebrará elecciones al Parlamento europeo en junio de 2019. En la primavera de 2019, si es que se marchan, deberán dejar de ser un Estado miembro de la UE y no participar en las elecciones europeas.

Y, ante la actitud bastante firme de algunos estados y de las instituciones europeas, Theresa May ha renunciado a su pretensión asimétrica de libre mercado para las mercancías europeas y británicas frente a barreras para los ciudadanos que las producen. No habrá nexos o puentes según modelos previos. Romperá con todo cordón umbilical que le una con los esquemas de la integración. Será un acuerdo económico y comercial específico negociado con dureza. Y para los ciudadanos europeos viviendo a uno y otro lado se encontrarán las fórmulas que dicta el respeto a las situaciones adquiridas. Nada nuevo que no se intuyese.

Como algunos ya habíamos previsto antes del 23 de junio pasado, al Gobierno británico se le iba a acumular el trabajo antes de notificar nada. Desde los primeros días de mes de julio pasado, el Gobierno y la Administración británicas se reorganizaron para formar equipos reclutando a golpe de talonario en bufetes y consultoras a expertos juristas y economistas.

Desde entonces se afanan en examinar los innumerables frentes abiertos, no sólo con la UE, sino con el resto del mundo para poder sustituir la maraña de acuerdos internacionales (comerciales, económicos, inversión, medioambientales, etc.), varios cientos, que hoy regulan el comercio y las relaciones de la UE con el resto del mundo por acuerdos propios del Reino Unido con la UE y con esos terceros estados. Es decir, necesitará conectarse con el comercio y la economía internacionales. El Gobierno británico reconoció, antes del referéndum incluso, que esto llevaría bastantes años, y también que no hay garantía de que el Reino Unido negocie condiciones tan buenas como las que disfruta en la Unión Europea. Se sabía que no era realista notificar la retirada a los pocos días del referéndum sin una tarea de reflexión previa ganando tiempo; esto se entiende y es excusable por un tiempo razonable, siempre que tal actitud no constituya un acto de mala fe y de desleal actuación. Mientras no pase de la primavera de 2017 estará en lo razonable.

Por otro lado, la actitud de May y su Gobierno de prescindir del Parlamento británico para desencadenar la retirada ha sido un error grave desde el punto de vista jurídico y político. No tuvo en cuenta que el artículo 50 del Tratado de la UE exige que el Estado miembro debe cumplir sus normas constitucionales para formar la voluntad de retirada: el referéndum no es procedimiento internacional para poner fin a un tratado. La remisión que hace el Derecho de la UE al Derecho interno para expresar la voluntad de retirarse es la misma que para la adhesión; y el Reino Unido se adhirió con la previa autorización del Parlamento británico en 1972. Desde julio pasado, el Gobierno británico se viene resistiendo a pasar por el Parlamento siguiendo la copla de los populismos de toda laya sobre el derecho a decidir de la gente.

Un tribunal británico acordó en noviembre pasado que no es democrático prescindir del Parlamento al socaire de un referéndum que, además, no era vinculante y que como se entró hay que salir de la UE. Sólo el Parlamento puede autorizar la supresión de derechos a los ciudadanos y empresas británicas. Es muy probable que el Supremo lo confirme en los próximos días y, por ello, se anticipó la primera ministra anunciando que el Parlamento intervendrá dos veces; para activar la retirada y para controlar los términos del acuerdo sobre las relaciones futuras. El acuerdo de retirada como tal no requiere su aprobación, aunque sí el que contenga los términos de la relación futura. Los liberales británicos tienen razón cuando dicen que el pueblo británico votó por la salida, pero no por un destino.

El Brexit es un exponente más de los choques alarmantes de legitimidades que los populismos esgrimen para poner fin al Estado de Derecho y a la democracia representativa en Europa. También en España.

Con la excusa de una abstracta voluntad popular se tiende a desconocer la ley y el Estado de Derecho. Hemos asistido en la primavera de 2016 a un choque entre el Parlamento y el Gobierno semifascista de Polonia con el Tribunal Constitucional, que defendía la Constitución y el respeto del Derecho; también en Cataluña. Y en el Reino Unido a un pulso entre el Gobierno y el poder judicial inimaginable hace años, simplemente, porque el poder judicial quiere hacer respetar la soberanía parlamentaria, hacer cumplir la ley que es expresión de la voluntad general.

Resultó patética la primera ministra cuando insistía en la idea de un Reino Unido “global” que no se va a encerrar en sí mismo y será decisivo en el mundo. Se engaña si cree que ganará en términos de influencia global. Gracias a su ingreso en la UE en 1973, tras la pérdida de su imperio colonial, pudo reconducir la crisis de identidad postcolonial y mantener una posición privilegiada ante el mundo. Se puede comprender que el Reino Unido tenga el sueño de ser un actor individualizado en el mundo porque su sociedad ha cultivado la conciencia de su pasado (aquí sin motivos renegamos del pasado; allí no hay anglofobia, la buena educación lo impide). Pero sabemos que el pasado no vuelve. Gran Bretaña no va a recuperar el espléndido aislamiento; es una alucinación nostálgica. Ni Boris Johnson es Lord Cunning -de triste memoria para España por su influencia sobre la controversia de las aguas en Gibraltar- ni estamos en el contexto del siglo XIX.

Además, es bien sabido que fue un mito, una quimera, ni hubo aislamiento ni fue tan espléndido. Hoy, si el Reino Unido es considerado una potencia influyente en el mundo, si se le considera potencia, es por ser miembro de la UE y por ejercer influencia y control considerable dentro de -y desde- la UE. La aspiración de que Gran Bretaña sea una nación independiente, sin ataduras y un actor relevante en el ámbito internacional, no es creíble debido a la cambiante realidad internacional en la que los estados sólo controlan una parte del poder, y también a que los problemas globales son desequilibrantes, desde el cambio climático a los estados fracasados y el terrorismo yihadista.

Por ello, lo único sensato del discurso -y que ya estaba descontado- es que seguiremos siendo “socios fiables, aliados y amigos”. La común pertenencia a la OTAN será una red de salvación para la seguridad colectiva de los estados europeos unidos por el vínculo atlántico -aunque Trump lo vea obsoleto-. Los compromisos de seguridad del Reino Unido, como los del resto de estados europeos de la OTAN, permanecen en el seno de la organización militar atlántica. Claro que no se puede evaluar todavía el impacto que pueda tener en la cohesión atlántica la retirada del segundo socio en importancia, ni el hecho de que Trump quiera romperlo todo: la OTAN, la UE, el globo terráqueo mismo. Salvo la cara de Putin. Preocupante.

Araceli Mangas es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, y Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

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