Diez años después de la quiebra de Lehman Brothers, hito central de la crisis financiera, nos encontramos con una Europa atravesada por la desigualdad. Las denominadas políticas de austeridad y de reforma estructural y los rescates a la gran banca europea la han llevado hasta cotas históricas, situando la fractura social en el epicentro de la crisis económica y política.
La concentración de la renta y la riqueza, que, conviene no olvidar, estuvo en el origen de la crisis, lejos de disminuir no ha dejado de crecer. Las políticas económicas aplicadas por las instituciones comunitarias y por los gobiernos han producido una masiva transferencia de recursos de abajo arriba. Un botón de muestra del formidable proceso concentrador (datos extraídos del Global Wealth Databook 2017, Credit Suisse). En Europa, en 2017, el 31,8% de la riqueza total pertenecía al 1% de la población adulta; en España el porcentaje capturado por esa minoría de la población era del 25,1%. Si ponemos el foco en los megaricos, los que atesoran un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares, encontramos 468 personas en Europa y 17 en España.
Ante la incapacidad de generar un crecimiento económico suficiente y sostenido en el tiempo, de la crisis emerge un capitalismo esencialmente extractivo y patrimonial. Pero no sólo los costes de la crisis se han repartido de manera asimétrica, en beneficio de las elites. Hemos asistido, en paralelo, a una Gran Transformación. Las instituciones y las políticas redistributivas han sido objeto de una sistemática operación de acoso y derribo, quedando muy mermada tanto su capacidad financiera como su legitimidad.
El proceso concentrador es un cáncer para la economía que urge erradicar. No sólo porque alimenta sin cesar los circuitos financiero-especulativos, detrae recursos de la inversión productiva y el consumo, promueve un sinfín de comportamientos ineficientes y depredadores y recompensa inmerecidamente a los altos ejecutivos de los oligopolios empresariales. También, y esta es una cuestión decisiva, porque el poder económico se traduce —siempre y ahora con especial intensidad— en poder político. Las grandes corporaciones y los grupos de presión que los representan, haciendo valer ese poder, están pervirtiendo y poniendo a su servicio a las instituciones. El resultado de todo ello es que la UE como proyecto representa cada vez más los intereses de las elites económicas y políticas. Un auténtico secuestro de la democracia que tiene en la desigualdad su rostro más visible y amenazador.
Asimismo, los consensos y los equilibrios que garantizaban esas políticas han saltado literalmente por los aires en estos años de crisis, una desafección creciente sobre el modelo de gobernanza neoliberal de la UE que se ha expresado en un creciente voto de protesta hacia opciones autoritarias o de extrema derecha. Ante el “no hay suficiente para todos”, generalizado por las políticas de ajuste presupuestario, la extrema derecha ha fomentado mecanismos de exclusión, que Habermas definía como un “chovinismo del bienestar”, manifestando la tensión latente entre el estatuto de ciudadanía y la identidad nacional. De esta forma, el malestar social y la polarización política se canalizan por su eslabón más débil (el migrante, el extranjero o simplemente el “otro”), eximiendo así a las élites políticas y económicas, responsables reales del expolio.
Para revertir esta situación, es imprescindible situar en la agenda europea la reducción del poder económico y político de los de arriba mediante el reparto del trabajo y de la riqueza como eje central para atajar la desigualdad. Algunos de las actuaciones que se podrían abordar en esa dirección serían: limitar las retribuciones de las elites empresariales, prohibir las puertas giratorias, legislar contra la concentración de la estructura empresarial, reducir el peso de la industria financiera y acabar con las operaciones opacas, regular las transacciones intrafirma de las empresas transnacionales, perseguir el fraude fiscal, introducir mayor progresividad en la estructura tributaria europea, y prohibir los paraísos fiscales.
Estamos convencidos de que avanzar en esta dirección es una de las claves para cerrar el camino a la extrema derecha y a los populismos xenófobos; también, por cierto, a una gran coalición que, para no perder espacios electorales, construye su discurso con los mismos o parecidos argumentos en un peligroso fenómeno conocido como “lepenizacion de los espíritus”. Abordar el desafío de la fractura social en Europa también nos sitúa muy lejos de aquellos que claman por cerrar filas alrededor de un europeísmo vacío de contenido, oligárquico, excluyente y autoritario. Es el momento de abordar el reto de darle la vuelta a Europa, no nos quedan muchas más oportunidades. Aprovechemos la que nos ofrece las próximas elecciones al parlamento europeo.
Miguel Urbán y Fernando Luengo son respectivamente coordinador y miembro de la Secretaría de Europa de Podemos.