Un camino a ninguna parte

La presentación de los presupuestos en un Estado de derecho constituye un hecho trascendental de política económica. Debe establecer los objetivos y mostrar la vía para alcanzarlos, reflejando la voluntad inequívoca del Gobierno para impulsar a la sociedad por este camino. Sin embargo, se termina transformando en una serie interminable de números y más números haciendo ininteligibles los principales mensajes.

Cuando comenzó la crisis, el tamaño del sector público ascendía al 37,6% del PIB. Es decir, el gasto público suponía algo más de un tercio de la producción de España. Ahora, seis años después, el tamaño ha aumentado hasta el 47,4%, 10 puntos más, y el gasto público supone ya casi la mitad de la producción. Y además ésta ha caído. ¿Cómo se ha financiado este aumento del gasto? A pesar de las repetidas subidas impositivas, los ingresos apenas suponen el 37% del PIB, 3,3 puntos menos que al inicio de la crisis. Por tanto, todo el incremento del tamaño del sector público se financia con déficit y deuda. Las cuentas son sencillas, unos empleos del 47,4% del PIB menos unos recursos del 36,9% suponen un déficit público del 10,5% del PIB en 2012, el mayor de Europa. La situación es insostenible.

¿Cuál es la solución? No puede ser otra que disminuir el tamaño del sector público mediante un plan de consolidación fiscal plurianual. Esta es la demanda de las instituciones multilaterales al Gobierno español. Los presupuestos para 2014 deberían ser el primer eslabón de dicho plan, que el Gobierno debería explicar en el próximo Ecofin de octubre. Y debería explicarlo detalladamente para ganarse credibilidad. Ello permitiría, simultáneamente, revertir las subidas impositivas para que la recuperación fuera sostenible.

Muy lejos de esto, el Ejecutivo revisa el escenario macroeconómico y afirma que los presupuestos suponen un esfuerzo sostenido para la recuperación. De la revisión del escenario macro destacan dos aspectos. Primero, la evolución del consumo público de 2013 se revisa al alza, desde el -4,4% en abril al -2,3 actual, la mitad. Ello cuestiona la consolidación fiscal en esta partida y también la consecución del objetivo de déficit en 2013. Segundo, se considera que el empleo se va a reducir un exiguo -0,2% en 2014 aunque el PIB sólo crezca el 0,7%. Baste decir que la diferencia entre el crecimiento del PIB y el del empleo es el crecimiento de la productividad. ¿Quiere decir el Gobierno que el crecimiento medio de la productividad en 2014 va a ser sólo el 0,9%? Pues baste con recordar que en 2013 asciende al 2,2%. Aunque el próximo año se redujera a un promedio del 1,8%, el empleo caería el -1,1% y no el -0,2%.

¿En qué se gasta el 47,4% del PIB? El 20,2% en consumo público, es decir sueldos de funcionarios, compras de bienes y servicios y clases pasivas. El 16,4% en prestaciones sociales, fundamentalmente pensiones y prestaciones por desempleo. El 3,0% en intereses, el 1,8% en inversión, el 1,7% en otras transferencias corrientes y subvenciones y el 4,3% en transferencias de capital, que incluyen las ayudas a instituciones financieras. Es decir, sólo seis conceptos. Y dos de ellos, el consumo público y las prestaciones sociales, suponen el 77,1% del gasto público. Lo más lógico y transparente sería analizar el cierre de estas partidas en 2013 y después sus objetivos en 2014.

Respecto al consumo público, en 2014 se congelará el salario de los funcionarios, pero las compras de bienes y servicios y las clases pasivas crecerán el 4,1%. En prestaciones sociales, las pensiones contributivas aumentarán el 5,4% y las prestaciones por desempleo el 10,1%. Los intereses crecerán hasta el 3,3% del PIB. Y la inversión pública se reducirá significativamente. En definitiva, el gasto del Estado aumentará el 2,7%. Pero además, el gasto en pensiones va a seguir aumentando durante los próximos años al ritmo anual del 5,5%, aunque se limite la revalorización de pensiones al 0,25%. Es la consecuencia del efecto sustitución y del incremento del número de pensiones. Por tanto, su peso en el PIB va a seguir aumentando. ¿Va a pasar este hecho desapercibido fuera de España? No parece probable.

En todo caso, estas grandes cifras permiten una valoración de los presupuestos. El PIB nominal crecerá el 2% (0,7% real y 1,3% en precios). Por tanto, el tamaño del sector público seguirá aumentando. Se desconoce la cifra de cierre de 2013. Ello es consecuencia de las medidas one-off que se aplicaron en 2012 (3,7 puntos del PIB de ayudas a instituciones financieras y -1,0 de medidas fiscales transitorias). Pero está claro que, independientemente de cuál sea la cifra de gasto este año, en 2014 aumentará. Y para reducir el tamaño público, el gasto debería crecer menos que el PIB y, en ningún caso, 0,7 puntos más.

¿Y el ahorro público? Los presupuestos deberían tener como objetivo fundamental el aumento del ahorro público, que se situó en 2012 en el -4,4% del PIB y este año acabará en una cifra similar. El ahorro es la diferencia entre los ingresos totales y el gasto corriente. Por tanto, el gasto corriente excede a los ingresos en 4,4 puntos del PIB. Dado que los ingresos crecerán el 2,1% en 2014 y el gasto corriente el 2,7%, resulta previsible que esta brecha aumente. La implicación es muy importante. No se puede entender que la consolidación fiscal reduzca el ahorro público. Ello cuestiona el proceso de consolidación fiscal.

Por tanto, las señales de la política presupuestaria para 2014 son extremadamente preocupantes. El tamaño del sector público, lejos de reducirse, continuará incrementándose. El ahorro público, lejos de aumentar, seguirá siendo muy negativo. Las subidas impositivas, lejos de revertirse, se prolongan un año más. Como consecuencia, el ahorro de las familias, que está en niveles mínimos históricos, difícilmente podrá aumentar. La evidencia disponible señala que las recuperaciones sostenibles se apoyan en el ahorro. Y tanto el público como el de las familias están en mínimos. La vía que señala el Gobierno con los presupuestos para 2014 omite este problema. Es un camino que lleva a ninguna parte.

David Taguas esdirector del Instituto de Macroeconomía y Finanzas de la Universidad Camilo José Cela.

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