En estos días se han conocido las previsiones que sobre la evolución esperada de la economía española en 2020 y 2021 han realizado el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea (UE), el Banco de España (BdE) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). También se ha producido el anuncio de una próxima vacuna que parece eficaz contra la Covid-19. Dos noticias contrapuestas. Las previsiones, aunque esperadas, producen bastante pesimismo pero la otra, la referente a la vacuna, ha provocado una ola de optimismo a la que todos nos unimos con alegría.
El pesimismo se debe a que todas las previsiones comentadas concluyen que la situación de nuestra economía en 2020 será la peor entre las grandes economías de la UE. Concretamente, el FMI nos pronostica un descenso en el PIB del 2020 de un -12,8% en valores reales, la UE del -12,4%, el BdE un máximo del -12,6% y la AIReF también de un máximo del -11,7%. Salvo esta última estimación, las demás se agrupan claramente en torno a un valor medio de caída del PIB del -12,6%. Esas previsiones, las peores para los países avanzados, contrastan fuertemente con los resultados de la economía española entre 2015 y 2019, cuando era la de mayor crecimiento entre las grandes economías europeas. ¿Qué nos ha ocurrido para pasar en apenas un año del primer puesto del ranking del crecimiento al último lugar del mismo? Sin duda la pandemia es la causa más decisiva de la situación actual en España y en todo el planeta. La pandemia no es culpa de nuestro Gobierno ni de otros muchos aunque, según algunos, quizá China tenga algo que decir respecto a su origen. Pero sin contar la pandemia, que es causa común para todos los países, las respuestas para el caso específico de España suelen ser variadas pero casi todas se refieren, en primer lugar, a la estructura sectorial de nuestro PIB, con un fuerte componente de actividades turísticas en sentido amplio –es decir, incluyendo transporte, hoteles, restauración, bares, actividades artísticas y otras similares– y, en segundo término, a la falta de una política para paliar en la industria algunos efectos de la pandemia.
En cuanto a los problemas de nuestra estructura por sectores, España es una primera potencia turística y esa feliz circunstancia nos ha permitido impulsar fuertemente el nivel de vida de los españoles desde mitad de los años 50 del pasado siglo. Por eso no podemos ni debemos renunciar al turismo ni a sus actividades conexas. De ello depende buena parte de nuestro bienestar actual y futuro. De ahí que se hayan echado mucho en falta acciones decididas para proteger a ese amplio sector tan castigado por la pandemia. Era el momento de poner mucha imaginación y bastantes recursos para evitar cierres y abandonos que pudieran resultar irrecuperables en los próximos años. El Estado tendría que haberse implicado fuertemente en esa tarea, como lo han hecho otros países con menos dependencia del turismo que nosotros. Quizá todavía estemos a tiempo de hacer algo positivo.
Lo mismo que para el turismo entendido en sentido amplio, deberíamos haber sido más activos en el apoyo a la industria que ya, año tras año, ha venido perdiendo peso en nuestra estructura productiva y a la que la pandemia también ha afectado seriamente. De nuevo aquí se ha echado en falta una política agresiva del Estado que, cuando resultase indispensable, hubiese llegado incluso a inyectar capital o deuda subordinada en las empresas industriales que lo necesitasen. Esas dotaciones deberían haberse efectuado sin participar directamente en la gestión de tales empresas pero vigilando muy de cerca la aplicación de normas rigurosas de gobernanza, como suelen hacer los fondos de inversión con sus participadas.
Esas políticas nos habrían exigido cuantiosos recursos estatales, recursos han existido en Alemania (1,6% de superávit medio en los tres últimos años y 59,6% de deuda pública) y en otros países de la UE, que han sabido mantener superávits en sus cuentas públicas en periodos de bonanza en lugar de nuestros cuantiosos déficits. A esos países el incurrir ahora en déficits moderados para financiar políticas sectoriales de salvación no les ha representado grandes esfuerzos. En España todo ha ido justo al revés. Con el manido pretexto de los gastos sociales los dos Gabinetes sucesivos del presidente Sánchez mantuvieron una política manirrota desde la segunda mitad de 2018 en que iniciaron su mandato, hasta el segundo trimestre de 2020, cuando ya la pandemia se extendía por todo nuestro país.
No son opiniones personales sino datos concretos. En tal periodo los gastos públicos por trimestres crecieron sobre el mismo trimestre del año anterior a una tasa promedio del 5,1%, mientras que en 2016 y 2017 el crecimiento trimestral indicado había sido tan solo del 1,2%. Es decir, la tasa promedio trimestral de crecimiento del gasto público se multiplicó por 4,3 veces desde el inicio del primer mandato de Sánchez y hasta la eclosión de la pandemia en abril de 2020. Esa forma de conducir las finanzas públicas nos llevó a un déficit del -3,5% del PIB en el primer trimestre de este año y a un nivel de deuda pública del 110,2 % de esa magnitud en el segundo trimestre, pese a que hasta la pandemia los ingresos habían venido aumentando a ritmos razonables impulsados por el alto crecimiento que mantenía nuestra economía. Gastamos más de lo que nos permitían nuestros ingresos, dejándonos sin margen ni liquidez para actuar cuando más necesarias eran esas actuaciones, con el añadido de que los ingresos públicos han entrado ahora en caída libre por la fuerte reducción del PIB. Quedamos, como casi siempre pero esta vez de forma más intensa, en las poderosas manos del BCE para que absorba nuestras emisiones de deuda, sin recursos para instrumentar las políticas necesarias y a la espera de los regalos de Europa en forma de ayudas a fondo perdido. Una grave situación, porque nuestra capacidad financiera para aplicar las políticas necesarias se encuentra totalmente limitada.
Lo peor, sin embargo, es que los errores de antes continuarán en el futuro. Sin referirnos directamente al exceso de gastos públicos previsto en el proyecto de Presupuestos, pues la UE ha suspendido la regla de déficit excesivo para facilitar la lucha contra la pandemia, la política fiscal incluida en ese proyecto no ha encontrado mejor salida para nuestros déficits que la de subir impuestos en el epicentro de la crisis. Por cierto, la UE estima nuestro déficit para 2020 en un 12,2% del PIB, por encima del histórico déficit de Zapatero (11% del PIB). Subir impuestos en plena crisis es política que ha frenado el crecimiento del PIB y aumentado el desempleo cuando se ha utilizado en otros países. Es lo que puede ocurrir ahora en España con estos Presupuestos. Otro grave error de nuestro Gobierno.
Veremos en que termina esta historia, de la que solo saldremos gracias a una vacuna eficaz, aunque nuestra salvación por la vacuna se limite al ámbito sanitario. Por lo pronto, la UE nos avisa de fallos bien visibles del proyecto de Presupuestos. También de que las impresionantes transferencias a fondo perdido que se nos han prometido no serán nunca incondicionadas, lo que significa que solo podrán utilizarse para financiar proyectos que pasen las rigurosas reglas impuestas por los países de la Unión más defensores de la ortodoxia financiera. Además, esos fondos no estarán disponibles tan de inmediato como necesitamos porque, entre otras casi infinitas complicaciones, los nuevos conflictos con Polonia y Hungría añadirán retrasos a su puesta en marcha. Tampoco en otras ocasiones nuestros Gobiernos se han caracterizado por su capacidad para elaborar proyectos complejos de gasto para utilizar a tope los fondos comunitarios de que hemos dispuesto.
Gastar bien es tarea difícil porque exige de proyectos oportunos y bien estructurados, de su buena gestión y de un control riguroso de su desarrollo, sin olvidar tampoco los gastos recurrentes que, a futuro, puedan generar esos proyectos. Por eso quedan muchas dudas sobre el importe final de los regalos de Bruselas, en los que tanto se confía. Malas perspectivas de futuro.
Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública.