Cuando fui cabo de cocina y cantina en el servicio militar tenía que cumplimentar todos los días una nota con el gasto realizado. Para elaborarla siempre comenzaba por el final, la cuantía autorizada, y después la justificaba con una distribución aleatoria de los componentes. Sabía que lo único importante era el resultado.
Esta técnica ha sido utilizada por el Gobierno para calcular la denominada condonación de la deuda autonómica. Lo más importante era cumplir con los objetivos pactados para la investidura; y el más urgente es el acuerdo con ERC de reducir la deuda de Cataluña en 15.000 millones de euros. Para tapar la asimetría con la que se trata al resto de comunidades, se añade a modo de chantaje un arma que puede utilizar la ministra de Hacienda en su candidatura a la Junta de Andalucía: un aparente mejor trato a esta comunidad difícil de rechazar. Todo ello sin enfadar a las comunidades autónomas propias, en especial a Castilla-La Mancha.
Pues bien, siendo todo ello grave, bajo esta propuesta subyace, en mi opinión, algo aún más dañino: una operación que afecta al modelo de Estado en España.
Para conseguir sus objetivos el Gobierno ha utilizado una combinación de variables que determinan la dimensión de la quita (83.252 millones de euros) y su desigual distribución territorial: sobreendeudamiento autonómico durante la crisis financiera de 2008 provocado «por la (supuesta) insuficiente respuesta europea y del Estado»; infrafinanciación en el sistema de régimen común (calculado de forma parcial y sesgada); y la respuesta de las comunidades elevando impuestos (sin explicar la fórmula de cálculo del esfuerzo fiscal). Lo cierto es que la complicada metodología utilizada incluye variables elegidas arbitrariamente con una ponderación también arbitraria. ¿Por qué no utilizar la infrafinanciación de las CCAA por debajo del promedio del sistema como parámetro principal de distribución?, ¿por qué en vez del 75% no utilizar el 70% o el 90% del importe a condonar con el principio de habitante ajustado en la primera fase? La respuesta es sencilla: los resultados serían distintos y los objetivos buscados por el Gobierno no se cumplirían. Como tampoco se cumple el retorno de las comunidades autónomas a financiarse en el mercado, porque a pesar de la quita el nivel de deuda sigue siendo muy alto en las más endeudadas.
Para solucionar un problema conviene identificarlo previamente. La deficiencia más importante es la elevada diferencia entre los recursos de los que disponen las CCAA para abordar políticas de gasto homogéneas. El País Vasco duplica los recursos sobre el promedio de las comunidades de régimen común (3.366,81 euros por habitante ajustado) y Navarra lo supera en un 80%. Una privilegiada posición que lo es aún más cuando se tiene en cuenta que sus déficits en pensiones los paga el resto de España (superior a 5.000 millones de euros en la primera y de 500 millones en la segunda). Una posición inmejorable derivada de la interesada y opaca aplicación de los criterios de cálculo del cupo.
Dentro del régimen común –el resto de las CCAA–, hay una diferencia de 25,7 puntos entre los extremos, con especial perjuicio para Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, situadas muy por debajo del promedio. Es evidente que estas cuatro últimas se encuentran en inferioridad de condiciones para gestionar sus competencias y, por tanto, merecen una solución rápida que ponga fin al maltrato que reciben. Un dato fundamental: los recursos (euros por habitante ajustado) que reciben Cataluña y Madrid están en el promedio, es decir, no sufren infrafinanciación en el sistema de financiación de régimen común.
La deuda (con distribución muy desigual en volumen por territorio, como son desiguales las causas que han motivado su crecimiento) está lejos de ser un problema fundamental y prioritario, entre otros motivos porque las CCAA disponen de un mecanismo (mejorable) para financiar su deuda a precio módico. Es desolador escuchar como argumentos de autoridad que «la quita es una reducción de una hipoteca conservando la casa porque la paga el Gobierno», cuando lo que se hace es cambiar de casilla la deuda y sus intereses, pero, eso sí, con una distribución desequilibrada de los beneficios y los costes entre la población de las CCAA (el saldo neto de deuda aumenta para todas excepto para cuatro). La propuesta, como me dice un amigo, no es que ayude a pagar la hipoteca: es que el resto ahora tenemos que pagar las mensualidades del que irresponsablemente compró la casa más cara.
Si el Gobierno tiene interés en mejorar la situación con un criterio de equidad en el trato, mi sugerencia es utilizar la propuesta realizada por Ángel de la Fuente (Fedea), que plantea una fórmula de reparto de la misma cantidad de dinero compensando, en primer lugar, la infrafinanciación acumulada de las comunidades por debajo del promedio, y distribuyendo después la cantidad restante en proporción a la población ajustada. En comparación con esta propuesta, la del Gobierno beneficia a Cataluña al recibir un 87% más de quita, y perjudica a Valencia, Murcia y Andalucía, que reciben entre un 15 y un 40% menos. Esta fórmula debería complementarse con la imposición de reglas fiscales estrictas de ajuste que garanticen la no aparición de déficits en el futuro.
Un sistema descentralizado (casi federal) como el español debe buscar la eficiencia en el uso de los recursos y tratar de igual forma a quienes realizan esfuerzos similares; es decir, debe estar presidido por la equidad. El Gobierno no presenta una propuesta de reforma de los sistemas de financiación para solucionar (o como mínimo aliviar) la actual desigualdad en la asignación territorial de recursos, y su propuesta de quita de deuda no cumple ninguno de los dos objetivos básicos: incentiva la irresponsabilidad en la gestión al asegurar el perdón cuando acumulas déficits continuados (riesgo moral) y trata de forma desigual a los territorios, en algunos casos perjudicando más a quienes realizaron una gestión más prudente y/o están peor financiados.
Elaborar una propuesta para lograr objetivos espurios es grave. Sin embargo, lo realmente peligroso a medio plazo es la agenda oculta que hay detrás. La quita de deuda puede ser una parte del proceso para aplicar en Cataluña un modelo singular de financiación con las características de un concierto económico similar al de País Vasco y Navarra. Ante la dificultad de aplicarlo de un día para otro, los partidos del Gobierno y sus apoyos en el Parlamento, y fuera de él, han elegido el método de las rodajas (o fascículos). Después de la quita de deuda viene la cesión íntegra del IRPF como preludio del resto de los impuestos, para posteriormente establecer una aportación a los gastos comunes del Estado, modesta y condicionada a la conducta de los territorios receptores. Una aportación que se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el estatus de País Vasco y Navarra, que en la práctica disponen de todos sus ingresos sin aportar casi nada a las políticas comunes y de nivelación nacionales, mientras que el resto de España les paga el déficit de pensiones. Un negocio redondo para ellos y ruinoso para el resto de los españoles.
De completarse las dos primeras fases, será muy difícil revertir el proceso. Se cambiará el modelo de Estado, y el manoseado objetivo federal, en realidad nunca buscado, se convertirá en un modelo confederal asimétrico favorable a tres de los cuatro territorios más ricos, eliminando la posibilidad de redistribuir renta hacia los territorios más pobres. Un cambio radical sin que la gente pueda decidir si ese es el modelo que desea. Parece que algunas personas y organizaciones sociales y políticas consideran esta fórmula como la solución a los problemas históricos de España; lo que callan es el abultado coste para la mayoría de la población española. Debe de ser una nueva interpretación de progresismo.
Miguel Ángel García Díaz es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado de Fedea.