Ha sido preciso esperar más de 2 años y 120.000 muertos en Siria para que el uso del derecho de veto dejara de paralizar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y para que este organismo se decidiera a tomar una decisión.
Francia otorga una importancia capital al multilateralismo y a su centro neurálgico, la Organización de las Naciones Unidas, que constituye la principal herramienta de regulación política mundial al servicio de la paz y la seguridad. Ahora bien, una parálisis de la ONU durante dos años, con sus dramáticas consecuencias humanas, es inaceptable para la conciencia universal.
Sin duda, la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas que acaba de reunirse ha permitido algunos avances. Hemos llegado a un acuerdo sobre las armas químicas en Siria y abierto la perspectiva de una solución política. El diálogo sobre la cuestión nuclear iraní se ha reanudado. Francia ha participado en estos avances, concretando las condiciones de una resolución aceptable en un caso y respondiendo a la voluntad de diálogo de las autoridades iraníes en el otro. También hemos dado la imprescindible voz de alarma sobre la República Centroafricana, hemos movilizado a la comunidad internacional por la estabilidad y la seguridad del Sahel y hemos trabajado sobre temas multilaterales de largo plazo como el cambio climático.
Todos estos resultados positivos no alteran en absoluto la siguiente realidad: el Consejo de Seguridad mostró su impotencia durante mucho tiempo ante la tragedia siria, bloqueado por el uso del veto. Poblaciones enteras fueron masacradas llegando incluso el régimen al extremo de utilizar armas químicas masivamente contra niños, mujeres y civiles. Para todos aquellos que esperan que la ONU asuma sus responsabilidades con el fin de proteger a las poblaciones, esta situación es condenable.
Francia es favorable a una ONU más representativa —en particular mediante la ampliación del Consejo de Seguridad—, pero aún estamos lejos de alcanzar el acuerdo que permitiría un avance así. Salvo si se acepta una pérdida de legitimidad, debemos aprender de los bloqueos anteriores para evitar este tipo de disfunciones en el futuro.
Para lograrlo, el presidente francés presentó una propuesta a la vez ambiciosa y sencilla ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En lo que se refiere a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, consiste en que ellos mismos restrinjan voluntariamente el derecho de veto. Este cambio se llevaría a cabo sin modificar la Carta y mediante un compromiso mutuo de los miembros permanentes.
Concretamente, cuando el Consejo de Seguridad tenga que pronunciarse sobre un crimen masivo, los miembros permanentes se comprometerían a renunciar a su derecho de veto. Los criterios de aplicación serían sencillos: a petición de 50 Estados miembros como mínimo, se sometería la cuestión al secretario general de la ONU para que se pronunciara sobre la naturaleza del crimen. Una vez que el secretario general haya dado su dictamen, se aplicaría el código de conducta inmediatamente. Para ser realista, este código excluiría los casos en que los intereses vitales nacionales de un miembro permanente del Consejo corriesen peligro.
Soy perfectamente consciente de las objeciones de todo tipo que pueden formularse contra esta propuesta. Y les opongo un sólido argumento: este cambio, que sería sencillo de poner en práctica, permitiría preservar lo esencial: la credibilidad de ese pilar de la paz y la estabilidad que debe ser el Consejo de Seguridad. Por otra parte, reflejaría la voluntad de la comunidad internacional de elevar la protección de la vida humana al rango de prioridad efectiva. Restablecería la primacía del diálogo y de la negociación constructiva.
Evitaría que los propios Estados se convirtieran en prisioneros de sus posiciones de principio.
¿De qué otra solución rápida, sencilla y eficaz disponemos para avanzar? Yo no veo ninguna.
Hoy tenemos una oportunidad a nuestra disposición. Aprovechémosla.
Laurent Fabius es ministro de Asuntos Exteriores de Francia.