En septiembre del año pasado, un informe de Naciones Unidas y el Banco Mundial avisaba del serio peligro de una pandemia que, además de cercenar vidas humanas, destruiría las economías y provocaría un caos social. Llamaba a prepararse para lo peor: una epidemia planetaria de una gripe especialmente letal transmitida por vía respiratoria. Señalaba que un germen patógeno de esas características podía tanto originarse de forma natural como ser diseñado y creado en un laboratorio, a fin de producir un arma biológica. Y hacía un llamamiento a los Estados e instituciones internacionales para que tomaran medidas a fin de conjurar lo que ya se describía como una acechanza cierta. La presidenta del grupo que firmaba el informe, Gro Harlem Brundtland, antigua primera ministra de Noruega y exdirectora de la Organización Mundial de la Salud, denunció que un brote de enfermedad a gran escala era una perspectiva tan alarmante como absolutamente realista y podía encaminarnos hacia el equivalente en el siglo XXI de la “gripe española” de 1918, que mató a cerca de 50 millones de personas. Denunció además que ningún Gobierno estaba preparado para ello, ni había implementado el Reglamento Sanitario Internacional al respecto, aunque todos lo habían aceptado. “No sorprende” —dijo— “que el mundo esté tan mal provisto ante una pandemia de avance rápido transmitida por el aire”.
Los llantos de cocodrilo de tantos gobernantes, en el sentido de que nadie podía haber imaginado una cosa así, no tienen por lo mismo ningún sentido. No solo hubo quienes lo imaginaron: lo previeron, y advirtieron seriamente al respecto. Ha habido sin ninguna duda una negligencia por parte de los diversos ministros de Sanidad y sus jefes, y en Francia tres médicos han presentado ya una querella contra el Gobierno por ese motivo. La consecuencia es que la mayoría de las naciones occidentales están hoy desbordadas en sus capacidades para luchar contra la epidemia. Se ha reaccionado tarde y mal. Faltan camas hospitalarias, falta personal médico, faltan respiradores, y falta también transparencia en la información oficial. En nuestro caso los periodistas tienen incluso que soportar que sus preguntas al poder sean filtradas por el secretario de Comunicación de La Moncloa.
El 24 de febrero la OMS declaró oficialmente la probabilidad de que nos encontráramos ante una pandemia. Pese a ello y a conocer la magnitud de la amenaza, ya hecha realidad con toda crudeza en varios países, apenas se tomaron medidas en la mayoría de los potenciales escenarios de propagación del virus. En nuestro caso se alentó la asistencia a gigantescas manifestaciones, se sugirió durante días la oportunidad de mantener masivas fiestas populares, no se arbitró financiación urgente para la investigación, se minimizó la amenaza por parte de las autoridades, e incluso el funcionario todavía hoy al frente de las recomendaciones científicas osó decir entre sonrisas que no había un riesgo poblacional.
No es momento de abrir un debate sobre el tema, pero es lícito suponer que además de las responsabilidades políticas los ciudadanos, que ofrecen a diario un ejemplo formidable de solidaridad en medio del sufrimiento generalizado, tendrán derecho a demandar reparación legal si hay negligencia culpable. Cunden a este respecto las dudas sobre la constitucionalidad en el ejercicio del estado de alarma. Se han suspendido en la práctica, aunque el decreto no lo establezca así, dos derechos fundamentales, el de libre circulación y el de reunión. No se discute el contenido de las medidas, del todo necesarias, sino la decisión de no declarar el estado de excepción que sí cubriría sin duda alguna dichos extremos, como también la movilización del Ejército. La impresión dominante es que el Gobierno es prisionero en sus decisiones de los pactos con sus socios de Podemos y los independentistas catalanes y vascos. En una palabra, la conveniencia política prima, incluso en ocasiones tan graves como esta, sobre la protección de la ciudadanía.
En descargo de nuestras autoridades puede apelarse por desgracia a parecidos errores cometidos en la Unión Europea, cuyo fracaso institucional, si no despierta a tiempo de la parálisis, amenaza con ser definitivo. La falta de coordinación entre los Gobiernos, la variedad de las decisiones adoptadas, la incapacidad para dar una respuesta global a un problema global, es ultrajante para la ciudadanía. La Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos deberían haber adoptado medidas homogéneas para el conjunto de sus miembros. Europa ya venía fracasando en las políticas sobre emigración o refugiados, y solo se ha mostrado firme y coherente en la exigencia de austeridad que garantice los equilibrios presupuestarios. Dicha austeridad, aplicada con criterios cortoplacistas, está en la base de la escasa inversión en los sistemas de salud, cuyas carencias nos conducen ahora al mayor desequilibrio económico y fiscal imaginable. A medida que se cierran las fronteras y se expulsa a los extranjeros, crece el nacionalismo de viejo cuño, incapaz como es de dar respuesta a problemas planetarios, y en el que se engendran desde hace siglos sangrientos conflictos.
Pero el desorden no es solo europeo. No se han reunido el G20 y el G7, los supuestos amos del mundo; los llamamientos del secretario general de la ONU a proteger a los países más desfavorecidos e inermes ante la amenaza letal no son escuchados; y al presidente de Estados Unidos no se le cae de la boca la acusación a China de ser la responsable de esta catástrofe porque el primer ataque del virus tuvo lugar en Wuhan. Uno de los principales deberes pendientes, cuando la situación se haya estabilizado, será tratar de analizar el verdadero foco del patógeno, y establecer si tiene su origen natural o fue un invento humano. Al fin y al cabo, también la pandemia de 1918 recibió el apelativo de “gripe española” cuando en realidad la transmitieron soldados norteamericanos que habían desembarcado en un puerto francés.
Dure dos semanas o dos meses (más probablemente esto último) la batalla ciudadana contra el virus, lo que se avecina tras la victoria, cuyo precio habrá que contabilizar en vidas humanas antes que en datos económicos, es una convulsión del orden social de magnitudes todavía difíciles de concebir. El poder planetario se va a distribuir de forma distinta de como lo hemos conocido en los últimos 70 años. El nuevo contrato social ya ha comenzado a edificarse además gracias al empleo masivo de la digitalización durante el confinamiento de millones de ciudadanos en todo el orbe. En el nuevo escenario, China no será ya el actor invitado, sino el principal protagonista. La eficacia de sus respuestas en las dos últimas crisis globales, la financiera de 2008 y la pandemia de 2020, le va a permitir liderar el nuevo orden mundial, cuyo principal polo de atención se sitúa ya en Asia. No por casualidad países como Corea del Sur, Singapur y Japón sobresalen en el podio de los triunfadores frente al coronavirus. Este nuevo orden mundial ha de plantear interrogantes severos sobre el futuro de la democracia y el desarrollo del capitalismo. También sobre el significado y ejercicio de los derechos humanos, tan proclamados como pisoteados en todo el orbe. Por mucho que griten los populistas es la hora de los filósofos. Uno de los más respetados en el ámbito del Derecho, el profesor Luigi Ferrajoli, llamaba precisamente desde Roma, apenas días antes de que la ciudad se cerrara al mundo, a levantar un constitucionalismo planetario, “una conciencia general de nuestro común destino que, por ello mismo, requiere también de un sistema común de garantías de nuestros derechos y de nuestra pacífica y solidaria coexistencia”. Palabras que me hubiera gustado escucharan los españoles días atrás en alguno de los mensajes a la nación, tan bienintencionados como poco inspiradores.
Juan Luis Cebrián