Un cambio en el que podamos creer

Los primeros seis meses de la presidencia de Obama han confirmado lo que yo pensaba de él: es un gobernante profundamente respetable y digno, además de muy inteligente y trabajador. Pero sus políticas actuales también me producen un escéptico desasosiego, porque no estoy seguro de hasta qué punto podrán resolver los graves problemas económicos y sociales a los que se enfrenta Estados Unidos. En el presente artículo me centraré en tres cuestiones principales: la política financiera y económica, la salud del pueblo estadounidense, y la recuperación de las libertades civiles y las normas constitucionales flagrantemente vulneradas durante la etapa 2001-2008, tanto por el segundo presidente Bush como por la estrecha mayoría conservadora del Tribunal Supremo de EE UU.

Por pura y simple necesidad, y con el fin de evitar la parálisis del conjunto de la economía, el Gobierno de Bush, en sus últimas semanas, y el de Obama, desde el principio, destinaron cientos de miles de millones de dólares a programas de rescate del sector financiero. Entre 1980 y 2008, el desmantelamiento de las normas impuestas en la década de 1930 para controlar el comportamiento de ese sector, con frecuencia irresponsable, posibilitó la creación de todo tipo de inversiones “titularizadas”, lingüística y matemáticamente opacas, en virtud de las cuales, banqueros y corredores de Bolsa podían vender a la población nuevos efectos comerciales cuyas características técnicas ni ellos mismos comprendían del todo. Sin embargo, como el vendedor cobra su porcentaje en el momento de la venta y, en la mayoría de los casos, no tiene relación directa con los posibles titulares de contratos divididos y de nueva titularidad, cuando tuvo lugar el crash, los directivos financieros ganaron millones, sin traumatizarse ni verse personalmente afectados por la bancarrota.

Con buen criterio, el Gobierno salvó los bancos y las agencias de inversión, cuyo “tamaño era demasiado grande como para dejarlos caer”. Sin embargo, todavía tiene que imponer controles que impidan que el país tenga que rescatar en el futuro a bancos de esas mismas características. El Gobierno se ha centrado en las necesidades y deseos de los mismos ejecutivos responsables de la gravedad de las quiebras (aun reconociendo que la credulidad financiera de millones de ciudadanos corrientes también tuvo su papel en esta trágica farsa).

Premios Nobel de Economía como Paul Krugman y Alfred Stieglitz, a los que preocupa el conjunto de la población, no sólo las clases medias profesionales y las adineradas, se han remitido al ejemplo del New Deal del presidente Franklin Roosevelt, que mediante obras públicas, electrificación del medio rural, construcción de escuelas y carreteras, programas de reforestación, etc., proporcionó trabajo remunerado e inmediato a los desempleados, creando infraestructuras que contribuyeron enormemente a la prosperidad de Estados Unidos en el medio siglo posterior. Hasta el momento, el presidente Obama prefiere los consejos de otros brillantes economistas como Timothy Geitner y Lawrence Summers, hombres extremadamente capaces, no piratas, pero que claramente creen que su principal labor como garantes de la “recuperación” económica es rescatar, tanto a una industria automovi-lística que ha sido derrotada en una auténtica competencia capitalista por sus rivales japoneses y europeos, como a banqueros en parte ignorantes y en parte codiciosos, y también sus fondos de cobertura.

En lo tocante a la atención sanitaria, el presidente Obama no ha dejado de insistir en que cualquier reforma deberá cubrir a la gran mayoría de los casi 50 millones de personas que carecen de prestaciones en Estados Unidos, reduciendo también unos costes sanitarios siempre en aumento. En este sentido, el principal problema podría ser una convicción muy arraigada en la mayoría de los estadounidenses que han triunfado económicamente: la de que el “sector privado” siempre supera en eficacia al Estado.

Por otra parte, durante la primera mitad del siglo XX, los médicos se consideraban principalmente cuidadores, merecedores de una cómoda posición económica y profesional, pero no empresarios “con ánimo de lucro”. En cambio, hoy cada vez existen más hospitales y clínicas especializadas “con ánimo de lucro”, y sin duda esta transformación psicológica incrementa el coste global de la atención sanitaria, no sólo con el fin de motivar a los médicos, sino por la sencilla razón de que los inversores-propietarios esperan obtener beneficios.

Esas expectativas hacen que la industria farmacéutica, y los conservadores de los dos principales partidos, arremetan contra los horrores del “socialismo”, sin darse cuenta de que las democracias avanzadas de Europa y de Asia tienen una salud mejor que la de Estados Unidos, con sistemas que cuestan más o menos la mitad que el nuestro. Son sistemas que conjugan la cobertura universal que proporciona el Estado con la existencia de mutualidades privadas o cooperativas que ofrecen servicios suplementarios no incluidos, o sometidos a retrasos frecuentes, en los servicios nacionales de salud.

En realidad, ni la cobertura universal ni la reducción sustancial de los costes pueden lograrse sin un sistema de pagador único. Como sabrá cualquier estadounidense perspicaz, las aseguradoras existen en primer lugar para ganar dinero y, en segundo, para abonar una parte de las facturas sanitarias del paciente. En este sector, la “competencia” precisa de un nutrido ejército de burócratas y contables que tramiten los distintos cuestionarios y enumeren los procedimientos permitidos en los numerosos planes que negocian las aseguradoras con instituciones, sindicatos, grandes empresas y particulares. Diferentes economistas calibran que el coste de dicha competencia absorbe entre el 30% y el 50% de las pólizas que abonan los usuarios.

En lo tocante al tercer motivo de preocupación, las libertades civiles, unidas a la transparencia y el rendimiento de cuentas del Gobierno democrático, no puedo evitar la inquietud que me produce la actuación de Obama hasta el momento. Durante la campaña electoral prometió “recuperar nuestra Constitución y el Estado de derecho” después de ocho años de poder presidencial arbitrario y secretista, no sólo en relación con el trato recibido por cientos de presos sospechosos de delitos de terrorismo, sino respecto a la injerencia ilegal en las comunicaciones electrónicas y telefónicas de millones de ciudadanos. Obama mantiene la promesa de cerrar Guantánamo y es perfectamente comprensible que la dificultad de encontrar países dispuestos a aceptar la presencia de muchos de los retenidos en ese centro, garantizando sus derechos humanos, y la negativa de todas las prisiones estatales de EE UU a hacerse cargo de ninguno de ellos hayan planteado dificultades que quizá el presidente no tuviera previstas.

Sin embargo, Obama ha refrendado también varios procedimientos secretos de los años de Bush; ha indicado, sin dar cifras, que podrían seguirse produciendo algunas “entregas extraordinarias”; ha cambiado de opinión en lo tocante a su intención inicial de publicar las fotos de malos tratos carcelarios cometidos por personal militar estadounidense con el aval de los asesores jurídicos de Bush, y, en general, ha venido repitiendo que no es prioritario investigar y castigar los excesos del pasado. Pero es ilusorio suponer que funcionarios sedientos de poder cuyos excesos o flagrantes crímenes no han salido a la luz pública vayan a cambiar su comportamiento futuro.

Prácticamente todas las deficiencias que he mencionado pueden deberse más al poder y la hostilidad de quienes pueden verse perjudicados si la transparencia y el rendimiento de cuentas se recuperan realmente que al propio presidente y sus asesores. En consecuencia, mantengo firme mi apoyo al presidente Obama y espero que tenga ocho años (dos legislaturas) para limpiar los hediondos establos que han dejado tras de sí los múltiples errores y crímenes de los años de George W. Bush.

Sin embargo, hasta ahora, el cambio en el que puedo creer es más un clima de dignidad y de decencia (cualidades muy importantes en sí mismas) que un sólido programa de recuperación democrática e institucional.

Gabriel Jackson, historiador estadounidense. Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.