Durante siglos, el canon de belleza chino se ajustaba a los deseos del emperador. Éste asistió en cierta ocasión al espectáculo de una bailarina que había vendado sus pies para que adquirieran forma de medialuna. Le gustó tanto lo que vio que, desde entonces, se impuso entre las chinas ese modelo de pies pequeños, con los dedos rizados hacia la planta... Me ahorro describir las torturas a las que eran sometidas las mujeres para alcanzar el summum de la belleza pédica.
He recordado los pies de medialuna de las chinas al oír hablar estos días de una "legislatura de gobierno parlamentario". El reglamento actual del Congreso es la venda que constriñe a los parlamentarios, oprime a la institución y le impide crecer hasta lograr el protagonismo democrático que debe desempeñar.
Sin duda, una de las necesidades más perentorias de regeneración de nuestra democracia pasa por reformarlo. Constituye el corazón de todo régimen democrático y, sin embargo, su débil pulso lo hace incapaz de ser un potente motor que tire del debate, la legislación y el control al Gobierno. El actual Congreso español se rige por un Reglamento antiguo, no reformado en profundidad en más de 30 años, inadecuado en la era de la información. El Congreso es hoy, por encima de todo, un lugar demasiado cómodo para el Gobierno, cuando debería resultar el más incómodo de todos.
Los ciudadanos perciben el mal funcionamiento del Congreso. Por eso, cuando estalló la crisis institucional y política hace un par de años, no fueron a buscar respuestas a una cámara mortecina y tediosa, sino a las tertulias televisivas. Sin embargo, la mayoría de la gente ignora cómo es el día a día del Congreso y por qué funciona mal.
Pondré tres ejemplos de anécdotas que son categoría. Un diputado no tiene información propia: cuando está preparando una intervención o una iniciativa, su principal proveedor de información es el Gobierno (salvo que, con suerte, tenga alguien en su partido que conozca un tema). La institución carece de información propia, por eso la mayor parte de los debates están sesgados hacia el territorio que interesa al Gobierno.
Un diputado no tiene obligación de asistir al Pleno. Mejor dicho, la tiene, pero nadie la controla. Con tal de que asista a la votación, su grupo le dejará tranquilo. Por eso vemos con tanta frecuencia un Pleno semivacío, en el que se celebran demasiados debates simbólicos, que habría que eliminar con valentía, pues sólo acentúan esa política de la identidad tan cara a nuestra tradición.
Al mismo tiempo, un diputado puede deslomarse a trabajar en la ponencia de un proyecto de ley, un trabajo gris que tendrá lugar en su despacho, en reuniones con sectores afectados o diputados de otros grupos. Pues bien, cuando termine, puede encontrarse que los periodistas lo consideran uno de los vagos, pues a lo largo de esos meses sólo ha realizado una intervención pública en comisión, si acaso.
Tercer caso. El primer ministro británico o el danés responden a preguntas parlamentarias, muchas de ellas espontáneas, durante un tiempo que oscila entre 45 minutos y una hora. El presidente del Gobierno español lee unos papeles en 15 minutos y a otra cosa. Además, si tiene mayoría absoluta y aparece implicado en casos de corrupción, le basta con vetar una comisión de investigación, como si el Congreso también fuera suyo.
¿Realmente alguien piensa que con los pies vendados -en estas y otro centenar más de formas que no puedo resumir aquí-, hay alguna posibilidad de que el Congreso tenga un papel relevante en esta legislatura? Para ello habría que cambiar el Reglamento de la Cámara de arriba abajo, aunque sólo con unas cuantas reformas ya notaríamos una sustancial diferencia en la Cámara. Enumero las 10 que considero más urgentes:
1) Que al menos la mitad de las preguntas al presidente sean espontáneas y el resto se puedan registrar hasta la tarde anterior a la sesión de control (no seis días antes como ahora).
2) Que las comparecencias de miembros del Gobierno y la creación de comisiones de investigación no puedan ser vetadas por una mayoría absoluta. Debería bastar con la petición de dos grupos parlamentarios equivalentes a un tercio de los diputados.
3) Que la Comisión de peticiones deje de ser una ventanilla burocrática y se convierta en un verdadero cauce de la participación política y el derecho de petición.
4) Que el Congreso disponga de una oficina -institucional y no partidista- en cada circunscripción electoral, donde los diputados tengan obligación de atender a los ciudadanos una serie de horas semanales.
5) Que se aplique un plan de Parlamento Abierto y Transparencia para informar de todo el trabajo realizado en la Cámara, así como de sueldos y agendas, procedimientos legislativos, etc., todo ello en formatos abiertos y reutilizables. Por el Congreso pasan millones de datos que viven un segundo para caer a las profundidades abisales del Diario de Sesiones. Un buen equipo de programadores y creadores de software podría convertirlos en conocimiento, adaptado a los nuevos formatos y difundido por todos los medios posibles.
6) Que en el procedimiento legislativo el Congreso pueda rechazar proyectos de ley gubernamentales si no cumplen con los requisitos de información, documentación y dictámenes legalmente exigidos. Que cada ley tenga un relator, un diputado individual que se haga responsable con su nombre de toda la tramitación.
7) Que los plazos de las leyes en trámite sean objetivos, razonados y previsibles. Que quede constancia de la llamada huella legislativa.
8) Que se cree una comisión de Asuntos Europeos para canalizar el control democrático de las decisiones tomadas en Bruselas, y que no esté condenada al trabajo administrativo y espeso del control de subsidiariedad.
9) Que se establezca un procedimiento para el nombramiento de los miembros de órganos como el CGPJ o el Consejo de RTVE que garantice el mérito, la audiencia previa con carácter vinculante, y la no repartición de los cargos de acuerdo a afinidades partidistas.
10) Que el Congreso tenga un Servicio de Estudios propio. Además del informe jurídico que proporcionan ahora los letrados, es necesaria una evaluación mucho más amplia sobre las leyes, que incluya sus aspectos económicos, sociales, tecnológicos, éticos...
La última es un capricho personal: que el presidente del Congreso de los Diputados no establezca la hora de conclusión de un debate en función del partido de turno de la Champions. No tengo nada contra el fútbol, sólo es por salvaguardar la dignidad de la Cámara.
Hay muchísimos aspectos más que me resulta imposible comprimir aquí. En cualquier caso, creo que la reforma del Reglamento del Congreso nos va a dar la medida de hasta qué punto van en serio quienes hablan estos días del "gobierno parlamentario". Quien crea en ello, debe empezar por transformar el Congreso.
Si se hace rápido, esta legislatura sí podría acabar resultando un verdadero progreso. No cabe mayor liberación que imaginar a nuestros representantes rompiendo los vendajes que les oprimen los pies.
Irene Lozano es ex diputada y periodista.