Un cliente llamado España

Robert H. Jackson, el acusador en los juicios de Núremberg, afirmaba que nadie tiene tanto control sobre la vida, la libertad y la reputación de los estadounidenses como un fiscal. Un gran jurista español, ya fallecido, el notario D. Gregorio Blanco Rivas, me dijo en una ocasión: los españoles no son conscientes del enorme poder que tiene un juez en España. Las frases son similares, pero cambia el protagonista. En un momento como éste, en que el Gobierno ha de designar a un nuevo fiscal general, por el luctuoso fallecimiento de José Manuel Maza Martín, podemos hacer algunas reflexiones sobre el futuro de la fiscalía en nuestro país.

Hace décadas que se discute acerca de la necesidad de que los fiscales asuman, en la investigación de los delitos, las funciones que hoy corresponden a los jueces de instrucción. Parece un paso lógico. Un juez debería limitarse a decidir si la intrusión en la vida de los ciudadanos que implica una investigación penal está justificada, en cada caso concreto, a la luz de las evidencias que le presentan otros: si es precisa una intervención de comunicaciones, un registro o una medida cautelar, como la prisión. No debería, como hace hoy, ocuparse de dar órdenes a la policía, o de tomar declaraciones a testigos o investigados, o de pedir a un experto que informe sobre una cuestión que exija conocimientos técnicos. Si el juez se ocupa de investigar la realidad de los hechos, ¿cómo evitar que tienda a mimetizarse con la parte que señala a alguien, que busca responsables? ¿Cómo no contaminarse y seguir siendo imparcial? Sin embargo, así es nuestro sistema: un entramado de encargos contradictorios que convierte a los jueces de instrucción en esquizofrénicos profesionales.

Pese a esto, muchos hemos sido reacios a ese cambio histórico que daría un papel más lógico y relevante a los fiscales. No por su preparación, como es obvio. Los fiscales españoles de carrera tienen la misma solvencia profesional que los jueces españoles. Tampoco por los medios, aunque sean tan deficientes. Toda la administración de justicia en España está en un estado calamitoso. No, el problema es legal y de definición.

Los fiscales españoles, pese a la gran cantidad de noticias judiciales de los últimos años, por los casos de corrupción, son grandes desconocidos. Todo lo más, el ciudadano informado conoce al fiscal general del Estado, y casi siempre para mal. La inmensa mayoría de las noticias sobre los fiscales generales han sido negativas. No tanto por sus cualidades o por su labor concreta, sino por su pecado original. Todo lo que hacen se interpreta a través de una lente deformante. Ese pecado no se limpia con las garantías que establecen la Constitución y las leyes que regulan la materia, porque sus obligaciones de imparcialidad y de defensa de la ley se perciben con incredulidad. Nos parece una quimera que sea realmente independiente alguien designado por el Gobierno, normalmente entre personas a las que, por haber ascendido en una carrera en la que hay zonas de discrecionalidad, vamos a tender a ver como poco incómodas para el poder, sean cuales sean sus cualidades profesionales; más aún considerando que esos ascensos se producen dentro de un cuerpo en el que no existen sistemas de valoración objetiva del mérito tras el ingreso.

Sí, un juez tiene mucho poder y puede ser un fanático, un loco, un sujeto lleno de prejuicios, un corrupto. Pero objetivamente los jueces son más independientes que cualquier fiscal. El problema no es la unidad de actuación (pues es razonable que los fiscales se sujeten a criterios similares en su práctica), ni la jerarquía, su consecuencia natural. Ni siquiera lo es ese desiderátum llamado obligación de imparcialidad, en la medida en que el fiscal siempre es parte en un proceso. La imparcialidad es admisible como desiderátum si se piensa que el fiscal es magníficamente parcial porque su cliente es la sociedad. La sociedad tiene interés en que se persigan los delitos, en que se proteja a las víctimas, en que se dé amparo a los débiles, en que se vigile a los jueces. El fiscal se debe a su cliente y por ello puede ser más duro con aquellos presuntamente responsables. La diferencia con el juez es justo esa: el juez no tiene clientes. Ni siquiera la sociedad que le paga el sueldo es cliente del juez. El juez se debe exclusivamente al imperio de la ley. Un buen juez, en ocasiones, dicta sentencias contra la mayoría.

Como digo, el problema para cualquier ciudadano interesado en mejorar nuestro sistema es que resulta fácil pensar -al menos en los casos más peliagudos- que los fiscales se comportarán, a través de esa cadena de obediencia que termina en el fiscal general, como abogados del Gobierno de turno. Y es fácil ver aquellos casos de rebeldía que se han producido en los órganos de poder dentro de la fiscalía como una pelea partidista entre los fiscales de unos y los fiscales de otros.

Sólo hay una manera de evitar el pecado original: independizar la institución. Lo interesante es que algunas de las medidas que habrían de adoptarse, aunque revolucionarias, exigirían pocos cambios legislativos: que el fiscal general del Estado fuera elegido por el Parlamento con una mayoría suficientemente amplia de entre los fiscales en activo con cierta antigüedad, para un plazo amplio, y que sólo pudiera ser removido por el propio Parlamento; el establecimiento de sistemas de autonomía presupuestaria, que impidiera formas indirectas de control político, acompañado de una absoluta transparencia en la ejecución del presupuesto; sistemas de ascenso y promoción basados en méritos medidos objetivamente, y en la elección, en su caso, por medio de órganos internos que representasen realmente a los fiscales en su conjunto; el aumento de la autonomía de los fiscales en el tratamiento de los asuntos específicos, sin perjuicio de las instrucciones generales. La unidad de actuación se protege precisamente fijando reglas generales, no diciendo a cada fiscal qué debe hacer en casos concretos. Bastaría eso y que el Gobierno sólo pudiera instar a la fiscalía a actuar como cualquier ciudadano: mediante la denuncia. Al fin y al cabo, las administraciones públicas cuentan con servicios jurídicos dependientes. El Gobierno, digámoslo así, dejaría de tener un teléfono rojo con el fiscal.

Todas las anteriores medidas son muy difíciles de aplicar, porque implican la renuncia a la forma secular de entender la institución como uno de los brazos de la acción ejecutiva. Pero la administración ya tiene demasiados brazos, demasiado poder.

Solamente así podemos plantearnos, sin un temor justificado, conceder a los fiscales el control de la investigación criminal y de la policía judicial. De controlar la investigación para iniciarla y proseguirla o para ponerle fin.

También dijo Robert H. Jackson que un buen fiscal debería tener las cualidades de un caballero: inclinación por el juego limpio y espíritu deportivo, humildad en el servicio a la ley y búsqueda de la verdad. No pido tanto. Estaría bien, pero basta con un objetivo más próximo y alcanzable. Alguien que sea como cualquier juez medio español. El material humano está disponible. De hecho, con una grisura cotidianamente heroica, pese a todas las limitaciones del sistema, han ido haciendo el trabajo que ha terminado con la condena de tantos que parecían inmunes. Con un pequeño reseteado es posible transformar radicalmente el sistema en la dirección correcta.

Así, las críticas al próximo fiscal general que habrá de sustituir a Maza y los intentos de influir en su labor, inevitables en un país tan sectario como el nuestro, tendrían la misma pinta infame que las que se están haciendo a esos magistrados que están juzgando un caso por violación y a los que, sin existir aún sentencia, se les exige venganza, digo justicia. Al menos, los que no creen en la civilización no tendrían argumentos racionales para sus diatribas tribales.

Tsevan Rabtan es autor de Atlas del bien y del mal (GeoPlaneta, 2017).

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